La Asociación Nacional de Servidores Públicos de la Defensoría del Pueblo (ASEP) anunció lo que para ellos será la jornada nacional “un día sin audiencias” judiciales. Según explicaron en un comunicado de prensa, los próximos lunes 19 y martes 20 de enero los defensores públicos se negarán a participar en las diligencias de la justicia.Como lo había alertado el mes pasado la defensora del Pueblo, Iris Marín, más de 5.000 contratistas de esa entidad no recibieron el pago de diciembre, pues el recorte presupuestal para 2026 impidió que el Ministerio de Hacienda girara los recursos. Esta es la fecha en la que tampoco les han pagado. De acuerdo con ASEP, “no podemos permitir que la defensa de los Derechos Humanos y la justicia quede en segundo plano, porque cada defensor público representa la esperanza de quienes más lo necesitan. Y porque la falta de pago y el recorte presupuestal son una afrenta directa a la función pública que ejercemos con compromiso y vocación”. Iris Marín alertó la falta de recursos para su entidad. Foto:ArchivoEn Colombia, los defensores públicos integran el Servicio Nacional de Defensoría Pública, la cual busca garantizar que cualquier persona que no pueda pagar un abogado tenga representación legal gratuita. Asimismo, estos funcionarios asesoran a la ciudadanía para que conozcan sus derechos y la orientan para que interpongan recursos legales como tutelas, acciones populares o habeas corpus. ASEP agregó que la jornada será acompañada de acciones ante el Ministerio de Hacienda y que contará con el respaldo de otras organizaciones sindicales del Sistema Nacional de Defensoría Pública, así como de la Rama Judicial. En diálogo con EL TIEMPO, el presidente del Colegio de Abogados Penalistas, Francisco Bernate explicó que “el defensor público no gana lo mismo de los funcionarios ante los cuales litiga. Un defensor público gana un poco más de cuatro millones de pesos, litigando ante una Corte Suprema de Justicia, donde el magistrado, el fiscal y el procurador se ganan cincuenta millones de pesos; o ante un tribunal, donde el magistrado, el fiscal y el procurador se ganan treinta y seis millones de pesos”. Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas. Foto:Archivo ParticularY agregó: “Por otra parte, los defensores públicos son de manera reiterada maltratados por los despachos judiciales. Se les obliga a asumir procesos sin ninguna preparación, se les obliga incluso a fungir como suplentes de abogados de confianza. Son permanentes las compulsas de copias en su contra por intervenir en procesos en los que no han tenido la posibilidad de prepararse. Entonces, pues vamos a un cese de actividades”. La organización ASEP finalizó explicando que seguirá velando por el trato digno a los defensores públicos, por la nivelación salarial, por la no precarización laboral y un mayor presupuesto para la Defensoría del Pueblo. El Consejo Superior de la Judicatura no se ha pronunciado al respecto.
Jhoan Sebastian Cote Lozanojhocot@eltiempo.comMÁS INFORMACIÓN EN LA SECCIÓN JUSTICIA