En la audiencia de imputación de cargos contra los exministros del Interior y de Hacienda, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, la Fiscalía subió el tono de las acusaciones y calificó como una “organización criminal” el esquema que, con dineros públicos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Invías, habría comprado el voto de algunos congresistas para avalar las reformas sociales del Gobierno.La fiscal del caso María Cristina Patiño fue directa en señalar a la senadora indígena del Pacto Histórico Martha Peralta como la articuladora del ‘carrusel’ de contratos en la Comisión Séptima, orquestado por el exministro Velasco y Olmedo López, exdirector de la UNGRD.Corte Constitucional Foto:Cortesía”Luis Fernando Velasco Chávez le ordenó a Olmedo de Jesús López Martínez, en junio de 2023, apoyar la reforma pensional. Para ello debía asistir a uno de los debates en la Comisión Séptima del Senado y entregar contratos a determinados congresistas con el fin de ampliar las mayorías en esa célula parlamentaria”, aseguró la Fiscalía. Entre las pruebas de este “negocio” criminal, la Fiscalía señaló la asistencia de Olmedo López al debate de la Comisión el 13 de junio de 2023 —cuando se discutía la reforma pensional—, donde habría acordado con Peralta Epiayú gestionar proyectos dentro de la UNGRD para asegurar el ‘sí’ de los congresistas.Según los relatos de las fichas del entramado, incluido el propio López, la senadora Peralta medió las peticiones de los congresistas que estaban “inconformes por la escasa participación que tenían del Gobierno” y direccionó la contratación de la entidad a favor de esos parlamentarios.Esta incriminación sobre la aprobación de una ley a punta de sobornos y tráfico de influencias le juega en contra al estudio de constitucionalidad que adelanta la Corte. Discusión de la reforma pensional en la comisión séptima. Foto:ColpensionesEL TIEMPO había revelado en primicia que uno de los capítulos de la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez incluyó como motivo para declarar su inexequibilidad las coimas que, según la Corte Suprema de Justicia, habrían recibido los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle para favorecer los debates de esta y otras reformas del Gobierno. Y los detalles que revela esta nueva imputación, según fuentes de los despachos, podrían ser tenidos en cuenta cuando se reanude el debate, que sería agendado para el próximo año.“El magistrado ponente de la reforma pensional en la Corte fue muy claro. Solicitó información detallada sobre los avances del principio de oportunidad que se tramitaba contra Olmedo López y Sneyder Pinilla ante la Fiscalía, y pidió datos a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia sobre las indagaciones a los congresistas que habrían participado en el entramado. Desde el punto de vista material, un acto de corrupción es suficiente para declarar la inconstitucionalidad de una norma, tal como lo esbozó el magistrado Ibáñez”, le dijo a este diario el analista político Jairo Libreros. El penalista Fabio Humar coincide con esta tesis. “El magistrado Ibáñez ha sido tajante en defender que la reforma pensional se tramite con todas las garantías de la Ley Quinta, y si se llega a establecer judicialmente que esa ley fue aprobada en virtud de coimas y acuerdos oscuros, eso podría dar al traste con el aval que estudia la Corte Constitucional”.El abogado Saúl León también comparte el criterio jurídico. “Si llegase a probarse lo que denunció la Fiscalía en la audiencia de imputación, la Corte podría tener unos elementos de juicio adicionales para declarar la inconstitucionalidad de esta norma”.No obstante esta postura, netamente judicial, el tablero político también se está moviendo en la Corte Constitucional y estaría tomando fuerza la decisión “salomónica” de devolver por segunda vez la norma al Congreso. Tras el empate en la primera ronda deliberatoria de la ponencia del magistrado Ibáñez, este camino está convenciendo al menos a la mitad de los magistrados, quienes consideran que algunos de los vicios de procedimiento en las sesiones de subsanación se dieron, en parte, porque la Cámara se precipitó a debatir sin que se hubiera expedido el auto 841, que les impartía las pautas para su aprobación.Fiscalía pide cárcel para Nicolás Petro Foto:Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia