Mientras la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) avanza en la imposición de las primeras sanciones propias, el Gobierno Nacional acelera la expedición de un decreto para establecer las condiciones de seguridad para que los comparecientes cumplan las condenas. El borrador del decreto, que lleva cerca de diez meses en discusión, busca establecer las reglas institucionales para garantizar salud, seguridad social, cobertura de riesgos, habitabilidad y protocolos de seguridad a los comparecientes ante la justicia transicional.El pasado martes, el ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, se reunió con el Comité de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final de Paz (CSIVI) para tratar el decreto que debe garantizar las condiciones transversales —de seguridad, salud, seguridad social y riesgos, entre otras— para que los comparecientes cumplan las sanciones que ya empezó a imponer la Jurisdicción Especial para la Paz. De acuerdo con el Gobierno, se espera que el decreto, liderado por el Ministerio de Justicia, sea expedido en el primer trimestre del año.La discusión se da en paralelo a las decisiones judiciales de la JEP, que impuso sanciones propias de hasta ocho años al antiguo secretariado de las Farc y actualmente estudia los recursos de apelación presentados para definir de manera definitiva las condenas y las condiciones de su ejecución.El ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, Foto:CortesíaDesde la propia Jurisdicción, el llamado a expedir el decreto ha sido reiterado. En diálogo con este diario a comienzos de este año, el presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli, advirtió que es clave la expedición del decreto sobre condiciones de habitabilidad y seguridad.“Allí se definen los protocolos de seguridad y las condiciones básicas: alojamiento, sustento y alimentación. El decreto lleva cerca de diez meses en discusión y es urgente que el Gobierno lo expida, porque permitirá definir en qué lugares es posible cumplir las sentencias sin poner en riesgo a las personas”, dijo.Esa preocupación también fue expuesta en una reunión sostenida en diciembre del año pasado entre el presidente de la JEP y el ministro Idárraga, en la que se insistió en la urgencia de contar con un marco reglamentario claro para las llamadas condiciones transversales en la ejecución de las sanciones propias.Magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP. Foto:JEPEl decretoEl borrador del decreto, conocido por este diario, establece desde su primer artículo que su propósito es “reglamentar las condiciones institucionales necesarias para que los comparecientes cumplan con las sanciones propias impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el marco de su autonomía judicial”. El texto añade que dichas condiciones “garantizarán la dignidad de los comparecientes, en particular su afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud y su asegurabilidad frente a riesgos, así como otras condiciones transversales de dignidad, en el marco de la ejecución del proyecto restaurativo”.El decreto aclara además que el cumplimiento de las sanciones propias no rompe los procesos de reincorporación en curso. En su parágrafo, el artículo primero señala de manera expresa que “el cumplimiento de las sanciones propias no implicará, en ningún caso, la desvinculación de los comparecientes de los programas de reincorporación en curso”, los cuales deberán articularse con la ejecución de las sanciones.En cuanto a su alcance, el artículo segundo establece que las disposiciones aplican a las entidades públicas del nivel central y descentralizado encargadas de garantizar las condiciones necesarias para que los comparecientes desarrollen proyectos restaurativos derivados de las sanciones propias. El texto también abre la puerta a la participación voluntaria de organizaciones privadas, organismos de cooperación y ONG, al señalar que “para facilitar dicha implementación y promover la participación de la sociedad civil, las disposiciones del presente decreto serán aplicables a las organizaciones privadas, organismos multilaterales y de cooperación, entidades sin ánimo de lucro y organizaciones no gubernamentales (ONG), que asuman voluntariamente la responsabilidad de participar en los proyectos restaurativos”.Magistrados de la JEP. Foto:MAURICIO MORENOUno de los ejes centrales del decreto es la definición de las “condiciones de dignidad”. Según el artículo tercero, estas comprenden “aquellos bienes y servicios indispensables para la ejecución de los proyectos restaurativos en condiciones de dignidad, incluidos el acceso a vivienda digna, alimentación, transporte, salud, sanidad, asegurabilidad, herramientas, conocimiento y protección integral de los derechos humanos de los comparecientes”. El texto subraya que dichas condiciones “no constituirán contraprestación económica ni salarial”.El capítulo dedicado a las garantías de seguridad y salud establece que las entidades públicas deberán asegurar que la ejecución de los proyectos restaurativos no implique riesgos indebidos. El artículo cuarto indica que las condiciones de dignidad “no constituirán beneficios económicos para los comparecientes, ni podrán entenderse en ningún caso como contraprestaciones o remuneraciones por la realización de un servicio”. Para los exintegrantes de las Farc, la competencia en materia de seguridad recaerá en los mecanismos definidos en el Acuerdo Final y sus decretos reglamentarios, mientras que para los comparecientes de la Fuerza Pública se prevé una coordinación entre el Ministerio de Defensa, la Unidad Nacional de Protección y la JEP.El borrador también regula de forma detallada la afiliación al sistema de salud. El artículo octavo dispone que “los comparecientes que vayan a ejecutar sanciones propias (…) serán afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud”, ya sea en el régimen contributivo, especial o subsidiado, según corresponda. En los casos en que no exista afiliación previa, se ordena la vinculación inmediata al régimen subsidiado, bajo verificación de la JEP y coordinación con el Ministerio de Salud.Firmantes de las Farc. Foto:Juan Carlos Escobar / Archivo EL TIEMPOEn materia de riesgos, el decreto obliga a las entidades responsables de los proyectos a contratar pólizas de seguros. El artículo décimo establece que deberá existir una cobertura que “cubra los riesgos de gastos médicos, invalidez e incapacidad total o permanente y/o muerte derivados de la ejecución de la sanción propia”, con carácter tanto asistencial como indemnizatorio.El texto dedica un capítulo específico a la habitabilidad y la seguridad. El artículo 14 señala que las entidades deberán “garantizar espacios adecuados para el cumplimiento de las sanciones propias (…) así como las condiciones locativas adecuadas y dignas, ajustadas a los estándares constitucionales e internacionales de derechos humanos”. En el caso de comparecientes de la Fuerza Pública, se precisa que el Ministerio de Defensa asegurará la residencia y las condiciones de habitabilidad en unidades militares o policiales, como parte del componente de restricción efectiva de derechos.En cuanto a los protocolos de seguridad, el artículo 15 dispone que estos deberán articularse con los Consejos de Seguridad Territoriales y los Comités Territoriales de Justicia Transicional, y advierte que “en caso de recibir un concepto negativo de seguridad para la ejecución del proyecto, esta deberá posponerse hasta que se garanticen condiciones de seguridad adecuadas o, alternativamente, se deberá poner en consideración la modificación del territorio de ejecución”.Alejandro Ramelli, presidente de la JEP. Foto:JEPFinalmente, el decreto fija reglas de seguimiento, verificación y financiación, dejando claro que la JEP mantendrá el monitoreo judicial del cumplimiento de las sanciones, mientras que las entidades ejecutoras deberán responder por la implementación material de las condiciones ofrecidas. Todo ello, subraya el artículo 19, deberá realizarse “con sujeción a las disponibilidades presupuestales del Marco Fiscal de Mediano Plazo y del Marco de Gasto de Mediano Plazo”.Juan Diego Torres – @JusticiaET – dielas@eltiempo.com