El menor de 15 años que ejecutó el magnicidio del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay fue condenado a siete años de reclusión en un Centro de Atención Especializada, un año menos que la sanción máxima prevista por la ley para adolescentes que delinquen. ¿Por qué?Según fuentes del proceso, el juez especializado del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes tuvo en cuenta factores como el allanamiento de cargos del menor y su colaboración con la justicia.Alias Tianz aceptó los cargos imputados por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas antes de que Miguel Uribe falleciera. Por eso al menor no se le endilgó el delito de homicidio agravado, como sí ocurrió con las otras cinco personas vinculadas al caso.En una de las últimas diligencias previas a la lectura de la tasación de la sanción, el menor de edad pidió perdón por el crimen. Aseguró no conocer a la persona a la que le disparó ni la magnitud de la “vuelta” por la que le prometieron 20 millones de pesos.Además, relató cómo fue contactado por Elder José Arteaga, articulador del homicidio y ficha de mayor rango en el organigrama criminal que ejecutó el ataque sicarial. Durante estas diligencias, el equipo de la defensa del menor de edad pidió al juez no sancionarlo con la medida privativa de la libertad por su colaboración con la justicia. Sin embargo, los investigadores han sostenido que las principales pistas para capturar en tiempo récord, hasta ahora, a seis responsables fueron producto de la inteligencia y el trabajo de la policía judicial.El juez podrá atenuar la duración y modalidad de la sanción de acuerdo con el comportamiento del menor y los avances en su proceso de resocialización. Durante su internamiento, podrá terminar el bachillerato y acceder a cursos técnicos o de formación académica.“Dependiendo de su buena conducta, podría acceder a una sanción no privativa, intermitente, hasta cumplir el tiempo total de la medida. También influye su situación de seguridad”, explicó Alejandro Peláez, exdirector de Protección del ICBF e investigador del Laboratorio de Justicia y Política Criminal.La polémica por las penas reducidas para menoresDe acuerdo con cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en lo corrido del año han ingresado al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes 2.795 menores que cometieron alguna conducta penal, 94 de ellos por homicidio.El Sistema ofrece diferentes modalidades de sanciones, todas con la finalidad de resocializar al menor como principio rector. A la fecha hay 543 en centros transitorios, 472 en centros de internamiento preventivo, 1.698 en centro de atención especializada, 1.872 en libertad asistida, entre otros. El delito más cometido es el hurto, con 706 casos, seguido por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, con 390.Con esta radiografía, que muestra casi 12 menores de edad sancionados por homicidio cada mes, se reavivó el debate sobre la laxitud en las condenas a adolescentes entre 14 y 18 años de edad que cometen crímenes graves. Actualmente, en el Congreso se tramitan dos proyectos de ley: uno del Ministerio de Justicia para reformar el Sistema y que la cárcel sea la última opción, y otro para endurecer los castigos.El apoderado de la familia de Miguel Uribe fue el primero en reaccionar. Aseguró que respeta la decisión, pero advirtió que “la ley vigente incentiva que el crimen use menores sin castigo real y efectivo”.En la misma línea, Peláez profundizó en la instrumentalización de los adolescentes: “Los criminales que los contratan les prometen dinero, poder o estatus. Les dicen: ‘si te capturan, no pasa nada grave. Te encierran cinco años y sales’. Esa expectativa reduce la percepción del castigo y facilita su reclutamiento”.Por su parte, el exfiscal Francisco Barbosa propuso tramitar una reforma que garantice que los menores también respondan por sus actos. “A los adolescentes los exoneran de sanciones penales sin tener en cuenta que hoy existen estudios que demuestran que los de 14 y 15 años ya tienen capacidad para razonar sobre lo que están haciendo. Disminuir su responsabilidad penal es dejarle a las organizaciones criminales un mercado de sicarios a su disposición”, aseguró.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia