Este jueves 14 de agosto está programada la audiencia de reformulación de acusación contra el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien enfrentaba una acusación en la Corte Suprema de Justicia por tráfico de influencias, relacionado con dos hechos del carrusel de la contratación ocurridos entre 2008 y 2009, durante la alcaldía de Samuel Moreno, en Bogotá.En el inicio del juicio, el fiscal delegado, quien había presentado ante el alto tribunal una imputación debidamente documentada, solicitó la nulidad parcial de la acusación, eliminar el delito continuado y precluir el primero de los dos hechos investigados.Este se refiere a una supuesta reunión, en 2008, entre Sanguino, el entonces alcalde Samuel Moreno y el secretario de Salud, Héctor Zambrano, en la que se habría pactado el nombramiento de Liliana Paternina como gerente del Hospital de Usme.La prescripción se configuró porque el presunto delito ocurrió en junio de 2008 y la imputación solo se dio en octubre de 2024. Como la pena máxima para el delito de tráfico de influencias es de 12 años, para julio de 2024 la acción penal ya estaba prescrita.Aunque la defensa del ministro había solicitado la nulidad del caso por, entre otras razones, una violación al debido proceso e inconsistencias en el material probatorio, el despacho del magistrado Jorge Emilio Vera negó el recurso y decidió mantener activo el proceso por el segundo hecho investigado, que se habría cometido entre enero y noviembre de 2009.”Una vez esta decisión quede en firme, se ordenará el archivo definitivo de las diligencias por el delito de tráfico de influencias en relación con los hechos de 2008. Sin embargo, como el juicio continúa por el episodio de 2009 —también calificado por la Fiscalía como tráfico de influencias—, el proceso deberá seguir en la etapa en la que se encuentra: la audiencia de formulación de acusación”, explicó la Corte.Este hecho está relacionado con las presuntas injerencias indebidas de Sanguino sobre Paternina para adjudicar un millonario contrato de obras y dotación del Hospital de Usme a una empresa controlada por Héctor Julio Gómez González, señalado como uno de los cerebros del ‘carrusel de la contratación’, junto con el también condenado Emilio Tapia. A cambio, el ahora ministro habría esperado recibir una ‘tajada’ del 10 por ciento.Como hasta ahora, antes de la audiencia de reformulación de la acusación, se mantiene el mismo delito, tráfico de influencias, aplicaría la misma ecuación que en el primer evento: doce años de pena máxima contabilizados desde que se configuró el delito.Con estas cuentas, la prescripción empezaría a aplicarse desde enero del próximo año, por lo que, en la práctica, quedarían cinco meses para concluir la fase de juicio.Sin embargo, como por un error de la Fiscalía el proceso se devolvió a una etapa preliminar, existe la posibilidad de que el ente acusador varíe la tipificación del delito imputado a Sanguino por la conducta de 2009 y, en lugar de tráfico de influencias, lo acuse de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho o concusión.Dado que estos delitos contemplan variaciones en la pena, lo que modificaría el plazo de prescripción, EL TIEMPO conoció por fuentes de la Fiscalía que se esperará a la primera audiencia de reformulación para decidir si, como en el caso del expresidente Álvaro Uribe, condenado a 12 años de prisión domiciliaria, se otorga al expediente una priorización especial que permita tomar una decisión antes del vencimiento de términos.Sara Valentina Quevedo Delgado y Carlos López Redacción Justicia