La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena contra los exgobernadores de Putumayo Fabián Alfonso Belnavis Barreiro, Carlos Alberto Palacios Palacio y Renzo Alfonso León Vargas por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. En la sentencia, la Sala de Casación Penal también ordenó su captura.Los exmandatarios locales están vinculados con irregularidades en la firma y ejecución de un convenio entre la Gobernación de Putumayo y la Secretaría Ejecutiva de la Organización Andrés Bello, que se había pactado para “coadyuvar a la gestión de programas y proyectos viables, tanto de los diferentes sectores del Plan de Desarrollo Departamental como otros que propendan por el fortalecimiento institucional de la Gobernación del Departamento del Putumayo”.Fabián Alfonso Belnavis Barreiro, exgobernador Foto:ArchivoEl convenio fue suscrito para brindar asistencia técnica en obras de infraestructura en los municipios de Santiago, Colón, Sibundoy, San Francisco, Mocoa, Puerto Leguízamo, Orito, Valle del Guamuez y San Miguel.Según el expediente de la Corte Suprema de Justicia, pese a que la organización internacional incurrió en varios incumplimientos, las administraciones autorizaron los pagos. Fueron más de 2.900 millones de pesos en contraprestación por la ejecución de 54 proyectos de infraestructura previamente seleccionados, obteniendo por esa gestión el 4,5 % de cada uno de los aportes en dinero del departamento.”Para la Sala, los procesados —que participaron en distintas etapas desde la firma del convenio hasta la orden de los pagos— sabían de las irregularidades y, de hecho, dieron instrucciones para dar apariencia de legalidad a esos actos administrativos”, informó la Corte.Renzo Alfonso León Vargas, exgobernador Foto:ArchivoEn la sentencia se expone que el convenio y la Carta de Acuerdo 001 de 2005 —en la que se fijaron los 3.000 millones por más de 50 proyectos— fueron tramitados y celebrados de forma irregular. Así mismo, se logró acreditar el grado de participación de los acusados. En el caso de Fabián Alfonso Belnavis Barreiro, “requirió el apoyo de diversas personas, quienes, desde sus competencias, aportaron lo necesario para seguir adelante con el proceso de contratación directa con la Secab”, se lee en la sentencia.”De acuerdo con las evidencias, para conseguir su propósito criminal, los procesados desplegaron un modus operandi recurriendo a la Secab y acordando que esa organización internacional aportaría algunos recursos para la ejecución del convenio marco y, con ello, se eludieron los postulados de la Ley 80 de 1993 para contratar de manera directa”, agregó la Corte.#FuerzaPública en #Antioquia han sido objeto de ataques Foto:Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia