El asilo del expresidente panameño Ricardo Martinelli y la fuga de dos altas fichas del Gobierno investigadas por el caso UNGRD fueron dos hechos que Transparencia por Colombia recogió en su informe anual sobre corrupción y que ensombrecieron el tercer año del gobierno del presidente Gustavo Petro. Estos episodios, sumados a la débil gestión del mandatario en la materia, fueron clave para que esta ONG le pusiera una mala nota al Ejecutivo en la lucha anticorrupción.En el diagnóstico también se expusieron las debilidades de los sistemas y de la lucha anticorrupción que, pese a ciertos esfuerzos, sigue sin mostrar una estrategia articulada ni resultados concretos.Ricardo Martinelli llegando a Colombia en su jet privado. Foto:Archivo particularTransparencia hizo un contexto general sobre la situación político-social del país en el último año, marcado por la expansión de los grupos armados ilegales, una alta polarización y una creciente crisis institucional, principalmente por la tensa relación Ejecutivo – Rama Judicial. En medio de este panorama, los ecos del escándalo de corrupción por el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) siguen retumbando. Principalmente por la vinculación formal de altas fichas del Gobierno, como Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, y César Manrique, exdirector de Función Pública, quienes se encuentran prófugos luego de que un juez les dictara medida de aseguramiento y no se presentaran ante la justicia.Ambos han sido cercanos al Presidente y fueron nombrados por él directamente. Por eso, afirma Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, “le ha faltado hacer más al primer mandatario”, quien ha optado por guardar silencio frente a su situación jurídica.De este caso, además, se desprenden indagaciones que hoy involucran al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, ambos designados por Petro.El asilo de MartinelliOtra situación que cuestiona Transparencia ha sido el asilo concedido al expresidente panameño Ricardo Martinelli, condenado por corrupción en su país. Tras permanecer más de un año refugiado en la embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá, el Gobierno del presidente Petro le abrió las puertas de Colombia, otorgándole refugio como preso político.Carlos Ramon González, exdirector del Dapre Foto:El Tiempo“Martinelli, condenado a más de diez años de prisión por lavado de activos, recibió asilo en Colombia tras la intervención directa del presidente Gustavo Petro. No obstante, en Panamá persisten controversias judiciales, incluida su vinculación al caso Odebrecht y otros procesos por corrupción internacional. En ese sentido, el asilo otorgado por Colombia ha sido considerado como una grave afrenta al sistema judicial panameño y un retroceso en la lucha contra la corrupción, pues esta decisión erosionó la credibilidad institucional de Panamá”, se lee en el informe.La lucha contra la corrupciónLa ONG también hace un examen sobre el andamiaje institucional en la lucha contra la corrupción. El Gobierno obtuvo pobres resultados. El diagnóstico general fue una falta de articulación entre las instituciones y un avance paquidérmico de las estrategias. Por ejemplo, la Estrategia Nacional de la Lucha Contra la Corrupción, contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo, se quedó en el papel. “El decreto que finalmente la reglamenta presenta acciones aisladas, con escasa articulación y sin evidencia clara sobre el impacto previsto”, se lee en el informe.Así mismo, abordó la llamada Mesa contra la corrupción, una iniciativa del presidente Gustavo Petro en respuesta al escándalo de la UNGRD.“Aunque la mesa tenía como objetivo coordinar acciones desde el más alto nivel del Ejecutivo, su funcionamiento ha sido limitado. Inicialmente se propuso que se reuniría una vez al mes; sin embargo, hasta la fecha solo se han realizado dos sesiones, en agosto y octubre de 2024”, señala el informe.César Manrique Soacha, ex director de Función Pública. Foto:Redes sociales.También expuso las debilidades de la Secretaría de Transparencia de Presidencia, que enarboló el discurso sobre la importancia de visibilizar “el vínculo entre la corrupción, las vulneraciones a los derechos humanos y las víctimas de este flagelo”. Y aunque en los primeros años de Gobierno se promovió la conformación de una red de víctimas, el proyecto no tuvo continuidad.Otra de las aristas que desnudó el informe fue el programa de protección al denunciante, un músculo clave en la lucha anticorrupción, que se viene trabajando en articulación con la Dirección de Inspección Criminal, Interpol y la Fiscalía.Otra de las aristas que desnudó el informe fue el programa de protección al denunciante, un músculo clave en la lucha anticorrupción, que se viene trabajando en articulación con la Dirección de Inspección Criminal, Interpol y la Fiscalía. Según datos del Ministerio de Defensa, producto de estas denuncias ciudadanas, entre el 7 de agosto de 2022 y el 17 de mayo de 2025 se han realizado 211 operaciones, se han adelantado investigaciones asociadas a recursos por 8 billones de pesos, se ha logrado la captura de 480 personas, 272 imputaciones, 71 allanamientos, 312 incautaciones y 5 extradiciones.Sin embargo, este canal tampoco se ha logrado fortalecer con incentivos que lo potencien. Gestión PúblicaTransparencia también hizo un llamado sobre la gestión pública, que en los últimos años “ha estado marcada por el uso extendido de figuras que exceptúan la aplicación de las reglas generales”, entre estas la declaratoria del estado de conmoción interior o la activación de la cláusula de escape para romper la regla fiscal.”Estas condiciones excepcionales no solo dificultan la trazabilidad de los recursos, sino que también generan otros riesgos, como la atomización de las inversiones y un aumento en la discrecionalidad”, señala la organización. Los cuatro alfiles presidenciales que han caído en el escándalo de corrupción de la UNGRD. Foto:ArchivoFinalmente, de cara a las elecciones que se avecinan, alertó sobre el fortalecimiento del sistema electoral y reiteró en la “necesaria” reforma política que reglamente la financiación de campaña. Si bien en el Congreso se tramitaron dos proyectos con este enfoque -que se hundieron a mitad de camino- “ambas iniciativas terminaron incluyendo disposiciones ampliamente cuestionadas por distintos sectores políticos y de la sociedad civil. Entre ellas, la posibilidad de que los congresistas cambiaran de partido sin perder su curul —lo que abría la puerta a nuevas formas de trasfuguismo político—, así como la figura de la puerta giratoria, que permitiría a congresistas pasar de manera inmediata a ocupar cargos en el Gobierno nacional (como ministros o altos funcionarios) y luego regresar a su escaño, debilitando el principio de separación de poderes”.Transparencia resaltó negativamente los constantes “ataques verbales del Presidente a los magistrados del Consejo Nacional Electoral”, luego de que este órgano abriera una investigación por una presunta violación de los topes de campaña. “En sus pronunciamientos, llegó a calificar la actuación del CNE como el inicio de un golpe de Estado”, agrega el informe.Según la ONG, flaco favor le hace al sistema electoral el presidente Petro con sus críticas al registrador y al contrato adjudicado a la empresa Thomas Greg & Sons, encargada de la logística electoral. “Petro ha cuestionado públicamente el manejo de las bases de datos y la idoneidad técnica de esta firma, asegurando que dichos factores podrían comprometer la transparencia y legitimidad de las elecciones de 2026”, sin que, al final, dé puntadas en fortalecer este modelo.#Colombiaen5 Foto:“Aunque la Política Criminal Electoral 2022–2025 es un instrumento importante, la respuesta del Gobierno Nacional no ha sido eficaz, sostenible ni pertinente, pues su implementación ha carecido de un liderazgo eficiente, articulación interinstitucional y seguimiento técnico riguroso”, concluye el estudio.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia