El despacho del magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial Carlos Arturo Ramírez adelanta una indagación preliminar contra la jurista y magistrada del Tribunal de Buga, María Patricia Balanta, ternada –y una de las más opcionadas– para quedarse con la silla que deja José Fernando Reyes en la Corte Constitucional.El proceso se abrió a raíz de la queja de Natalia Giraldo Fernández, exauxiliar judicial del despacho de Balanta en la Sala Civil del Tribunal Superior de Buga, nombrada el 31 de marzo de 2023. La funcionaria tomó posesión el 10 de abril siguiente y recibió la asignación de asuntos constitucionales, entre ellos la resolución de tutelas e incidentes de desacato.Corte Suprema define terna para la Constitucional. Foto:ArchivoEl 22 de marzo de 2024, casi un año después, Giraldo presentó la reclamación ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el órgano encargado de adelantar investigaciones disciplinarias y procesos contra abogados y funcionarios de la Rama.En su escrito, la abogada relató que Balanta “le propiciaba un trato hostil, desconocía el horario laboral en tanto exigía el cumplimiento de deberes luego de las 5:00 p. m. y antes de las 8:00 a. m., e incluso demandaba la realización de trabajo en días no hábiles. Refirió que el 10 de octubre de 2023, cuando la magistrada concurrió al despacho, le hizo el siguiente comentario: ‘uy, usted cómo se ha engordado’”.En otro de los hechos que expone, señala que el 7 de noviembre de 2023, a las 7:58 p. m., “la magistrada le solicitó la presentación de su renuncia a partir del día 15 de ese mes, dado que nombraría a una nueva abogada asesora y a Katherin Hernández la designaría en su puesto (auxiliar judicial I). Obedeciendo lo anterior, radicó la declinación del cargo al día siguiente por ‘motivos familiares’”.La posición de la magistrada BalantaEL TIEMPO habló con la magistrada Balanta, quien aseguró que la queja no ha pasado a una apertura de proceso disciplinario y que, según su criterio jurídico, los hechos no encajan en ninguna causal que derive en una investigación formal.Corte Constitucional Foto:Cortesía“Ni siquiera es un proceso. Esto es una indagación preliminar: analizan si hay razón para abrirlo o dejarlo en preliminares. Citaron a la auxiliar, quien había sido mi judicante, y le hicieron preguntas. Yo estuve en la audiencia”, señaló.Según su versión, que también habría sido respaldada por la abogada asesora —llamada igualmente a rendir testimonio— existían serios reparos sobre el trabajo de la auxiliar. Tras el accidente de otra funcionaria, la magistrada Balanta le pidió a la denunciante asumir esas funciones, pero esta le habría presentado la renuncia.La magistrada también aseguró que, en abril de este año, la denunciante presentó un desistimiento de la queja. En la carta —que también reposa en poder de Balanta— explicó que, de continuar el proceso, temía ser sancionada por temeridad.Esta figura aplica en el ámbito judicial cuando alguien “actúa de forma desleal y abusiva en un proceso judicial, presentando demandas o recursos sin fundamento legal, alegando hechos falsos, entorpeciendo el proceso u obstruyendo la práctica de pruebas con la intención de causar un perjuicio o demorar injustificadamente la administración de justicia”, señala el artículo 79 del Código de Procedimiento Penal.Doloroso adiós a Valeria Afanador. Foto:“Yo estoy tranquila porque esto no encaja en ninguna causal para abrir una investigación disciplinaria. En mi larga trayectoria judicial jamás he sido sancionada”, agregó la magistrada.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia