La activación de la cláusula de escape para romper los límites de gasto, el uso de los recursos de las vigencias futuras, la radicación de un presupuesto desfinanciado y de una nueva reforma tributaria hacen parte de las alertas fiscales que lanzó el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, de cara a un cierre de año marcado por el lastre de un déficit presupuestal que el 2024, con -55,4 billones, fue el más alto registrado en las últimas décadas. Para este año, según el ente de control, se estima que sea equivalente al 7,1 % del PIB ($129,6 billones) y al 6,2 % ($119,6 billones) para 2026.“El déficit fiscal es el resultado del desbalance entre los ingresos regulares del Estado y sus gastos recurrentes. En este sentido, es importante para evitar acumular abultados montos de deuda para cubrir esta diferencia que el Estado, por un lado, ser muy cuidadoso en la proyección de los ingresos que financian los gastos, utilizando supuestos realistas acordes con la realidad del país, y gestionar de manera adecuada el recaudo para evitar el incumplimiento de las metas, que llevan a la desfinanciación del gasto”, le dijo a EL TIEMPO el Contralor.Carlos Hernan Rodriguez Foto:César Melgarejo/ El TiempoCon base en los resultados de la auditoría del Balance General de la Nación, el Informe de la Auditoría del Balance de la Hacienda Pública, el Informe de la Cuenta General del Presupuesto y el de la Situación de la Deuda Pública, la Contraloría pidió al Gobierno austeridad y ajustar los gastos proyectados para lograr un balance entre cumplir los compromisos adquiridos y suplir las necesidades básicas del Estado.“Si bien el recaudo ha mejorado en comparación con 2024, ya acumulamos un rezago frente a la meta de recaudo con corte a julio de $10,5 billones. A esto se suma que el Presupuesto General de la Nación de 2025 dependía de la aprobación de una ley de financiamiento por $12 billones, que no se concretó. Por esta razón, estimamos que podría ser necesario un recorte de gastos del orden de los $40 billones”, señaló.Esta situación, sumada a la radicación de un nuevo presupuesto desfinanciado, podría agudizarse. Por esta razón, Rodríguez recalcó la importancia de que el Gobierno y el Congreso lleguen a un consenso y se evite tener que decretarlo desfinanciado en 26 billones de pesos, tal y como sucedió con la iniciativa presentada el año anterior.“El PGN obedece a una planificación muy rigurosa, con definiciones precisas y realistas de sus fuentes y usos, debe estar acorde con las condiciones macroeconómicas, institucionales y fiscales actuales y futuras del país, con el fin de que se evite la aprobación de un presupuesto desfinanciado y sujeto a una contingencia como lo es la aprobación de una ley de financiamiento o en su defecto una reforma tributaria. Por esto no es sano tener una nueva vigencia fiscal con incertidumbres en su ejecución debido a recortes por su desfinanciación”, advirtió.Ministro de Hacienda, Germán Ávila, presente el Presupuesto del 2026 ante el Congreso. Foto:Mauricio Moreno. El TiempoY añadió su preocupación por la inestabilidad fiscal —en un año en el que habrá elecciones legislativas y presidenciales— que traería un presupuesto definido por decreto y desfinanciado, lo que implicaría no saber con certeza cuál es el monto real de los recursos con los que cuenta el Estado para financiar sus planes de gasto e inversión.“Además, en la práctica esto se traduce en recortes presupuestales que desafortunadamente recaen sobre la inversión pública que tanto necesita el país para su desarrollo. En nuestras cuentas, tras la activación de la cláusula de escape de la regla fiscal por parte del Ministerio de Hacienda, se proyecta un déficit equivalente al 7,1 % del PIB ($ 129,6 billones) para 2025 y al 6,2 % ($ 119,6 billones) para 2026”, aseveró.En ese llamado de apretar el cinturón, el Contralor también advirtió sobre la proyección de gastos de funcionamiento para 2026 del 11 % de más, creciendo a un ritmo mayor al de la economía. “Este comportamiento se explica por las transferencias y gastos de pensiones y de salud que pueden ser considerados inflexibles. Los gastos de personal se proyectan por un valor de $ 66,8 billones y crecen más que la inflación proyectada, por lo que es importante que en las discusiones del PGN en el Congreso de la República se evalúe, con base en las cifras reales, el monto mínimo que necesita el Estado para sufragar el personal, evitando la burocracia innecesaria y redirigir los recursos hacia los fines importantes como lo es la inversión pública”.Presupuesto Foto:EL TIEMPO / iStockEl uso de los recursos de las vigencias futuras es otra de estas banderas rojas que planteó el Contralor tras conocerse un borrador de decreto que concreta el anuncio hecho meses atrás por el presidente Gustavo Petro, quien aseguró que su Gobierno reprogramaría el plazo y/o la distribución anual de estos fondos para destinarlos a otros fines.La norma establece que los contratos susceptibles de esta modificación son los firmados bajo esquemas de Asociación Público-Privada (APP), en su mayoría obras de infraestructura.“Cualquier modificación a este mecanismo debe hacerse con responsabilidad, evaluando los riesgos que puedan comprometer el patrimonio público. Solo así garantizamos que los recursos estén protegidos y que las próximas administraciones conserven la capacidad de gestión presupuestal necesaria para responder a sus propios retos”, dijo Rodríguez.Y pidió al Presidente un mayor compromiso con la sostenibilidad fiscal, avanzando en un proceso de ajuste que “garantice el equilibrio de las finanzas públicas y, al mismo tiempo, permita entregar al próximo gobierno unas cuentas ordenadas”, que es una de las principales preocupaciones del sector económico.Finalmente, el contralor enfatizó en la inconveniencia de radicar una nueva reforma tributaria para cubrir el porcentaje de presupuesto desfinanciado, más aún en una coyuntura electoral que podría afectar y permear políticamente la discusión de este proyecto.“No es conveniente que se vuelva costumbre la aprobación de presupuestos desfinanciados para, posteriormente, tramitar leyes de financiamiento que terminan siendo reformas tributarias. Este mecanismo debe aplicarse de manera excepcional, ante situaciones coyunturales que afecten la proyección de ingresos de la siguiente vigencia. Más bien, esto evidencia que los procesos de planeación presupuestal no se ajustan a las necesidades y obligaciones impuestas por el Estatuto Presupuestal”, llamó la atención.Y agregó: “Sobre la pertinencia de una nueva reforma tributaria debe pronunciarse claramente el Congreso de la República, teniendo en cuenta que el próximo año se desarrollarán procesos electorales que podrían afectar la discusión de un proyecto tan importante. Sin embargo, es necesario recordar que, en los últimos 20 años, se han aprobado aproximadamente 12 reformas tributarias y leyes de financiamiento con objetivos marcadamente fiscalistas: asegurar recursos para financiar el gasto en el corto y mediano plazo. Pero se ha venido aplazando la discusión de una reforma tributaria realmente estructural, que apunte a solucionar los graves problemas del Estatuto Tributario y permita un recaudo sólido que financie adecuadamente el creciente nivel de gasto del Estado colombiano”.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia