Una de las masacres más crudas perpetrada en la historia del conflicto armado, ocurrida el 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja, Santander, llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Este martes 28 de enero se realizará la audiencia pública del caso reseñado en el sistema interamericano como ‘Cañas Cano y otros vs. Colombia’, relacionado con graves violaciones a los derechos humanos en el marco de la guerra interna.La audiencia empezará a las 9:00 de la mañana, hora de Costa Rica, y contará con la participación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que actuará en representación del Estado colombiano ante el tribunal internacional. Este último entra a juicio como Nación por haber permitido la masacre de siete personas, entre ellas un menor de edad, y la desaparición forzada de otras 25, a manos de paramilitares.El caso analiza los hechos ocurridos en varios barrios de Barrancabermeja, en Santander, donde estructuras paramilitares ejecutaron ataques simultáneos en el marco de su expansión por el territorio oriental. Entre las víctimas de desaparición forzada se encontraban dos niñas y una mujer, en un contexto que, según el expediente del caso, estuvo marcado por la presunta omisión y colaboración de agentes estatales con los grupos armados responsables de la incursión.La masacre se perpetró en el marco de la expansión paramilitar en el oriente del país. Foto:Efraín Patiño / Archivo AFPDe acuerdo con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la masacre comenzó a eso de las 8:30 p.m., cuando tres vehículos penetraron el oeste de Barrancabermeja. “Los camiones transportaban entre 30 y 50 hombres con armas cortas y largas. Quienes también llevaban machetes y otro tipo de armas blancas”, explica la ONG. Los paramilitares acudieron a diversos puntos en la ciudad, alegando que la presencia criminal sería mayor y que cualquier rastro de cercanía a la guerrilla sería castigado con la muerte.Entre los hechos criminales recordados por la comunidad está la llegada a una cancha de fútbol donde se realizaba un bazar popular. Más de cien personas estaban presentes y fueron testigos de como, seleccionándolos a dedo, los paramilitares golpearon y apuñalearon a los presentes. “Después de haberle dado la vuelta a la cancha, los paramilitares escogieron algunas personas y las obligaron a seguirlos hasta los camiones. Una de las personas escogidas, Pedro Julio Rondón, no quiso subirse al camión y por haber resistido, un miembro del grupo paramilitar lo degolló delante de todas las personas reunidas allí”, explica la organización.Con los años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encontró prueba de que, para cometer la masacre, se llevaron a cabo coordinaciones con agentes militares, de acuerdo con información de testigos, confesiones de paramilitares, informes estatales y hallazgos de organizaciones de la sociedad civil. La Comisión encontró que, de hecho, entre los paramilitares había personas usando el uniforme del Ejército y del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).La Corte Interamericana evaluará la respuesta de Colombia ante esta masacre. Foto:Centro de Derechos ReproductivosEn su informe de fondo, de julio de 2021, la Comisión “consideró que no se siguió una línea de investigación efectiva que estuviera destinada a vincular a todas las personas responsables, incluyendo a autores materiales e intelectuales. En este sentido, la Comisión concluyó que existió una clara falta de debida diligencia en la investigación, con lo cual el Estado ha perpetuado la situación de impunidad en la que se encuentran los hechos del presente caso”.A través de ese informe, la CIDH expidió una serie de recomendaciones que el Estado podría haber adoptado antes de someter el caso a juicio. El país, según la Agencia de Defensa del Estado, solicitó hasta 11 prórrogas para dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas. Sin embargo, ante la ineficacia en el cumplimiento de las actividades, la CIDH remitió el expediente a la Corte Interamericana, de tal manera que iniciase un juicio de responsabilidad estatal.La audiencia pública será clave para establecer si Colombia incurrió en violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y para definir eventuales medidas de reparación, garantías de no repetición y obligaciones adicionales en favor de las víctimas y sus familiares. En caso de resultar condenada, contra Colombia se emitirán ordenes de obligatorio cumplimiento. Jhoan Sebastian Cote Lozanojhocot@eltiempo.com@SebasCote95 en XMÁS INFORMACIÓN EN SECCIÓN JUSTICIA