El exabogado del presidente Gustavo Petro demandó ante el Consejo de Estado la resolución con la que el Gobierno, en diciembre pasado y como ofrenda en las negociaciones que sostiene con el ‘clan del Golfo’ en Catar, creó las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). La demanda fue admitida por el alto tribunal el viernes 22 de enero y solicita decretar la suspensión temporal mientras se decide tumbar el decreto, que propone tres lugares para replegar a miembros de este grupo, que supera los 8.000 hombres.Consejo de Estado. Foto:Jesús BlanquicetLa demanda se sustenta en que este beneficio, que vendría acompañado de la suspensión de órdenes de captura de algunos de los ilegales designados como negociadores, no está apegado al andamiaje jurídico de la Ley de ‘paz total’ que aprobó el Congreso y fue salvada avalada parcialmente por la Corte Constitucional.El alto tribunal tumbó las facultades del Gobierno para definir los términos generales del sometimiento a la justicia de las “Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto” y reiteró que esta es una función del Legislativo. Para darle piso jurídico a las negociaciones que tiene con el ‘Clan’ y bandas criminales en Medellín y Barranquilla, el exministro de Justicia radicó el polémico proyecto de Ley de Sometimiento, que le entrega gabelas a capos y que, por su impopularidad, está a punto de hundirse en la Comisión Primera de Cámara. Sin este marco normativo, según la demanda ante el Consejo de Estado, no se podría disponer de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), en donde se les garantice un trato preferencial. Lo acordado en Doha habla de unos territorios en Chocó y Córdoba, dos departamentos que además han sido epicentro de su acción criminal, controlados a sangre y fuego por el ‘Clan’. Desde Catar, el Gobierno de Colombia y el autodenominado (a) EGC suscriben nuevos compromisos. Foto:Consejería Comisionada de Paz.Estos espacios, acordados en el último ciclo de los diálogos, se ubicarán en Unguía y Belén de Bajirá, en Chocó, y en Tierralta, Córdoba. “Los compromisos y protocolos que definan el funcionamiento de las zonas de ubicación temporal y el desarrollo de sus condiciones establecerán la participación de entidades territoriales, nacionales e internacionales en estos espacios”, dice el documento.También establece que el Ejecutivo deberá adoptar las medidas “necesarias y eficaces” para garantizar la seguridad humana y jurídica durante el desplazamiento de los integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia hacia estos lugares (cuya ubicación exacta es sujeta de reserva), así como la protección de los derechos de la población civil en los territorios de tránsito y asentamiento.En cuanto a la situación jurídica de los integrantes del grupo armado, la resolución precisa que, dentro de las zonas de ubicación temporal, quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura —incluidas las emitidas con fines de extradición—, así como durante el desplazamiento hacia estos puntos.Los reparos a la resoluciónLos críticos de la resolución hablan de una especie de zona de distensión o Caguán —apelando a la misma práctica en las conversaciones de paz con las extintas Farc y el gobierno de Andrés Pastrana— que no tiene el andamiaje jurídico para legitimarla.De acuerdo con la demanda, se está violando el artículo 66 de la Constitución, que establece que no puede haber justicia alternativa para estos grupos, cuyo desarme se debe basar en el sometimiento. Trump utilizó el término descombulador para referirse Foto:Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia