“La vamos a matar por sapa”. Ese mensaje, aunque ya lo había recibido durante años, tenía un tinte diferente para Alfamir Castillo, lideresa comunitaria del Valle del Cauca. Esta vez el sentimiento de angustia toco fondo en ella, pues la frase llegó a su celular justo cuando tenía enfrente a decenas de militares de la antigua contraguerrilla Mártires de Puerres, procesados en una audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que delimita su responsabilidad por las ejecuciones extrajudiciales que el Ejército cometió en el Valle y otras regiones del Eje Cafetero.Era mayo de 2025 y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas presidía una audiencia de consolidación de verdad de estos militares, quienes se juegan un espacio en esa Jurisdicción a cambio de entregar datos inéditos de la guerra. Alfamir Castillo había asistido con esperanza, pues es la punta de lanza de al menos 20 familias del Eje cafetero quienes llevan, desde inicios de los 2.000, alegando respuesta por el asesinato a sangre fría de sus hijos, hermanos y padres, inocentes. Su voz es invaluable en la región, pero ello tiene un precio, pues el trabajo comunitario en Colombia es, a todas luces, una labor de vida o muerte. Aquí, cada dos días asesinan a un líder social.Alfamir Castillo, lideresa social de víctimas en el Eje Cafetero. Foto:Alfamir CastilloLa cruda estadística es del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), el cual, a través de alertas regionales e información distribuida desde las entrañas del país, año a año realiza un compilado sobre el asesinato de líderes sociales en Colombia. En todo 2025, al menos 187 personas que sostienen tal condición fueron acalladas, en su mayoría por ataques sicariales. En promedio, una cada dos días, sin contar el subregistro que pueda darse en un país donde la verdad, como en el caso de Castillo, tiene enemigos en todas direcciones.Según Indepaz, los liderazgos más silenciados son, en su mayoría, los comunales, comunitarios, indígenas, políticos y campesinos. No obstante, casi que todo proceso territorial social es blanco de armados, pues han sido asesinados, además, líderes sindicales, LGBTIQ+, culturales, afrodescendientes, de juventudes, reclamantes de tierras, ambientalistas, de sustitución de cultivos, mineros, periodistas, de víctimas del conflicto, de procesos asociativos económicos y hasta servidores públicos en defensa de derechos humanos.La cacería no cesa. En lo que va de 2026, Indepaz ya tiene reporte de un total de siete asesinatos de líderes sociales. El último de ellos fue Rubén Antonio Ríos, de Pueblorrico (Antioquia), quien fue acribillado por hombres encapuchados en su municipio. Era presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Pica y se desempeñaba, adicionalmente, como fiscal principal de Asocomunal, puesto que iba a entregar este año. En esa región permanece con fuerza el ‘Clan del Golfo’ y bandas locales de crimen organizado. La jurisdicción es de la Séptima División del Ejército.Vidas que cuidarRobiro López es el representante legal de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, un grupo de campesinos desplazados del Urabá antioqueño, quienes desde 1997 se asociaron en fincas de la región. Una comunidad ampliamente reconocida a nivel internacional, incluso por El Vaticano, pues como institución se declararon neutrales ante el conflicto armado, y en sus territorios no permiten el ingreso a la Fuerza Pública, guerrilleros, ni reductos paramilitares. La tenacidad de su discurso ha sido perseguida de tal manera que, en 2005, paramilitares, en asociación con militares de la Brigada XVII del Ejército, perpetraron la masacre de ocho miembros de la comunidad, incluyendo cuatro niños. Uno de ellos solo tenía cinco años.En diálogo con EL TIEMPO, Robiro López señala que el panorama para él, como líder, es sombrío. “No puede uno movilizarse solo para ningún lado. Las dificultades con esos grupos paramilitares continúan. Aunque se esté supuestamente en proceso de diálogos con el gobierno (en referencia al ‘Clan del Golfo’), igual la presencia está permanentemente en las veredas. Se les nota o los vemos pasar por los caminos de civil, con mulas cargadas de mercado como para tropas. La presencia está y eso hace que sea muy riesgoso para uno continuar moviéndose por las veredas solo”, dijo.José Robiro López, líder campesino y territorial de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Foto:PBIEl líder social respondió a las preguntas desde una vereda de Apartadó, en el Urabá Antioqueño. Esta es, justamente, una de las regiones del país donde más se asesina a lideres sociales. Con respecto a 2025, según las cifras de Indepaz, el departamento más golpeado fue Cauca, con 40 casos. Luego siguió Antioquia con 30; Valle del Cauca con 17; Norte de Santander con 13; Bolívar con 10; Santander con 10; y Guaviare con nueve. Las cifras incluyen otros 19 departamentos y a Bogotá como capital.El caso referente al de la capital es el del precandidato presidencial por el Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, impactado con arma de fuego por un sicario de solo 15 años en el occidente de Bogotá. El expediente fue denominado magnicidio, por la incidencia social y política de Uribe Turbay en la sociedad, como unos de los llamados a ocupar el puesto de presidente de la República, bajo las banderas del Centro Democrático. Aunque la Fiscalía tiene imputados y en prisión a seis procesados, incluyendo el gatillero, medio año después no se sabe quién asesinó a la víctima.Y si el riesgo está latente en la ciudad capital, las regiones más apartadas de la centralidad persisten en zozobra constante. Así lo refirió Gabriel Marrugo Ávila, líder social indígena de Riosucio, en Chocó. “Desde hace varios años he venido denunciando de manera pública y directa el abandono histórico del Estado, la violencia estructural, la corrupción local y las graves vulneraciones a los derechos humanos que afectan a las comunidades indígenas y afrodescendientes. Defender la vida, el territorio y la dignidad humana sigue siendo una actividad de alto riesgo. Y quiero que sepan que el silencio institucional también mata”, respondió.Luces y sombras. Esa es el balance que el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) hace sobre la situación. “Las luces son que hay mucha gente que defiende derechos humanos y hay mucho liderazgo social. Colombia, en ese sentido, es como pocos Estados. El organismo otorga muchas medidas cautelares de protección que son atendidas por las instancias correspondientes de Colombia, pero debe haber una apuesta del Estado de mayor claridad y de mayor hondura”, le dijo a EL TIEMPO.José Luis Caballero, presidente Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Foto:Sergio Acero Yate . EL TIEMPOLos firmantes de pazEl Acuerdo de Paz, entre el Estado y las antiguas Farc, no es garantía de seguridad para los excombatientes. Así lo demuestra el caso de Danny Leandro Holguín, quien el pasado 10 de diciembre fue asesinado de un disparo en la cabeza, en el municipio de Vistahermosa (Meta). Como firmante de los compromisos, venía cumpliendo labores de resocialización en el ETCR Georgina Ortiz de esa municipalidad. Lo único que se sabe sobre el crimen es que un menor de edad, también en moto, lo persiguió y lo ultimó en presencia de la comunidad.Los datos del firmante asesinado a finales de 2025. Foto:IndepazLa masacre de firmantes se cuenta por decenas. Solo en el año pasado se reportaron 39 hechos, y en 2024 la cifra alcanzó los 31. “Ya estamos cerca de los 500 firmantes del Acuerdo asesinados. Los buscan porque tienen los conocimientos de la guerra, del territorio y eran líderes sociales, también”, explicó Leonardo González, director de Indepaz. De acuerdo con el más reciente informe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, todavía más de 11.000 excombatientes siguen participando del proceso de reincorporación. Sus estadísticas muestran que al menos 487 han sido asesinados y 168 han sido víctima de intento de homicidio. La Corte Constitucional, de hecho, la Corte Constitucional declaró, en 2022, que existe un estado de cosas inconstitucional con respecto a los firmantes. Es decir, una grave y masiva violación de derechos humanos.Así las cosas, Colombia sigue siendo un país donde el liderazgo social y la búsqueda de la paz, con fines comunitarios, puede pagarse con la vida. Las cifras se cuentan por decenas, pero cada historia particular, como explican las fuentes consultadas, permite conocer la crudeza con la que son exterminados y el vacío que dejan en sus comunidades. Cada dos días asesinan a un líder social, pero vale la pena tener en cuenta, también, cuántos procesos comunitarios y cuántas ideas para un país mejor caen a la par.Jhoan Sebastian Cote Lozanojhocot@eltiempo.com@SebasCote95 en XMÁS INFORMACIÓN EN SECCIÓN JUSTICIA