El presidente Gustavo Petro afirmó que el país se encamina hacia una emergencia económica si no obtiene el aval del Congreso para la reforma tributaria. En ese escenario, el jefe de Estado tendría que hacerlo por decreto, lo que desató un intenso debate entre expertos. La discusión se agudiza mientras el Gobierno, tras más de dos semanas de haber radicado la iniciativa por 16 billones de pesos, aún no consigue asegurar los votos en las comisiones económicas del Senado.En esta corporación, la mayoría se inclina por hundir la ponencia positiva, mientras que en las comisiones de Cámara de Representantes ocurre lo contrario. Allí se han desplegado varias jugadas para impedir que el proyecto caiga mientras el Gobierno intenta ganar tiempo y mover apoyos.Tras levantarse la sesión de este miércoles por falta de quorum, Petro publicó un mensaje en su cuenta de X en el que afirmó: “Dada la estructura constitucional del gasto presupuestal, no se puede recortar el gasto por decenas de billones de pesos ni en la deuda, es decir, impagarla, ni en el gasto social; luego solo se puede hacer el recorte en inversión, que no es más que las carreteras 4G y el metro de Bogotá. Quienes hablan de derroche de gasto y recorte no entienden ni las necesidades sociales ni el estado social de derecho, por eso vamos hacia una emergencia”.Reforma tributaria sigue estancada en las comisiones económicas. Foto:MinhaciendaLa idea de que el Ejecutivo use un decreto de emergencia para imponer una reforma tributaria o realizar un ajuste fiscal sin pasar por el Congreso enfrentaría, según expertos, un camino cuesta arriba en los estrados judiciales, especialmente en la Corte Constitucional, que en varias ocasiones ha tumbado decretos de este tipo cuando no se demuestra que el problema era imprevisible.Cristina Pardo Schlesinger, exmagistrada de la Corte Constitucional y decana de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, sostuvo que “una emergencia económica implica que haya sobrevenido un hecho grave de ocurrencia imprevista o el agravamiento inusitado de una situación existente. No parece que se esté frente a nada imprevisto. Todo lo contrario, varios economistas han indicado y advertido que es necesario reducir los gastos del gobierno nacional”.Una emergencia económica implica que haya sobrevenido un hecho grave de ocurrencia imprevista o el agravamiento inusitado de una situación existente. No parece que se esté frente a nada imprevistoCristina Pardo SchlesingerExmagistrada de la Corte ConstitucionalEn la misma línea, Gonzalo Ramírez Cleves, doctor en Derecho, expresó que esta figura “no cumpliría con la idea de estados de excepción sobre emergencia económica y social, porque hay unos presupuestos que están establecidos que tienen que ver con la idea de que esto sea algo que no sea previsible en la sobreviniencia. Si ya se preveía que hay un déficit fiscal, pues quizás hubieran podido dar otras medidas, como por ejemplo la limitación del gasto de parte del Estado para no generar este problema”. Para Carlos Alberto Zambrano, exmagistrado del Consejo de Estado, es una situación creada por el propio gobierno a través de la presentación de un presupuesto desfinanciado y, “por consiguiente, no podemos hablar de la existencia de ese condicionamiento al que se refiere el artículo 215 de la Constitución”. “En esa medida, no creo que sea viable declarar válidamente ese estado de excepción que, insisto, solo es posible decretar cuando —como exige el artículo mencionado, es decir, el artículo 215 de la Constitución— ocurran hechos que afecten de manera seria el orden económico, social y ecológico del país o que constituyan una grave calamidad pública. Pero esos hechos no deben ser generados por el propio gobierno, que es justamente lo que ocurre en este caso”, dijo.Por su lado, José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, dijo: “Las emergencias económicas tienen que ser hechos sobrevinientes y excepcionales. Y en este caso, este no es un hecho que podría calificarse como sobreviniente, es un hecho inducido, autoinfligido por parte del propio gobierno”. Señaló que el presupuesto fue presentado “sobredimensionado en más de 45 billones de pesos que no tenían fuente de financiación conocida ni efectiva”, que el déficit y la deuda pública han crecido de manera “desbordada” y que la deuda bruta ya llega al 65% del PIB, lo que aumenta los costos financieros y reduce el margen de maniobra.Añadió que los gastos de funcionamiento entre 2022 y 2026 aumentan en 155 billones de pesos: “Es muy significativo ese aumento y obviamente es imposible que exista un presupuesto que sea capaz de financiar eso”.Para Restrepo, “pretender entonces que con base en eso habría que declarar una emergencia económica porque el Congreso no acepta una ley de financiamiento que ni siquiera cubre el déficit del presupuesto nacional (…) no tiene ninguna razón de ser”. Consideró que la Corte Constitucional “no tendría mucha más salida distinta a declarar inexequible una emergencia (…) que ni es sobreviniente ni es excepcional, sino que es inducida por el propio Gobierno”.Según Restrepo, la salida está en “disminuir el derroche en gasto de funcionamiento, que incluye burocracia estatal, y generarle tranquilidad a los mercados para que no siga aumentando el costo del financiamiento de la deuda pública, que ya es casi un 50% más que en el año 2022”.Debate de la reforma tributaria este miércoles 26 de noviembre. Foto:Foto: Jazmín Orjuela. Prensa Cámara de RepresentantesPara Julio Enrique Duarte, decano de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura, “una emergencia económica de alcance nacional es jurídicamente posible, pero políticamente riesgosa y difícil de justificar si el propósito es suplir al Congreso. Podría sobrevivir solo si se ancla en un hecho severo, repentino y ajeno a la discusión tributaria ordinaria que ya está abierta en el Congreso de la República”.Duarte señaló que solo podría “parecerse” a escenarios como el del Catatumbo si Colombia sufriera una crisis territorial severa —colapso productivo regional por desastre natural, escasez crítica de alimentos o caída abrupta de un sector estratégico— y si el Gobierno limitara su intervención a ese frente específico con medidas temporales y delimitadas. Pero advirtió que, si la intención es usar un decreto para reemplazar el trámite legislativo ordinario, “la comparación deja de ser válida: ya no sería un plan de choque asistencial como en el Catatumbo, sino un movimiento de alto riesgo legal y político”.Por eso, la probabilidad de que se reproduzca un caso similar, pero a nivel nacional y con enfoque tributario, es baja. Si algo del estilo llegara a prosperar, sería “pequeño, limitado y territorial, no un espejo de alcance país ni un sustituto del trámite legislativo”.Juan Diego TorresDielas@eltiempo.com