Las puertas del colegio José María Obando, en Corinto (Cauca), amanecieron cerradas tras la caída de varios tatucos durante un hostigamiento realizado por las disidencias de las Farc con drones contra la estación de la Policía, ubicada a una cuadra de la institución. El colegio permanece sin clases.A las 5 de la tarde de este lunes 8 de septiembre, disidencias lanzaron explosivos contra la estación de la Policía ubicada a una cuadra del colegio. En respuesta, los uniformados abrieron fuego contra las aeronaves. Vecinos y comerciantes se vieron obligados a cerrar sus negocios y refugiarse ante el ataque terrorista. La situación ha escalado al punto de que los habitantes de Corinto evitan transitar cerca de la estación o de cualquier presencia militar.Explosión en Corinto, Cauca. Foto:Archivo ParticularUnicef alertó sobre la grave situación que enfrentan miles de niños, niñas y adolescentes en el país, especialmente en zonas rurales afectadas por el conflicto armado. Según cifras verificadas por Naciones Unidas, durante 2024, en promedio, cada seis días una institución educativa fue atacada o utilizada con fines militares por grupos armados ilegales.Paola Franchi, Especialista de Protección de Unicef, señala que la escuela, que debería ser un espacio seguro para el aprendizaje y el desarrollo integral de los menores, se ha convertido en escenario de riesgo. En muchos territorios, las instituciones educativas han sido objeto de amenazas, ocupaciones y daños en su infraestructura. Además, los grupos armados las han utilizado como escondites, depósitos de armas o lugares de pernocta, poniendo en peligro no solo a los estudiantes, sino también a docentes y comunidades enteras.“El propósito es que las escuelas sean los espacios protectores que deben ser. Este plan contempla nueve acciones específicas, entre las cuales se destacan: identificar y caracterizar las escuelas ubicadas en zonas de conflicto; implementar programas para la reducción de riesgos en los entornos escolares; fortalecer las capacidades de los docentes y de la comunidad educativa para mejorar el entorno; fomentar la educación sobre el riesgo de artefactos explosivos; prevenir el uso militar de las escuelas; y asegurar que las instituciones educativas sean entornos verdaderamente seguros y protectores”, dijo.Hostigamiento en Corinto, Cauca Foto:Redes socialesEntre 2020 y 2024, Naciones Unidas verificó 152 ataques y casos de uso militar de escuelas en Colombia. Los hechos incluyen amenazas y agresiones directas a profesores, instalación de artefactos explosivos, daños estructurales y ocupaciones prolongadas. Solo en 2024 se registraron 27 ataques y 35 casos de uso militar, afectando directamente a 7.024 estudiantes y docentes. En muchos casos, las instituciones quedan destruidas o inhabilitadas, y el temor de la población impide que las clases se reanuden con normalidad.En este contexto, Unicef Colombia recordó que las escuelas son bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario y que las partes en conflicto tienen la obligación de respetarlas en todo momento. La organización destacó que, aunque el Estado colombiano firmó en 2022 la Declaración de Escuelas Seguras, y posteriormente adoptó un plan de acción para garantizar la protección de las instituciones educativas, es urgente que se implementen medidas concretas en los territorios más afectados.“Cuando se ataca o se usa una escuela, se atacan y se afectan múltiples derechos de la niñez y la adolescencia: protección, nutrición, participación, desarrollo de su personalidad, de sus capacidades y aptitudes, recreación, entre otros”, recordó UNICEF.Ataque con explosivos en Florencia, Caquetá. Foto:Archivo particular.Giovanni Rizzo, director del Consejo Noruego para Refugiados en Colombia, indica que la Declaración de Escuelas Seguras es un compromiso de acción. Afirma que los estudiantes y el personal educativo son civiles y deben ser protegidos para que no sean blanco de actores armados.“Especialmente en las zonas rurales de Colombia, muchos estudiantes se enfrentan a un peligroso trayecto para ir y volver de la escuela, expuestos a la amenaza de fuego cruzado, artefactos explosivos y reclutamiento forzado. Ya es suficiente. Instamos a todos los actores armados a que cumplan con sus responsabilidades en virtud del derecho internacional y sus compromisos en virtud de la Declaración sobre Escuelas Seguras para proteger el derecho de todas las niñas y niños a una educación segura”, afirmó Rizzo.La agencia de Naciones Unidas hizo un llamado a las autoridades nacionales y locales para fortalecer los mecanismos de protección, garantizar que las escuelas permanezcan abiertas y seguras, y prevenir que los niños, niñas y adolescentes vean vulnerado su derecho a la educación por cuenta de la violencia armada.Juan Diego TorresDielas@eltiempo.com