Los 7 muertos y más de 70 heridos que dejó el carro bomba en Cali reflejan el grave deterioro de la seguridad, en el ámbito rural y urbano. Esa situación se relaciona fundamentalmente con el crecimiento exponencial de los cultivos de coca y de la extracción ilícita de minerales. La dinámica, reconfiguración y expansión de las disidencias de las Farc, el ‘clan del Golfo’ y el Eln está condicionada por las redes de valor de las economías ilícitas. Estas son las que determinan la existencia de los aparatos delictivos, no al revés. Empero, para el presidente Petro son más venenosos el petróleo y el carbón que la cocaína, según afirmó ante la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2022. LEA TAMBIÉN El informe del secretario general al Consejo de Seguridad de la ONU, en marzo pasado, subrayó que la “dinámica del conflicto en Colombia se ha vuelto más compleja debido a la proliferación de actores armados que buscan consolidar el control, entre otras cosas, sobre las economías ilícitas, en regiones con presencia limitada del Estado. La inseguridad causada por la competencia cada vez más violenta entre esos actores armados es un peligro constante para las comunidades”.Laboratorios de producción de droga. Foto:FiscalíaLo más grave de ese diagnóstico, que es además una advertencia de lo que viene, es que resulta de la actual inoperancia del Estado contra los cultivos ilícitos. Esa pasividad alimenta y reproduce los aparatos armados ilegales y pone en gravísimo riesgo a los ciudadanos. Si bien la pandemia de 2020 y la grave situación de orden público presentada en el marco del paro nacional hicieron retroceder los buenos resultados de la primera mitad del gobierno anterior (se disminuyó de 171.000 hectáreas a 143.000) y favorecieron el aumento de los cultivos ilícitos, fue en agosto de 2022, con el recién estrenado presidente, Gustavo Petro, cuando se ordenó cancelar la erradicación manual. La aspersión aérea está suspendida desde 2015 por decisión del gobierno Santos, en el marco del proceso de paz con las Farc, y luego por providencias de la Corte Constitucional, en la práctica incumplibles. LEA TAMBIÉN La política de pasividad gubernamental llevó a Colombia a saltar de 204.000 hectáreas en 2021 a 253.000 en 2023, al tiempo que la producción potencial alcanzó 2.664 toneladas de clorhidrato de cocaína. Todo un récord. En un año, de 2022 a 2023, la producción creció en 966 toneladas. De 2021 a 2023, en escasos dos años, aumentó en 1.264 toneladas. Eso es más que toda la producción potencial de cocaína de 2020, que fue de 1.228. A diferencia de lo expresado por el Gobierno, en el sentido de que la cocaína ya no era la prioridad en la lucha contra las drogas, sino el fentanilo, la realidad es que en la última década el consumo de drogas aumentó en 20 por ciento en el mundo y las muertes por sobredosis en los Estados Unidos, de acuerdo con el Centro de Control de Enfermedades, en 2023 fueron 29.918. La oferta y la demanda crecen y siguen creciendo. El negocio está intacto y no se va a acabar solo o por la mano invisible del mercado, como ha sido ingenuamente sugerido con el fin de justificar la abulia contra nodos esenciales de la red de valor del narcotráfico.Erradicación de cultivos ilícitos. Foto:Ejército NacionalEl desmonte de la lucha contra las drogas es inocultable y parece querer llevar al país a un punto de no retorno. En cuanto a los cultivos de coca, durante el primer semestre de 2025 se erradicaron apenas 2.683 hectáreas, una cifra que equivale a la erradicación que se efectuaba en 6,1 días en 2020. En ese mismo periodo de 2024 fueron erradicadas 2.183, esto, con una exigua meta de 30.000 hectáreas, que para 2020 fue de 130.000. LEA TAMBIÉN En perspectiva se aprecia la dimensión del descalabro. Entre 2006 y 2009 se erradicaron 264.303 hectáreas y se asperjaron 564.424. De 2010 a 2013 se erradicaron en total 131.580 y asperjaron 352.840. Los resultados se concretaron en 2010 con la reducción a 62.000 hectáreas cultivadas y en 2012 bajaron a 48.000. Hoy son 6 veces más. Recientemente, ya sin aspersión aérea, desde el segundo semestre de 2018 al primer semestre de 2021, se erradicaron 298.288 hectáreas de coca, a pesar del muy negativo impacto que en el nivel operativo tuvo la pandemia de covid-19. Con el gobierno Petro, entre el segundo semestre de 2022 y el primero de 2025, en total se erradicaron escasamente 61.028, 237.260 hectáreas menos que en los tres años anteriores. Sin erradicación manual ni aspersión aérea y con indebida protección constitucional de los cultivos ilícitos, al exigir consulta previa para erradicarlos, no debe sorprender que los cultivos se hayan multiplicado y que exista una verdadera explosión de productividad de cocaína. Las plantaciones con el tiempo ofrecen mayores rendimientos junto con las innovaciones que se les introducen.El 30 por ciento de los cultivos de coca están en resguardos indígenas y territorios colectivos de comunidades negras; 227 resguardos tienen cultivos ilícitos de coca, el 26 por ciento del total del país. En Tierras de las Comunidades Negras (TCN) en 2020 había 23.001 hectáreas sembradas, en 2021 pasaron a 43.864 y a 50.702 en 2023. De 261 de esos territorios, en 127 se reportó coca, es decir, en el 49 por ciento de esos territorios, datos Simci 2023. Eso obedece a que los narcotraficantes encuentran incentivo en providencias judiciales que condicionan a la consulta previa la erradicación manual, la aspersión aérea y programas de sustitución de cultivos. Esos territorios se volvieron santuarios ideales para la coca, donde el Estado no puede hacer nada. La exigencia de la consulta previa, bien concebida para proteger los derechos de los pueblos indígenas y comunidades negras, es hoy un aliciente para que el narcotráfico los despoje de sus tierras y los someta por violencia. Además, el carácter colectivo de la tierra y la inexistencia de propiedad privada impide la inversión para transformar la economía de esos territorios. Dos debates constitucionales pendientes.Erradicación de cultivos ilícitos. Foto:EFEEl caso de Nariño es la prueba. La erradicación se intensificó entre 2018 y 2020, hasta que en 2021 una sentencia del Tribunal Superior de Distrito Judicial la echó por tierra. En 10 municipios del Pacífico nariñense no se puede erradicar hasta tanto se haga una consulta previa. La consecuencia fue perder la reducción de más de 11.000 hectáreas de coca, alcanzada con inmenso sacrificio de la Fuerza Pública en dos años, y pasar de 30.751 en 2020 a 64.989 en 2023. Más del doble.El error no es solo negarse a erradicar, sino también la falta de resultados en la sustitución de cultivos ilícitos y en la trasformación social y económica de los territorios afectadosRafael GuarínExviceministro de DefensaLa retórica del gobierno Petro no acepta la complejidad del fenómeno delictivo y pasa por alto que gran parte de las áreas cultivadas obedecen a una “agroindustrialización de la producción de coca en el país”, en palabras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. No son pequeñas áreas cultivadas por familias campesinas, sino grandes extensiones, a escala industrial, y con grandes capitales, que coinciden con la deforestación. En esos casos, son las mafias de las drogas en acción, no comunidades marginales sin tierra que deriven su sustento de los cultivos. LEA TAMBIÉN Pero el error no es solo negarse a erradicar, sino también la falta de resultados concretos en la sustitución de cultivos ilícitos y en la trasformación social y económica de los territorios más afectados. La agenda anticapital de Petro espantó la inversión privada que se necesita para enfrentar la problemática social de la coca. Además, paralizó la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), pactados en el Acuerdo de Paz, y eliminó la legislación que permitía una intervención focalizada y rápida en municipios afectados por la ausencia o precariedad del Estado, el narcotráfico y los grupos armados organizados. En síntesis, frente a los cultivos de coca, solo retórica, nada de nada. Inactividad total.Erradicación de cultivos ilícitos. Foto:Jaiver Nieto. EL TIEMPOAlgo similar sucede en otros nodos de esa red de valor. La incautación de insumos sólidos para la producción de clorhidrato de cocaína alcanzó 18.068 toneladas en 2019. Se redujo a 2.793 en 2024. Comparados lapsos de tres años, desde el inicio del gobierno anterior hasta lo corrido del actual, los resultados son desconcertantes: las 40.311 toneladas de insumos sólidos incautadas se redujeron en cerca de un 75 por ciento, cayendo a 9.094 toneladas. Es obligado concluir que la política ha sido dejar que cultiven hoja de coca y produzcan clorhidrato de cocaína.En cuanto a la destrucción de infraestructura para la producción de drogas ilícitas, en esos periodos se registran 15.825 (Duque) y 16.220 (Petro). Este resultado de destrucción de laboratorios es más estadístico que real, pues la construcción de la mayoría de ‘cocinas’ se hace en unos días, con lo cual su eliminación no es un golpe estructural a la producción de cocaína. Además, las intervenciones de la Fuerza Pública para destruirlos no cuentan con seguimiento u operaciones sostenidas para evitar que se vuelvan a construir. LEA TAMBIÉN Finalmente, los resultados en interdicción los presenta el gobierno Petro como el principal logro de su política, pero cuyos registros por el Ministerio de Defensa no indican que hayan sido constatados con la noticia criminal que debe corresponder a cada incautación en el Spoa (Sistema Oral Penal Acusatorio) de la Fiscalía General de la Nación. Aclarar eso es muy importante, pues permite asegurar la veracidad del número de incautaciones y la cantidad de cocaína informada. Es una garantía indispensable de transparencia y de rigor. Adicionalmente, señala el informe Simci 2023 que la cifra reportada por el Gobierno incluye incautaciones “resultado de operaciones internacionales o convenios marítimos vigentes”, efectuadas fuera del territorio nacional por autoridades extranjeras, no directamente por la Armada Nacional de Colombia.Erradicación de cultivos ilícitos. Foto:IndepazEn cualquier caso, es pírrica la cifra de 889,2 toneladas incautadas para 2024, dada la multiplicación astronómica de la producción. Con los datos a la fecha disponibles de los años 2022 y 2023, la correlación entre potencial productivo e incautaciones es muy negativa: la potencial producción de clorhidrato en esos dos años aumentó en 53.28 por ciento, mientras que las incautaciones solo lo hacen en 13,22 por ciento.Al contrastar esos datos con años de las administraciones Uribe, Santos y Duque se evidencia el desastre. Por ejemplo, en 2008 se incautaron 198,3 toneladas de una producción potencial de 430. Llegaron al mercado 231,6 toneladas de clorhidrato de cocaína. En 2016 la incautación ascendió a 378,2 toneladas de una producción potencial de 866 toneladas, con lo cual ingresaron al mercado 487,7 toneladas. Y en 2020 cayeron 505,6 toneladas, de un potencial de 1.228, esto es, en el mercado circularon 722,3 toneladas. En 2023 se incautaron 746,3 toneladas de un potencial de 2.664. En ese año se aportaron al mercado 1.917,7 toneladas, casi dos millones de kilos clorhidrato de cocaína. En estricto sentido, así las cosas, el aumento de incautaciones es realmente irrelevante. Lo que sí deja claro es que una verdadera estrategia contra el narcotráfico debe apuntar y golpear al mismo tiempo y con la misma intensidad todos los nodos de la red de valor del negocio ilícito, con todas las herramientas, incluida la aspersión, la sustitución de cultivos y la transformación territorial. LEA TAMBIÉN No obstante, esporádicos golpes de la Fuerza Pública y de la administración de justicia a cabezas y estructuras de grupos armados organizados dedicados al narcotráfico, el negocio no se ha tocado, sino que aumenta y prospera, quiérase o no, bajo el auspicio de la política gubernamental. Nunca antes los narcotraficantes habían estado tan cómodos. Esa equivocada política saldrá muy costosa en los próximos años, no solo en términos económicos, sino en la vigencia de los derechos, violencia, corrupción, inestabilidad, democracia y Estado social de derecho. El presidente Donald Trump tendrá que tomar una decisión. Lo importante es que, cualquiera que sea, no afecte los recursos que su país destina a la Policía y el Ejercito Nacional para la lucha contra las drogas. Hacerlo sería darse un tiro en el pie e ir hacia el punto de no retorno al que quieren llevar a Colombia. El próximo gobierno no puede perder tiempo en esa batalla y necesita una Fuerza Pública lo mejor posible para darla, así como el apoyo decidido de quien debe ser su aliado natural, los Estados Unidos.* Exconsejero presidencial para la Seguridad Nacional y exviceministro de Defensa para las Políticas y los Asuntos Internacionales.** Datos de Ministerio de Defensa Nacional. Simci-UNODC, Observatorio de Drogas, Ministerio de Justicia.