Crecen voces de rechazo a la respuesta en un documento de 473 páginas que enviaron seis exjefes del último secretariado de las extintas Farc al auto de imputación sobre reclutamiento de menores de edad y violencia sexual intrafilas que había emitido la JEP.Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, y los otros máximos jefes de las antiguas Farc reconocieron su condición de máximos responsables en los delitos de reclutamiento forzado de niñas y niños y en otros crímenes derivados, como la violencia sexual intrafilas, los abortos forzados y los tratos crueles e inhumanos.Sin embargo, quedó en vilo el reconocimiento pleno. En el documento, justificaron algunos de estos patrones en argumentos como “algunos niños reclutados huían de la violencia intrafamiliar”, o “los abortos y la planificación forzada evitaban traer niños a la guerra o exponer a la madre gestante a un riesgo táctico”. En entrevista con EL TIEMPO, Sebastián Velásquez, representante de la Federación Colombiana de Víctimas, señaló el documento como jurídicamente inaceptable, que diluye la responsabilidad de los exjefes guerrilleros en los crímenes perpetrados a lo largo de 50 años de conflicto.Víctimas de las extintas Farc Foto:JEP.¿Cómo tomaron las víctimas esa respuesta que allegaron los excabecillas de las Farc?No hay un reconocimiento auténtico, sino ambigüedad. En la representación judicial que llevamos en el macrocaso 07, tenemos víctimas individuales acreditadas que, hasta el momento, nos han manifestado una absoluta indignación. Están indignadas porque no hay un reconocimiento real. La narrativa de las Farc justifica los hechos con explicaciones políticas, cuando se trata de un crimen que no tiene motivación ideológica. Fue una práctica de terror contra colombianos y colombianas indefensas en el marco de la guerra que adelantaban.Las víctimas, principalmente mujeres, fueron reclutadas cuando eran niñas y hoy en día siguen siendo perseguidas, ¿cuál es la situación de quienes agrupan la fundación que usted representa?Se siguen presentando amenazas, hostigamientos y estigmatización por parte de los señores comparecientes. En este último caso, hemos solicitado al despacho de la magistrada Lily Andrea Rueda Guzmán que se vincule a la actual senadora Sandra Ramírez, con base en denuncias directas de víctimas en este macrocaso. En el caso de Daisy Guanuaro Chavita, a quien representamos, ella está testificando en contra de esta señora que perteneció a las Farc y que hoy ocupa una curul en el Congreso.Exjefes de las Farc. Foto:JEP.¿Qué ha pasado con ese caso?Hay máximos responsables que aún no han sido vinculados al caso, y lo que hemos sentido en este tiempo que llevamos en el proceso es, prácticamente, una persecución contra quienes ejercemos la representación judicial.Uno de los caminos que estudia la JEP es correrle traslado de esta respuesta a las víctimas para que sean quienes decidan si se sienten reparadas o no, ¿ustedes rechazarían hoy ese documento?Sí, haríamos un rechazo de plano, porque lo que pretenden es mitigar la gravedad de los crímenes y presentarlos como políticamente justificables. En aras del proceso, tenemos el derecho a manifestarnos, a hacer comentarios, a oponernos y a rechazar de manera absoluta este documento que los señores de las Farc radicaron ante el despacho.En el documento se esgrimen justificaciones improcedentes, como que los menores de edad reclutados huían de violencias en sus hogares, o que el aborto y la planificación forzada buscaban proteger a la madre gestante y al futuro niño que nacería en medio de la guerra. ¿Qué le han dicho las víctimas sobre estas realidades que hoy las Farc pretenden camuflar?Aunque en sus propias directivas señalaban que el reclutamiento debía hacerse con mayores de 15 años, la mayoría de los casos fue forzada y con menores mucho más jóvenes. Hay testimonios de víctimas que aseguran haber sido reclutadas desde los 11 años y que desde entonces fueron víctimas de violencia sexual. A estos niños y niñas también se les practicaron abortos sin su consentimiento, de forma sistemática, y en los casos más extremos, se llegó a asesinar y fusilar menores por su orientación sexual. No se trató de errores en medio del conflicto, sino de una estrategia para infundir terror: desobedecer las órdenes del grupo armado podía costarles la vida. Todo esto pone en cuestión la centralidad de las víctimas, que debería ser el eje de esta jurisdicción.Reclutamiento forzado de menores aumentó un 60% Foto:César Melgarejo / EL TIEMPO.En el documento sí hacen un’ mea culpa’, pero califican el reclutamiento forzado y la violencia sexual no como crímenes, sino como errores que sucedieron en el marco del conflicto y que no pueden volver a repetirse. ¿Qué esperan las víctimas en materia de verdad?Los cuatro pilares de esta jurisdicción son la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. En la ley estatutaria —donde se establece el régimen de condicionalidad— se fijan los compromisos que deben cumplir quienes ya gozan de beneficios anticipados, como el ejercicio de sus derechos políticos. Esa verdad, además, no puede ser superficial: debe tener el carácter de plena, exhaustiva y detallada. No basta con un comunicado de prensa cuyo titular sea el reconocimiento de un hecho.Si las víctimas consideran que no hay un reconocimiento pleno, y la Sala comparte esa valoración, el caso pasaría a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) que podría presentar una acusación formal. Si los exjefes son vencidos en juicio, se exponen a penas de hasta 20 años de prisión…Estamos listos para ir a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) y enfrentar un juicio adversarial, porque no se compadece que, tras tanta espera, lo único que reciban las víctimas sea un reconocimiento no auténtico y lleno de ambigüedades. Por eso, como representantes judiciales de las víctimas, los esperamos en ese escenario.Redacción Justicia