En distintas audiencias, la Fiscalía ha afirmado que por el escándalo de la UNGRD hay varias personas que faltan por judicializar. Sus nombres se han ido recogiendo conforme avanzan las investigaciones y, en la más reciente diligencia contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, se ventilaron algunos de ellos.La lupa está puesta sobre cerca de 50 contratistas, funcionarios públicos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), de los ministerios de Hacienda y del Interior, y hasta de Invías, otra entidad que se habría desfalcado con el objetivo de favorecer reformas sociales del Gobierno a través de contratos dirigidos a congresistas. A la par, la Corte Suprema tiene el radar sobre algunos legisladores que habrían conformado el entramado corrupto.Durante las cerca de ocho horas de imputación y solicitud de medida de aseguramiento contra Velasco y Bonilla, la fiscal María Cristina Patiño se refirió a los tres capítulos de corrupción en los que ellos estarían inmersos, y en cada uno dio nombres de otros supuestos aliados que tienen pesquisas preliminares y que no han sido judicializados.Martha Peralta, senadora del Pacto Histórico. Foto:@marthaperaltaeEntre los nombres que más resonaron están los de las congresistas Martha Peralta, del Mais; y Berenice Bedoya, de la ASI. Al parecer, en el segundo semestre de 2023 habrían apalancado las reformas pensional y de la salud que el gobierno Petro había llevado al Legislativo.El emisario para ‘aceitar’ al Congreso con tal de pasar ambas reformas habría sido Olmedo López, entonces director de la UNGRD. Él supuestamente se puso a disposición de Peralta, quien estaría interesada -así como Bedoya- en quedarse con cuatro contratos por 12.395 millones de pesos. Estos iban a desarrollarse en La Guajira y en los municipios de Puerto Concordia, Meta; Aguazul, Casanare; y Mistrató, Risaralda.Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda. Foto:Mauricio Moreno/El TiempoPeralta tiene una indagación abierta por estos hechos en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, mientras que a Bedoya -de quien la fiscal no dio mayores detalles al tratarse de una congresista aforada- no se le ha abierto proceso alguno.Para el contrato de La Guajira por 2.125 millones de pesos en el que se habría interesado Peralta, uno de los contactos para ponerlo en marcha -algo que no pasó, según la Fiscalía- sería Isaac Francisco Riscala. Su nombre fue ventilado por la fiscal Patiño. “La senadora Peralta le presentó a Olmedo López solicitudes contractuales, inicialmente en dos proyectos en específico: uno en Puerto Concordia y otro en Aguazul, enviados por la senadora Berenice Bedoya. Meses después y a fin de consolidar el acuerdo, Peralta solicitó el direccionamiento de contratos de maquinaria amarilla y mantenimiento de jagüeyes a Isaac Riscala”, dijo la investigadora frente a este hombre, cuyo nombre no es nuevo en este expediente.Olmedo López, exdirector de la UNGRD Foto:SuministradaLa fiscal Andrea Muñoz, que hace parte del equipo asignado al caso, ya había mencionado a Riscala y a Jorge Riscala, representante de Inversiones IRL SAS, como las personas que el 19 de septiembre de 2023 se reunieron con Olmedo López en las oficinas de la UNGRD para supuestamente hablar del contrato para utilizar maquinaria amarilla y volquetas en Riohacha.Otro capítulo de nombres que se destaparon está ligado al Ministerio del Interior, para el año 2023 a cargo del imputado Luis Fernando Velasco. La fiscal Patiño mencionó al entonces asesor de esa cartera llamado Fernando Henao, aunque no relacionó mayores pormenores frente a él.Luis Fernando Velasco, exministro. Foto:Luis Fernando Velasco,En lo que respecta a Velasco, la Fiscalía lo sindica de haber supuestamente ordenado el direccionamiento de un contrato en Sahagún, Córdoba, por más de 30.000 millones de pesos, en el que estaría interesado ilícitamente el senador Julio Elías Chagüi. En el municipio, quien habría tenido conocimiento de este negocio sería Jorge González, exsecretario de Infraestructura de la alcaldía.”En desarrollo del plan delictivo, el senador Chagüi en esa misma fecha (4 de diciembre de 2023) le remitió vía Whatsapp a (Sneyder) Pinilla el contacto de Jorge González, funcionario de la alcaldía de Sahagún, con quien usted, señor Sneyder Pinilla, estableció comunicación con el fin de adelantar los trámites relacionados con el proyecto”, había dicho al respecto la Fiscalía en una audiencia de meses atrás.Por último, en el capítulo ligado al Ministerio de Hacienda y Ricardo Bonilla, el ente acusador resaltó que en un chat del 15 de septiembre de 2023 entre las exasesoras Andrea Ramírez y María Alejandra Benavides, se habló del representante Juan Loreto Gómez. De acuerdo a la conversación de estas dos mujeres, para la fecha el congresista estaba “furioso” por un proyecto que no se movía. Juan Loreto. Foto:Twitter: @JuanlogomezsA través de WhatsApp, Ramírez le dijo a su compañera que no tenía por qué tener susto por la visita de Loreto. “Tú solo eres una intermediaria. Él es un man más que hace el trabajo”, le escribió Ramírez. El legislador, por ahora, no ha sido incluido dentro del listado de congresistas bajo la lupa de la Corte Suprema por este caso. Debido a la gravedad y sensibilidad de los hechos, la fiscal Patiño dijo que no iba a referirse a otros nombres o hechos sobre este entramado, que para su equipo habría sido un “pacto criminal” para corromper desde el Gobierno al Congreso.Carlos López – Justicia – @CarlosL49 – carben@ltiempo.com