
Desde el pasado junio, la Administración federal mexicana asignó casi 350 millones de pesos a la empresa Servicios Empresariales Blanroj. En más de 90 contratos, por suministrar principalmente de insumos médicos y uniformes, esta compañía y sus dueños cobraron el equivalente a unos 20 millones de dólares. Pero estas adjudicaciones se saltaron la ley, ya que esta razón social comparte socios y representantes legales con Biomics Lab de México, a la que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inhabilitó para recibir contratos públicos por inconsistencias y sobreprecios en la Compra Consolidada de Medicamentos 2025-2026. Justo estos sobrecostes llevaron a la cancelación de este proceso, el enésimo intento del Gobierno mexicano de solucionar el desabastecimiento de medicamentos en los servicios públicos de salud. Varios nombres unen a las dos empresas. En las actas constitutivas de ambas compañías aparece como socio Felipe García Rocha. También en Biomics Lab está el accionista Marlón Jair Flores Pérez, que funge como representante legal en Servicios Empresariales Blanroj. Además, Moisés Pérez Guzmán registra actos para las dos empresas en el mismo notario. En una tercera empresa, salen como representantes tanto García Rocha como Mario Piña Hernández, socio en Servicios Empresariales Blanroj. Se les preguntó por estas conexiones y contratos, pero a cierre de edición no habían contestado. A finales de abril de 2025, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó una circular en la que se comunicaba a todas las dependencias de México que, por 15 meses, debían abstenerse de recibir proposiciones o adjudicar contratos a Biomics Lab de México SA de CV “de manera directa o por ‘interposita persona’”. Esta expresión latina se refiere a una “persona que, aparentando obrar por cuenta propia, interviene en un acto jurídico por encargo y en provecho de otro”. La razón de la inhabilitación, según se dijo entonces en una conferencia de prensa encabezada por la presidenta, Claudia Sheinbaum, y la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, fue por su participación en la Compra Consolidada de Medicamentos 2025-2026. Durante este proceso, se detectaron irregularidades como venta con sobreprecio de medicamentos y falsificación de documentos por parte de Biomics Lab de México. Además, anunciaron que se estaba investigando a otras 16 compañías. Esta licitación de medicamentos se canceló ya que calculaban un sobrecosto de 13.000 millones de pesos, unos 640 millones de dólares al cambio de entonces. De 2020 a 2024, Biomics Lab tuvo muy pocos contratos públicos: escasos 76 millones de pesos en 89 procesos, la inmensa mayoría por adjudicación directa. Pero en 2025 se presentó a la Compra Consolidada de Medicamentos 2025-2026 y se le adjudicaron compras por más de 1.500 millones de pesos. Estas son las que fueron canceladas por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y, casi sin solución de continuidad, apareció en las contrataciones públicas Servicios Empresariales Blanroj, dedicada según sus documentos a los servicios audiovisuales. Prácticamente en los mismos rubros, Servicios Empresariales Blanroj ha recibido 350 millones de pesos en más de 90 contratos. Estos incluyen invitaciones a participar y adjudicaciones directas justificadas en la cancelación de la Compra Consolidada de Medicamentos 2025-2026 en la que su empresa hermana fue sancionada por sobreprecio de medicamentos y falsificación de documentos. A finales de 2025, Servicios Empresariales Blanroj, registró un cambio en el “objeto de la sociedad” a la fabricación de medicamentos. México arrastra un problema con el suministro de medicinas desde 2019, cuando la Administración de Andrés Manuel López Obrador cambió el sistema de compras de medicamentos para que en lugar del experimentado Instituto Mexicano del Seguro Social se hiciera cargo una inexperta Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además se vetaron a las tres principales distribuidoras de medicamentos en el país, con acusaciones de oligopolio. Desde entonces, el país no ha logrado tener un abastecimiento estable, pasando por diversos proyectos para intentar solucionarlo, que incluyen una fallida intervención de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos y la inoperante Megafarmacia del Bienestar. La Compra Consolidada de Medicamentos 2025-2026 es una vuelta al modelo previo a la llegada de la Cuarta Transformación. Pero, de acuerdo a los críticos con el sistema, el proceso arrancó demasiado tarde, llevando a que la publicación de los fallos se diera con 2025 ya arrancado. Además, tras la cancelación de los contratos, se abrió la posibilidad de adjudicaciones directas. Se preguntó a la Secretaría de Salud y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno por estas irregularidades y qué consecuencias podría tener, pero tampoco contestaron a tiempo.
Biomics Lab: Una farmacéutica inhabilitada por sobreprecios sigue logrando contratos públicos
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