Ad portas de que fuera acusado por la Fiscalía ante la Corte Suprema, Juan Carlos Granados fue ternado y elegido como magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Al ponerse la toga, su fuero trasladó los procesos penales en su contra a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, un órgano caracterizado por su paquidermia y las tendencias políticas de los congresistas como jueces. Allí, el expediente lleva ‘dormido’ cuatro años largos.Desde 2021, a la Cámara llegaron dos procesos: uno al despacho del representante conservador Juan Carlos Wills y otro al de la congresista del Pacto Gloria Arizabaleta. Ambos se encuentran activos y, según voces de la Comisión de Acusaciones, “no tienen riesgo de prescripción por la acumulación de conductas punibles”. Magistrados Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Foto:Rama JudicialSin embargo, se han mantenido inertes durante más de cuatro años y, de respetarse los acuerdos, Granados, actual vicepresidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, llegaría a la Presidencia de esta corporación el próximo año sin que se haya resuelto su situación jurídica.A Granados se le investiga por presuntamente haber intentado favorecer a la multinacional Odebrecht en un proceso licitatorio de un contrato vial a cambio de una jugosa coima de 200 millones de pesos. Por este presunto hecho de corrupción fue imputado desde 2018 por concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias.Su proceso ante la Corte Suprema sufrió de dilaciones. Postergó la audiencia de acusación más de tres meses asegurando que no tenía abogado. En su momento, decía que no había logrado llegar a una cuerdo con Darío Bazzani sobre sus honorarios para que lo representara. La Corte tuvo que ponerle un ultimátum para que compareciera, advirtiéndole que, de no resolver su defensa, continuaría el proceso con un abogado de oficio. Sin embargo, al llegar Granados a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el proceso pasó al Congreso y se empantanó. La acusación a la que tuvo acceso este diario señala que, “(…) siendo candidato a la gobernación de Boyacá para el periodo 2012-2015, en el año 2011, participó activamente en una reunión efectuada en la casa de quien para esa época fuera parlamentario (Plinio Olano), en la que además participaron el representante de Odebrecht en Colombia, Luiz Alberto Bueno Junior, y Federico Gaviria Velásquez, exponiéndole al candidato su plan de gobierno, haciendo énfasis en lo relacionado con el proyecto de la vía Duitama-Charalá-San Gil”. Odebrecht Foto:EL TIEMPOEl acuerdo de este entramado criminal fue el supuesto ‘apoyo’ de Odebrecht a la campaña de Granados Becerra con 200 millones de pesos que, según la Fiscalía, fueron entregados en efectivo “al parlamentario en una reunión posterior realizada en ese mismo lugar”.A cambio, la firma sería favorecida en proyectos de infraestructura en Boyacá durante la administración del ahora magistrado, específicamente “en el proyecto vial Duitama–Charalá–San Gil, que conecta los departamentos de Boyacá y Santander (…)”.El otro dosier, el 5573, que también está engavetado en el Congreso, se relaciona con un supuesto tráfico de influencias por su mediación en el contrato para la ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Salitre, en su entonces rol de gobernador y presidente de la junta directiva de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.“Probablemente inclinó su deber en favor de Odebrecht y/o Plinio Olano en el proceso contractual de la vía Duitama–Charalá. Esto conlleva a la comisión del delito de tráfico de influencias de servidor público, por su posible injerencia, al integrar la junta directiva de la CAR, en el contrato para la optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales de Bogotá; en concreto, para lograr la precalificación de Odebrecht en dicho proceso (…)”, se lee en el documento.EL TIEMPO se comunicó con el magistrado Granados Becerra para conocer su versión sobre los avances de los procesos en su contra, pero no obtuvo respuesta. Reunión Petro-Trump Foto:El ahora vicepresidente de la CNDJ ha sido ponente en destituciones de jueces. Recientemente, fue ponente en la formulación de cargos contra la fiscal auxiliar Claudia Patricia Vanegas, investigada por no pedir indagación contra el senador José Alfredo Gnecco en el ‘cartel de la toga’. En 2024 recibió el Premio a la Excelencia como magistrado.Según la declaración de conflicto de interés publicada en Función Pública, el magistrado reportó en 2022 tres vehículos, un apartamento, cuentas por cobrar y aportes avaluados en 2.000 millones de pesos.No obstante, pese a llevar cinco años como magistrado, la declaración de renta más reciente disponible en Función Pública es la de 2021, publicada en mayo de 2023. No aparecen las de 2022, 2023 ni 2024. En materia de conflictos de interés, la última registrada también es la de 2022.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia