“Me permito informar a mi coronel que el día de hoy 21 de agosto de 2025, personal del área de operaciones, mediante comunicación vía teléfono satelital, manifestó que se encuentran 12 uniformados fallecidos en el lugar donde se realizaron los hechos”.Esa fue la actualización del mensaje que recibió la cúpula de la Policía Nacional, en la tarde del jueves, sobre el desenlace del atentado terrorista contra un helicóptero Black Hawk de la Policía en la vereda Los Toros, del municipio Amalfi, nordeste de Antioquia. La cifra subió, en la mañana del viernes, a 13 policías asesinados junto a cuatro uniformados heridos.La aeronave fue atacada con explosivos por la estructura 36 de las disidencias de las Farc, que están bajo el mando de Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá, uno de los grupos armados más activos en esa zona del país, dedicados al narcotráfico y a la minería ilegal. Los uniformados iban a avanzar en la erradicación de cultivos de coca en las más de 387 hectáreas cultivadas en esa zona, una actividad que en esa región ha sido constantemente resistida por grupos criminales, teniendo en cuenta que Anorí, municipio vecino de la zona, tiene más de 2.000 hectáreas sembradas. Ataque con explosivos a helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia. Foto:Archivo particularEl ataque, el más letal contra la Policía en el gobierno del presidente Gustavo Petro, se registró poco después de la llegada de los uniformados, cuando uno de los equipos en tierra reportó que estaba siendo hostigado con ráfagas de fusil y drones armados, lo que activó la reacción de dos helicópteros que despegaron desde la base en Caucasia para brindar apoyo y llevar a cabo la evacuación de las tropas. Mientras una de las aeronaves descendía para extraer a los policías, y otra permanecía en cobertura, a unos 1.000 metros de altura, fue atacada. La aeronave se incendió en el aire y terminó precipitándose, provocando la muerte de sus cuatro ocupantes.El ataque tiene dos versiones oficiales. La hipótesis de la Policía es que todo se originó producto de un dron cargado con explosivos; sin embargo, ayer el presidente Gustavo Petro hizo referencia a que se habría tratado de cilindros bomba que estaban enterrados en el punto de aterrizaje.“El lugar donde se posó el helicóptero con éxito, en lo alto de una colina ya había sido acondicionado desde días antes, quizás meses, con cilindros de explosivos enterrados bajo un metro en el subsuelo”, escribió Petro. Su versión fue retomada por el ministro Pedro Sánchez, quien resaltó que se trató de un campo ya preparado.Alias Calarcá, el jefe disidente detrás del ataque en Amalfi. Foto:Archivo ParticularUn nuevo desafíoEl uso de drones cargados con explosivos ha modificado el conflicto en Colombia. Desde abril del año pasado se han registrado más de 290 ataques con estos dispositivos, que han dejado una decena de uniformados asesinados y al menos cinco civiles, pero ahora la letalidad es más alta: está dirigida contra aeronaves, lo que plantea interrogantes sobre la capacidad de las organizaciones ilegales para superar tecnológicamente a la Fuerza Pública en territorios y enclaves donde se ejecutan operaciones de erradicación manual de cultivos ilícitos.Expertos en seguridad han resaltado que este episodio revela un cambio en el equilibrio de fuerzas en el terreno. Hugo Acero, analista y experto en seguridad, sostuvo que en el país no se habla ya de insurgencia política, sino de mafias criminales, cuya principal fuente de ingresos proviene de la cocaína y la minería ilegal. “La diferencia está en la capacidad tecnológica. Con el uso de drones, las Fuerzas Armadas no solo quedan en posición defensiva en tierra, sino que incluso el transporte aéreo de tropas se convierte en un riesgo mayor”, señaló el analista.El ataque también demuestra una transformación tecnológica más compleja de la guerra en Colombia. Néstor Rosanía, experto en temas de conflicto, señaló que este escenario se presenta como “un reto difícil”, debido a que el poder aéreo era lo que “desbalanceaba” a favor del Estado en el conflicto interno. Policías muertos en Amalfi Foto:ARCHIVO PARTICULAR“Lo de Amalfi es la primera demostración, en términos de armamento estratégico, que usan los armados contra la Fuerza Pública. Un dron de 100 o 200 dólares tumbó un helicóptero que fácilmente cuesta 2,3 millones de dólares. Esto es muy complejo”, dijo Rosanía, quien reiteró que el poder aéreo, que era el músculo del Estado, ahora “va a quedar en jaque porque los drones cambiaron la naturaleza y la cara de la guerra”. Eduardo Pizarro Leongómez, experto en conflicto, recordó que más de 100 helicópteros se encuentran fuera de servicio y que apenas el 61 por ciento de la flota está en operación. Así, los efectos de este hecho trascienden el ámbito militar. “La superioridad aérea, que había sido clave en el manejo del orden público en el pasado, está hoy seriamente afectada”, dijo el experto, y añadió que la pérdida de esta ventaja estratégica coincide con el fortalecimiento de los grupos ilegales en áreas de producción de coca.“La precariedad en recursos también se refleja en la comunicación. Ante la falta de equipos actualizados y de repuestos, algunos miembros de la Fuerza Pública han recurrido a aplicaciones como WhatsApp para coordinar operaciones en situaciones críticas, lo que aumenta el riesgo de interceptaciones por parte de los grupos ilegales. Este panorama expone un debilitamiento institucional que incide en la sensación de inseguridad”, dijo Leongómez.El general (r) Guillermo León, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore), sostuvo que la incorporación de nuevas tecnologías a la Fuerza Pública supone un reto mayor dentro de las instituciones, debido a que hay una gran diferencia entre la velocidad de adquisición estatal y la flexibilidad de los grupos ilegales; brecha que, con cada enfrentamiento, se intensifica.“No tenemos en este momento la respuesta adecuada para el tema de los drones, porque los procesos de adquisición de tecnología son lentos, dispendiosos en el Estado, mientras que para estos grupos es tener los recursos y de una vez tienen acceso a esas tecnologías”, afirmó el oficial. La brecha tecnológica ha generado ventajas en el terreno para las estructuras armadas ilegales.Alias Chejo, el cabecilla de las disidencias de ‘Calarcá’ que habría ordenado el atentado. Foto:Archivo ParticularPara el oficial (r), la suspensión de operaciones de inteligencia en medio de los ceses bilaterales dejó secuelas que hoy pesan sobre la Fuerza Pública. Así lo advirtieron fuentes militares, que reconocen la disminución de capacidades tácticas para anticiparse a los movimientos de los grupos armados. “El haber suspendido las operaciones de inteligencia en medio de esos ceses bilaterales está pasándonos facturas. Hoy contamos con una situación compleja que tiene que asumir la Fuerza Pública, como es un tema en necesidades de personal de pie de fuerza”, señaló el general (r). Andrés Cajiao, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, advirtió que Colombia necesita “un sistema de inteligencia robusto que permita anticipar riesgos y neutralizar amenazas, además de mecanismos eficaces de denuncia que generen confianza en la ciudadanía y faciliten la acción oportuna de las autoridades”.Cambio del modeloEl debate sobre la erradicación manual cobra nueva relevancia tras lo sucedido en Amalfi. Para distintos sectores, insistir en operaciones de alto riesgo en zonas dominadas por actores armados implica exponer a las tropas en un escenario donde los criminales cuentan con capacidad de fuego y con herramientas tecnológicas que alteran la correlación de fuerzas. Frente a ello, propuestas como la sustitución de cultivos y la persecución a los patrimonios ilícitos aparecen nuevamente en la discusión pública.Sin embargo, Germán Valencia, doctor en Estudios Políticos, cuestionó la idea de enfrentar a las organizaciones con la misma tecnología.”Con los jóvenes policías que sobrevivieron en Amalfi”, escribió Petro en X. Foto:PresidenciaEl episodio de Amalfi, coinciden los expertos consultados, por su magnitud y simbolismo, no solo representa un golpe al aparato de seguridad del Estado, sino que también plantea una nueva discusión sobre la movilización de las tropas y el rumbo de la política antidrogas en Colombia.En el centro de este debate están los límites de la erradicación manual, la necesidad de nuevas estrategias de sustitución y el imperativo de debilitar las fuentes financieras que sostienen a los grupos al margen de la ley.Jesús Blanquicet – Justicia – @JusticiaET – blaant@eltiempo.com