Durante el Diálogo de Rendición de Cuentas 2025 el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Alejandro Ramelli, se refirió a la serie de propuestas de cierre o modificaciones de cara a las elecciones presidenciales y legislativas.“Ante dicho escenario tan complejo y desalentador, invito a la reflexión, a actuar con responsabilidad, a dar un debate profundo e ilustrado, a someter tales propuestas al tamiz de los derechos de las víctimas, a la seguridad jurídica de los comparecientes y al cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano”, aseveró.Enseguida, el presidente Ramelli resaltó que la JEP da cuenta de muchas historias de vida que permiten dimensionar la construcción de la verdad, la cual ha sido posible gracias al avance de los 11 macrocasos abiertos por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción. En siete de ellos se ha imputado a los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos del conflicto armado colombiano.“Acabar la JEP no es simplemente terminar con una entidad más del Estado colombiano, un asunto presupuestal o burocrático; es arrasar de tajo con la esperanza, con un anhelo de reconciliación nacional, es dejar sin respuesta, una vez más, las preguntas que se hacen miles de víctimas, es ocultar para siempre verdades dolorosas impidiéndonos construir un mejor futuro, es darle pie al negacionismo que nos sumiría en el oscurantismo , la ignorancia y la frivolidad, es truncar el anhelo de las comunidades y los territorios, de cientos de voces que, por primera vez, han sido escuchadas”, indicó.Rendición de cuentas de la JEP. Foto:Milton Díaz/EL TIEMPO.Asimismo, se refirió a las dos sentencias restaurativas: la primera contra los siete exintegrantes del último secretariado de las Farc por secuestros y contra 12 exmilitares del Batallón ‘La Popa’ por 135 casos de asesinatos y desapariciones forzadas en la Costa Caribe.Por último, la sentencia adversarial contra el coronel (r) Publio Hernán Mejía, condenado a 20 años de cárcel por no aceptar responsabilidad ni aportar verdad respecto de 35 hechos y de crímenes contra 72 personas, incluidas tres mujeres y tres menores de 17 años.Luego, el secretario ejecutivo de la JEP, Harvey Danilo Suárez, expuso que “en menos de ocho años hemos logrado casi seis veces más imputaciones que la suma de las realizadas en varios tribunales internacionales”.La JEP ha llegado a 307 personas imputadas o acusadas, cifra que es 3,8 veces superior al promedio de acusados en los otros sistemas de juzgamiento de crímenes internacionales (80,75 acusados). Esto en 8 años de funcionamiento, que es 57% menos del tiempo promedio. empleado por los otros tribunales (18,5 años).El secretario ejecutivo de la JEP, Harvey Danilo Suárez. Foto:Milton Díaz/EL TIEMPO.Por su lado, Giovanni Álvarez Santoyo, director de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), aseguró que las primeras tres sentencias emitidas por la JEP otorga verdad, justicia y reconocimiento a las víctimas. “No se construye un proceso de paz si las víctimas no están en el centro y si no logramos que ellas mismas y los comparecientes trabajen para la reconstrucción de la paz de este país”, puntualizó.Giovanni Álvarez Santoyo, director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. Foto:Milton Díaz/EL TIEMPO.Luego de los paneles iniciales, el encuentro dio paso al primer conversatorio, un espacio clave para explicar uno de los engranajes menos visibles —pero más decisivos— de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Allí participaron el magistrado Mauricio García, presidente de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ), y el magistrado Pedro Mahecha, de la Sala de Amnistía e Indulto (SAI). La conversación fue moderada por Jhon Torres, editor de País de EL TIEMPO.A lo largo del diálogo, los magistrados insistieron en que, a diferencia de procesos de paz anteriores en Colombia —como los que involucraron al EPL o al M-19—, las amnistías otorgadas por la JEP no son automáticas ni definitivas. Están sujetas a condiciones estrictas y solo cobijan conductas cometidas antes del 1.º de diciembre de 2016.“El otorgamiento de la amnistía no termina ahí”, explicó el magistrado Mahecha. Según detalló, quien recibe ese beneficio queda comprometido, mientras esté vigente la JEP, a cumplir una serie de presupuestos y condicionamientos. El incumplimiento de esas obligaciones puede llevar incluso a la expulsión del sistema. Además, subrayó una diferencia central frente a otros procesos: los crímenes de guerra, las graves violaciones a los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio no son susceptibles de amnistía dentro de este esquema de justicia transicional.Entre 2018 y 2024, la Sala de Amnistía e Indulto concedió 970 amnistías y negó 197. Solo en el último año, se concedieron 160 y se negó una.Los magistrados Pedro Mahecha y Mauricio García y el editor de EL TIEMPO Jhon Torres. Foto:Milton Díaz/EL TIEMPO.Por su parte, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas cumple una función que el magistrado García definió como la del “filtro del sistema”. Su objetivo es evitar que personas sin derecho a los beneficios intenten ingresar a la JEP en busca de impunidad. De acuerdo con García, la sala ha resuelto la situación jurídica de más de 11.700 comparecientes.Además, hubo 474 renuncias a la persecución penal, 106 preclusiones de la investigación, nueve extinciones de la acción penal y una cesación del procedimiento. A ello se suman 19 expulsiones de la JEP por incumplimientos al régimen de condicionalidad.García recordó que la JEP está concebido bajo los lineamientos del Estatuto de Roma y la Convención Americana de Derechos Humanos, y que su mandato es investigar, juzgar y sancionar, con especial énfasis en los máximos responsables.“Más del 90 % de los comparecientes son considerados partícipes no determinantes, personas que no tuvieron un papel preponderante en los hechos victimizantes. Frente a ellos, la Sala de Definición tiene el mandato de resolver su situación jurídica definitiva, siempre de manera condicionada”, explicó.A los comparecientes, explicó, se les exige verdad exhaustiva y detallada, medidas claras de reparación y restitución a las víctimas, y garantías de no repetición. Ese control se ejerce a través de un régimen de condicionalidad estricto, que ha permitido excluir a quienes no cumplen, especialmente en materia de verdad. Cerca de 3.200 personas han sido rechazadas o inadmitidas por falta de competencia o por incumplimientos, y alrededor de 600 han obtenido una solución jurídica por la vía no sancionatoria, principalmente mediante la renuncia a la persecución penal.“La Sala de Definición evita que se filtren en la JEP”, concluyó García. Una función poco visible, pero fundamental, que —según los magistrados— ha permitido depurar el sistema y concentrar los esfuerzos en los casos que realmente le interesan a la jurisdicción: aquellos en los que hay aportes efectivos de verdad para las víctimas y compromisos reales de reparación y no repetición.En los próximos días habrá una reunión entre la JEP y la defensa de ‘Macaco’. Foto:Cortesía JEPEl segundo conversatorio fue ‘El rol de las mujeres en la Justicia Transicional Restaurativa’, contó con la participación de seis mujeres de diferentes regiones del país.Olga Luz Acevedo dijo: “Gracias a la JEP por tener ese sentido humano, por la apropiación de nuestros requerimientos (…) Llevamos siete hallazgos, pero nosotras nos proyectamos y conservamos la fe de encontrar a esas 502 personas que tenemos desaparecidas”.Por su lado, María Omaira López hizo un llamado a hacer pedagogía con las mujeres para que conozcan la justicia de la JEP como una nueva oportunidad de tener justicia y verdad, lo cual implica “hacerlo con humanidad y teniendo en cuenta la situación psicosocial o de salud mental de quienes se acercan a esa justicia”.Carolina Castro dijo que gracias a la JEP ha podido conocer una verdad escondida: “Gracias, porque en este proceso pude devolverle la dignidad a mi esposo (…) Estamos en una sociedad que es buena para juzgar y que todo lo justifica. He visto cómo justificamos la violencia, pero cuando llegué a la JEP y rescaté la dignidad de mi esposo, pude regresar al pueblo con la frente en alto”.Juan Diego TorresDielas@eltiempo.com