Con corte a julio, las poco más de 3.600 hectáreas de coca erradicadas representan apenas el 12 por ciento de la meta fijada para este año.Colombia está lejos de las 30.000 hectáreas, el objetivo trazado luego del fracaso de 2024, cuando se registró la cifra más baja de la última década. Por eso, según fuentes de la embajada estadounidense, el 15 de septiembre será el ‘Día D’ para saber si el país es descertificado y entra en la lista negra de Estados que no hicieron lo suficiente contra el narcotráfico.Un mes después, en octubre, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) publicará la cifra anual de producción potencial de clorhidrato de cocaína, que todos los años ha crecido rompiendo su propio récord. Este nuevo informe, que recoge el comportamiento de los cultivos y la productividad de las matas durante el 2024, apuntaría a esta tendencia.Ocupando históricamente el deshonroso primer lugar en el ranking mundial de producción de cocaína, en Colombia el narcotráfico se erige como el principal motor del conflicto, que se ha agudizado en los últimos tres años.Erradicación de coca. Foto:Foto:Raúl Arboleda- AFPSegún datos del Ministerio de Defensa, en 2022 se registraron 742 actos de terrorismo, mientras que el año pasado la cifra llegó a 1.126. Solo en los primeros siete meses de 2025 ya se cuentan 728 acciones criminales, casi en su totalidad focalizadas en los enclaves cocaleros.El último informe de la ONU arrojó que la mitad de las 2.664 toneladas de cocaína que se produjeron en 2023 fueron sembradas solo en el 14 por ciento del territorio. Los cuatro departamentos con mayor número de hectáreas fueron Norte de Santander, Cauca, Nariño y Putumayo.En el primero, en la subregión del Catatumbo, donde hay más de 43.000 hectáreas de matas de coca, en enero estalló la peor emergencia de orden público registrada en décadas. Más de 60.000 personas fueron desplazadas por la escalada de los enfrentamientos entre el Eln y el ‘frente 33’ de las disidencias de las Farc, en una zona fronteriza que ha tenido teflón al control de la Fuerza Pública.Laboratorio de coca. Foto:Salud Hernandez/El TiempoEn Cauca, la cifra llega a 31.000 hectáreas. Solo El Tambo concentra más de 9.000. Y, según inteligencia de la Fuerza Pública, el último atentado en Cali con un camión bomba fue en retaliación a una de las mayores incautaciones de municiones en el cañón del Micay, así como a los golpes operacionales contra las disidencias de ‘Mordisco’, el amo del negocio criminal en el suroccidente del país.A esta relación ineludible entre narcotráfico y guerra se suman más rentas ilícitas como la minería ilegal, que impera en departamentos como Antioquia, bajo el control del ‘clan del Golfo’, y hasta el tráfico de migrantes en regiones como Urabá y Norte de Santander.Según el último Informe Mundial de Drogas de la ONU, solo en coca Colombia movió entre 5 y 10,4 billones de pesos entre el 2015 y el 2019, flujo de caja que va directo a los bolsillos de los narcos que comandan las estructuras ilegales, y que en los municipios donde tienen influencia pueden permear hasta el 40 por ciento de la economía lícita.Tanquetas del Ejército, en medio de las montañas del Micay con coca. Foto:Juan Pablo Rueda, enviado especial de EL TIEMPOLas rutas de los narcosSacar esta cantidad de toneladas para abastecer el 67 por ciento del mercado mundial de la cocaína ha enfrentado a estas estructuras por el control de corredores estratégicos. Disputas que dejan en medio a la población civil.EL TIEMPO tuvo acceso a información de inteligencia que señala esos puntos estratégicos para estos fines criminales. En el Caribe, por ejemplo, los puertos de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta han sido utilizados para embarcar las panelas blancas rumbo hacia países como la República Dominicana, México, Venezuela y Estados Unidos.“A esta lista se suman destinos en Europa y África, incluyendo Marruecos, Italia, España y Albania. La expansión también ha alcanzado Asia y Australia, así como Canadá y Panamá”, se lee en uno de los documentos analizados.La Guajira, por su proximidad a Venezuela, es un paso crítico en la ruta del Norte. Dibulla y Riohacha fueron el foco de la última alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, pues por este negocio criminal se están disputando las ‘Autodefensas de la Sierra Nevada’ y el ‘clan del Golfo’.Cocaína incautada. Foto:Policía nacionalLas incautaciones, tarea en la que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha obtenido los mejores resultados con casi 900 toneladas decomisadas el año pasado y 600 hasta julio de 2025, arrojan pistas de estas rutas ilegales.De acuerdo con datos de la Armada Nacional, en lo corrido de 2025 en aguas del Caribe han sido confiscadas 134,8 toneladas de cocaína y 21,3 toneladas de marihuana. La primera proviene de enclaves de producción en Catatumbo y sur de Bolívar, mientras que la segunda se moviliza principalmente desde Cauca.“La frontera con Venezuela, en toda su extensión, se mantiene activa en el tráfico terrestre de cargamentos ilegales, donde pequeñas y medianas rutas complementan los grandes corredores establecidos”, dijo una fuente judicial a este diario.Las jugosas rentas del narcotráfico, que multiplican el precio de cada kilo hasta 30 veces en países como Estados Unidos —donde alcanza los 32.000 dólares— o en Europa —donde ronda los 60.000—, son la turbina que mantiene la continuidad del negocio criminal. Una fuente del sector de defensa afirmó que “la rentabilidad del negocio, sumada a la alta demanda en mercados internacionales, alimenta la cadena criminal y perpetúa el ciclo de violencia”.Decomiso de cocaína en San Andrés. Foto:Armada NacionalEn el otro extremo, en la costa Pacífica, Buenaventura y San Andrés de Tumaco se han consolidado como salidas clave de cargamentos. Desde estos municipios se cargan contenedores, embarcaciones menores o semisumergibles que transportan drogas a través del Pacífico en rutas que conectan con mercados internacionales. Sin embargo, la presión sobre estos puertos ha llevado a las organizaciones criminales a diversificar sus trayectos y a establecer puntos alternos.Así, en zonas remotas del país se han habilitado pistas clandestinas de aterrizaje para cargar y descargar aeronaves ligeras que transportan cocaína, marihuana y otros estupefacientes. “Estas pistas se encuentran en medio de la selva, lejos de la vigilancia oficial, y permiten a las redes criminales evadir controles aéreos”, señaló el informante, quien resaltó que recientemente se han detectado en Nariño y Catatumbo.La dependencia con las economías lícitas representa uno de los principales desafíos de la política antidrogas, que se bate entre la mano dura de la erradicación (en lo que el Gobierno se ha rajado) y los beneficios de los programas de sustitución.“La historia de actuar solamente con erradicación no ha sido exitosa, porque hay un problema serio de sostenibilidad. Hay estudios que hicimos donde el efecto de la erradicación es positivo, fuerte, pero dura poco. Se mantiene máximo por dos años. Ahora, trabajar únicamente en la sustitución sin considerar la necesidad de interrumpir el flujo de droga también es un error. Colombia necesita una visión de equilibrio”, aseguró Leonardo Correa, coordinador técnico de la Unodc.Jesús Blanquicet y Sara Quevedo – Justicia – @JusticiaET