Peña Nieto y Pegasus: nuevas revelaciones confirman investigaciones periodísticas y falta de acción por parte del Estado

Luis Fernando García, fundador de R3D, y Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, analizaron en Aristegui En Vivo la nueva información publicada por el medio israelí The Marker, que señala que empresarios israelíes habrían entregado 25 millones de dólares al expresidente Enrique Peña Nieto para asegurar contratos de venta del software espía Pegasus durante su gobierno.García consideró que hay varios aspectos de lo publicado que resultan sumamente relevantes y destacó que “se hacen sugerencias de que los contratos estuvieron mediados por potenciales sobornos al presidente Peña Nieto”.Indicó que esta información debería haber sido investigada desde hace tiempo, pero “ha habido muchas resistencias tanto durante el gobierno de Peña Nieto como el gobierno anterior y hasta en el actual para llevar a cabo una investigación diligente”.Señaló que los documentos revelan posibles mecanismos de lavado de dinero a través de donativos a empresas u organizaciones israelíes. Además, destacó que se mencionan cuentas en Estados Unidos que podrían haber sido utilizadas para mover fondos, lo cual “potencialmente podría abrir la posibilidad de investigaciones en los Estados Unidos”.Asimismo, recordó que en ocasiones anteriores ya se ha discutido públicamente cómo figuras como Tomás Zerón o Jesús Murillo Karam recomendaron la contratación con las empresas vinculadas a Pegasus.“Sigue siendo información vigente. Si no es la justicia mexicana la que termine por esclarecer el asunto, no podemos decir que esté esclarecido de ninguna manera”, afirmó.El fundador de R3D sostuvo que incluso durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se continuó con la contratación de estas herramientas de espionaje por parte del Ejército.“Una de las empresas de este mismo conglomerado, Comercializadora Antsua, también habría sido utilizada para la adquisición de licencias de Pegasus ya en el gobierno de López Obrador”, aseguró. Agregó que esa tecnología fue usada para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y funcionarios públicos.Finalmente, García subrayó que “las investigaciones informales que hemos hecho medios, organizaciones no gubernamentales e investigadores independientes han sido las que más han revelado”, y lamentó que instituciones con mayores recursos como la Unidad de Inteligencia Financiera no hayan actuado con mayor contundencia.Por su parte, Leopoldo Maldonado afirmó que esta nueva información “es un elemento importante de un cúmulo de pruebas que se han ido recabando a través de investigaciones periodísticas y de organizaciones de la sociedad civil”.Señaló que lo revelado en el arbitraje entre los empresarios israelíes se vincula directamente con lo declarado por el testigo protegido identificado como “Zeus”, quien desde 2019 ha colaborado en una de las carpetas de investigación.Maldonado explicó que Zeus testificó ante una autoridad judicial en 2023 sobre la participación de la red de empresas KBH y su vínculo con altos funcionarios mexicanos. Detalló que el operador técnico de esta red, Juan Carlos Rivera, es la única persona acusada formalmente hasta el momento, y no era funcionario público.De acuerdo con Maldonado, el testimonio de Zeus demuestra que los intermediarios en México “hacían trabajo sucio para altos funcionarios del gobierno mexicano”. Añadió que la misma fuente corroboró el espionaje cometido contra un integrante del gobierno de Peña Nieto, el doctor Manuel Mondragón.Sobre la actuación de las autoridades mexicanas, el director de Artículo 19 señaló que el sistema de justicia del Estado mexicano no ha sido capaz de procesar debidamente ni el mal uso de Pegasus ni la corrupción en su adquisición. Afirmó que las investigaciones no han llegado a altos niveles de responsabilidad, ni siquiera en el caso de las denuncias interpuestas por las víctimas del espionaje durante el actual gobierno.En este contexto, criticó la reciente aprobación de reformas conocidas como “leyes espía”, al considerar que el Estado no ha demostrado tener voluntad para investigar los abusos del pasado.