Tras el peor atentado en años en una ciudad principal —el carro bomba contra la Base Aérea Marco Fidel Suárez en Cali— y, en simultáneo, el derribamiento de un helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia, la defensora del Pueblo habló con EL TIEMPO sobre las consecuencias humanitarias y el reacomodo que requiere la estrategia de seguridad del Gobierno.Hablemos de los atentados ocurridos en las últimas horas en Amalfi (Antioquia) y en Cali (Valle). ¿Qué hay detrás de esta escalada terrorista?Puede que no se trate de hechos que respondan a una sola situación; son hechos distintos. Voy a empezar por lo de Amalfi. Allí tenemos el reporte de un ataque a un helicóptero de la Policía. Hasta el último informe que recibí hace unos minutos, había 13 personas muertas, todos miembros de la Policía Nacional.Ellos fueron víctimas de un ataque aparentemente con drones, lo que habría provocado la caída del helicóptero y la muerte de los uniformados. Se trataba de policías que estaban en operaciones de erradicación de cultivos de uso ilícito, una estrategia que inició el Gobierno en varios municipios del país recientemente, y que claramente puede estar incomodando a los grupos armados. En Amalfi, en el nordeste antioqueño, hacen presencia tanto las disidencias de la línea de ‘Mordisco’ como el Clan del Golfo. Por eso, aún no se puede determinar la autoría; será la justicia la que deba esclarecer a quién se le pueden atribuir estos hechos.Cali se encuentra militarizada tras el atentado terrorista. Foto:@juanfotosadnNuestro llamado es a que las autoridades prevean los riesgos que se generan no solo para los miembros de la Policía, sino también para la población civil con el inicio de estas operaciones. Porque, si bien son necesarias —dada la expansión de los cultivos ilícitos en todo el país—, esas economías ilegales son el principal motor de los grupos armados, y evidentemente van a reaccionar de esta manera. Quiero manifestar mi solidaridad con los familiares de los policías fallecidos, con la Policía Nacional, y pedir al Gobierno que tome medidas preventivas frente a posibles ataques.Desde la Fuerza Pública han atribuido este ataque, el derribamiento del helicóptero en Amalfi, a las disidencias de ‘Calarcá’.Sí, pero en este momento es difícil confirmarlo. También se ha mencionado al ‘clan del Golfo’. La verdad es que ambos grupos tienen presencia en la región, y será necesario esclarecerlo.En todo caso, si se tratara de las disidencias de ‘Calarcá’, hay que recordar que con ellos hay un proceso de conversaciones en curso. Por lo tanto, deberían mostrar una actitud coherente que refleje voluntad de avanzar hacia la paz, y no la defensa de economías ilícitas.En Cali, defensora, el Presidente aseguró que el atentado fue una represalia por la incautación de una de las mayores cantidades de municiones en el suroccidente del país. ¿Qué ha identificado usted como móviles detrás del carro bomba instalado en inmediaciones de la base aérea?De nuevo, es difícil establecer con certeza las motivaciones específicas, así como la autoría. Aparentemente, todo indica que el ataque sería atribuible al frente ‘Jaime Martínez’ de las disidencias de ‘Mordisco’. Pudo haber varios factores: de un lado, ayer se cumplía un aniversario de la muerte de Jaime Martínez, y este grupo suele conmemorar esas fechas con ataques de este tipo, absolutamente inadmisibles, que además afectan a la población civil.De otro lado, hay que señalar que la Fuerza Pública mantiene desde hace meses una ofensiva contra estas disidencias en el suroccidente del país. Eso podría explicar que se trate de una represalia. Pero más que una confrontación armada, lo ocurrido fue un ataque a una base aérea que tuvo consecuencias indiscriminadas contra la población civil.Atentado en Cali, 21 de agosto Foto:@juanfotosadnQuiero expresar mi solidaridad con las familias de las víctimas. Tenemos reporte de seis personas muertas —una de ellas una mujer embarazada— y 71 heridas, entre ellas ocho menores de edad y tres adultos mayores. Varias se encuentran en estado crítico. Esto no hace parte de hostilidades militares ni de la guerra. Es un ataque que vulnera el Derecho Internacional Humanitario y que podría constituir un crimen de guerra, al causar daños indiscriminados en vidas y bienes civiles.El presidente Petro además anunció que pedirá que las disidencias de ‘Mordisco’, la ‘Segunda Marquetalia’ y el Clan del Golfo sean declarados como grupos terroristas a nivel internacional. ¿Qué implica esta decisión, defensora?Lo cierto es que el estatus político de las disidencias siempre debió estar en duda. Recordemos que alias ‘Mordisco’ tuvo la oportunidad de suscribir el Acuerdo Final de Paz en 2016. Ellos se declararon en disidencia, continuaron sus operaciones y no se sumaron al acuerdo. LEA TAMBIÉN Es bastante controversial sostener que aún mantienen la ideología de las Farc, aunque la reivindiquen simbólicamente y se autoproclamen con motivaciones políticas. Si uno observa sus actuaciones, lo que se evidencia es que defienden economías ilegales. Por ejemplo, en Jamundí, municipio cercano a Cali y parte de esta dinámica de violencia, hay grandes extensiones de cultivos ilícitos. Allí parece claro que lo que protegen no son intereses políticos, sino esas economías ilegales.Defensora, ya para cerrar: ¿qué lectura deja esta radiografía de orden público? Hay una percepción de que el conflicto armado se está agudizando.Las cifras muestran que en los últimos cinco años ha habido una expansión de todos los grupos armados. El que más se ha extendido es el ‘clan del Golfo’, pero las disidencias y los desertores, sumados, podrían estar en un nivel de expansión incluso mayor.Lo que vemos es que debe existir coherencia entre las políticas de seguridad, la política de paz y las políticas de prevención de violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Tanto en Amalfi como en Cali había alertas tempranas activas. Desde la Defensoría del Pueblo venimos haciendo recomendaciones, y la invitación al Gobierno nacional es a que, si bien esta situación no es fácil de revertir, sí debe haber una mayor coordinación, análisis de esas alertas y una respuesta integral.No se trata solo de fortalecer a la Fuerza Pública para proteger a la población. También se requiere justicia en las zonas rurales y, como ya lo vemos, en las ciudades: una acción integral del Estado.Finalizó el consejo de seguridad en Cali. Foto:: @juanfotosadnSara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia