En un documento de 453 páginas que acaban de entregar a la JEP -al que tuvo acceso EL TIEMPO- Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, y los otros máximos jefes de las antiguas Farc reconocieron su condición de máximos responsables en los delitos de reclutamiento forzado de niñas y niños y en otros crímenes derivados, como la violencia sexual intrafilas, los abortos forzados y los tratos crueles e inhumanos.Según los ex Farc, los que llama “errores cometidos en el marco del conflicto armado” (…) no pueden volver a repetirse jamás en nuestro país.La JEP lleva la cuenta de más de 18.000 víctimas en el macrocaso 07. Foto:Juan Carlos Escobar“Hoy tenemos el valor de asumir la responsabilidad por las afectaciones que, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado sufrieron los menores que hicieron parte de filas (…) La incorporación de menores fue un error profundo en el marco del Derecho Internacional Humanitario, un error que marcó vidas enteras y que rompió familias”, dice el documento firmado por seis miembros del antiguo secretariado.El pleno reconocimiento de los graves crímenes cometidos es una de las condiciones impuestas por el Acuerdo de La Habana para que los victimarios reciban penas alternativas. Por ello, los términos de la que podría equivaler a una aceptación de cargos de las Farc fueron recibidos con malestar por organizaciones como Rosa Blanca y también en instancias de la justicia transicional.La relativización de la gravedad de los crímenesEn efecto, la mayor parte del documento está dedicada a cuestionar las conclusiones de la JEP y a relativizar el peso de los crímenes de guerra cometidos en contra de los al menos 18.677 de niños y niñas reclutados ilegalmente en más de 50 años de guerra.Se quejan de supuestos “sesgos” en contra de las Farc porque la JEP asume como ciertas las declaraciones de víctimas y cuestionan que “tampoco analiza la posibilidad de que las violencias referidas, por ejemplo contra las familias de las víctimas, fueran realmente de esa manera (…) como pueden ser por vínculos con paramilitares, informantes del Ejército, entre otras, que convierten a los civiles en actores activos del conflicto armado”.El auto de imputación de reclutamiento y violencia sexual intrafilas reunió más de 1.000 testimonios Foto:JEPLos máximos responsables de las Farc sostienen que al cuestionar los alcances del crimen de reclutamiento de menores, la JEP “omite testimonios también de víctimas que dicen haber ingresado a las Farc EP como medida de autoprotección”.“La ausencia de contrastación rigurosa, el uso selectivo y descontextualizado de las fuentes, y la omisión de variables explicativas relevantes debilitan el fundamento probatorio de los patrones definidos”, afirman.Y agregan que no está demostrado “de forma suficiente” la existencia de órdenes, planificación o directrices específicas dirigidas a reclutar menores de edad, ni que los mil testimonios que reunió la JEP en el auto de imputación fuera una muestra representativa.Uno de los capítulos más polémicos del documento tiene que ver con los delitos de planificación y aborto forzados a los que fueron sometidas miles de combatientes, muchas de ellas reclutadas cuando eran niñas. Sus antiguos comandantes sostienen que estos métodos se justificaban para “evitar que un niño o niña se criara en medio de la guerra, tanto por las implicaciones en el desarrollo infantil, como por la incompatibilidad en estas dinámicas con la crianza y atención de las necesidades básicas del bebé”.Se escudaban en “evitar exponer a la madre gestante a mayores riesgos y situaciones de estrés, pues esto tiene implicaciones en el desarrollo del feto, aumenta el riesgo de un nacimiento prematuro y de un bajo peso al nacer, así como problemas de conducta de los hijos e hijas”, y “garantizar o preservar la seguridad individual y colectiva, debido a que cuando las mujeres salían a las cabeceras municipales o ciudades a tener a sus hijos e hijas eran capturadas, amenazadas, perseguidas”.El auto de imputación por reclutamiento en contra del exsecretariado es el número 13 de este tipo Foto:JEPEn el caso de los aberrantes abusos sexuales a los menores de edad reclutados, las Farc recalcan en que no fue una política de la organización y que, así como ocurrió en sus filas, también fue perpetrada por otros actores del conflicto como consecuencia casi que esperada de la guerra.Desvirtuaron los testimonios de los desnudos forzosos y aseguraron que “el hecho de bañarse de manera colectiva no tuvo ninguna intención ni motivación sexual, sino que estuvo asociado a mecanismos para garantizar la seguridad de la tropa”. Pese a que muchos de los y las combatientes eran menores de edad.En el caso de las violaciones, ripostó jurídicamente a la JEP, alegando que “no basta la minoría de edad para configurarse este delito, si no se acredita el elemento contextual, subjetivo y estructural requerido”. Y, entre otras pruebas, anexaron fotos de un hospital clandestino que funcionaba en El Catatumbo y que, según su versión, “garantizaba la atención médica” de partos y otros procedimientos.Un capítulo está dedicado a los ‘descargos’ de cada uno de los comparecientes del secretariado: Julián Gallo, Pastor Alape, Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel y Pablo Catatumbo. Los ex Farc detallan su nivel de responsabilidad y las acciones restaurativas que en el marco del proceso en la justicia transicional. Por ejemplo, Rodrigo Londoño, hoy el líder principal del exsecretario, reconoció el reclutamiento, no como una directriz, sino como una política de facto; sin embargo, no lo hizo con la tortura, esclavitud y violencia sexual hacia combatientes LGBTQ+, uno de los delitos imputados por la JEP.Álvaro Uribe comparece en juicio clave Foto:“Reconozco que el reclutamiento de menores de 15 años se configuró como una práctica de facto dentro de las extintas FARC-EP (…) y obedeció a una falta de control efectivo”.“No me es posible reconocer los crímenes de tortura, esclavitud sexual ni el crimen de guerra de cualquier otra forma de violencia sexual por el patrón de violencias por prejuicio sufridas por niños y niñas con OSIEGD reclutados”, dijo el excomandante guerrillero.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia