La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP acreditó a 104 hombres como víctimas de estos crímenes, cometidos entre 1998 y 2009 en los departamentos de Bolívar, Magdalena y Córdoba, en hechos perpetrados principalmente por grupos paramilitares y, en algunos casos, con la posible tolerancia de integrantes de la fuerza pública.De ellos, 35 eran niños cuando ocurrieron las agresiones. Tenían entre cinco y 18 años y fueron sometidos a abusos sexuales que, lejos de ser actos aislados, hicieron parte de estrategias de castigo, humillación y control utilizadas por actores armados para imponer poder y dominar territorios.Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Foto:CortesíaEl reconocimiento no solo amplía la comprensión de lo que ocurrió, sino que rompe un silencio profundo y doloroso. Durante años, muchas de estas víctimas callaron por miedo, vergüenza y estigmatización.En los pocos casos en que se atrevieron a denunciar, la mayoría solo reportó desplazamientos forzados y otras violencias, omitiendo los abusos sexuales sufridos.Los relatos entregados a la JEP revelan cómo los grupos armados actuaban de forma coordinada, ejecutando órdenes de ganaderos y controlando rutas estratégicas, con la aparente complicidad de miembros de la Infantería de Marina y de la Policía Nacional. Uno de los periodos más críticos fue el año 2000, cuando se cometieron al menos 50 de los crímenes documentados.Magistrado Óscar Parra. Foto:JepEl magistrado Óscar Parra, relator del Subcaso 02 del Caso 11 y correlator del Subcaso Gran Magdalena del Caso 08, destacó que este avance no habría sido posible sin la valentía de los hombres que decidieron contar sus historias. Para la JEP, reconocerlos como víctimas marca un hito legal y social, pues visibiliza una de las formas más silenciadas de violencia basada en género: la ejercida contra hombres, adolescentes y niños, en su mayoría identificados como heterosexuales y cisgénero. La violencia sexual, explica la Sala, fue utilizada de manera estratégica para despojar a las víctimas de atributos socialmente asociados con la masculinidad, generando daños físicos, psicológicos y sociales profundos.La decisión también refuerza que el análisis de la violencia sexual en el conflicto debe ser inclusivo y diferencial. La JEP subraya que la comprensión de estas agresiones no puede limitarse a categorías tradicionales: es necesario reconocer que las experiencias de las víctimas están atravesadas por factores como el género, la edad, la orientación sexual, la identidad de género y la etnicidad. En este sentido, la acreditación de hombres y niños como víctimas no solo amplía los enfoques de género en la justicia transicional, sino que contribuye a derribar barreras históricas que han invisibilizado estas violencias.En palabras de la magistratura, lo que hicieron estas 104 víctimas al alzar la voz, pese a los años de silencio y estigmatización, no solo es un acto de resistencia personal, sino también una contribución invaluable para el país: permite reconstruir la memoria, garantizar el reconocimiento y reafirmar el compromiso con la no repetición.Juan Diego TorresDielas@eltiempo.com