El Gobierno rechaza el recurso de la promotora del Algarrobico contra la expropiación y acerca el momento de su demolición | Clima y Medio Ambiente

El dinosaurio todavía seguía allí. El sueño de Augusto Monterroso bien podría ilustrar, aunque en forma de pesadilla, la sensación de impotencia que provoca que el hotel del Algarrobico, edificado en la playa almeriense de Carboneras, en pleno Parque Natural de Cabo de Gata, siga en pie 20 años después, pese a haber sido declarado ilegal por la justicia, por culpa de la maraña judicial y la desidia de las administraciones. Sin embargo, su ansiada demolición parece más plausible tras el rechazo por parte del Gobierno del recurso de alzada que Azata del Sol, la promotora del complejo, presentó en agosto contra la decisión de expropiar los terrenos de titularidad estatal sobre los que se levanta. Con esta resolución, adoptada por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico este lunes, se acelera la ocupación de ese suelo, haciendo que su derribo esté más cerca.Desde su construcción en 2003, gracias a la licencia que otorgó el Ayuntamiento de Carboneras, el hotel se ha convertido en un símbolo del urbanismo salvaje de la costa mediterránea. La Junta de Andalucía y el Gobierno llevan más de una década anunciando el derribo del Algarrobico, pero su desenlace encalla una y otra vez en los interminables procesos judiciales, que arrancaron en 2006, cuando un juez ordenó paralizar este complejo. Sin embargo, la decisión del Ejecutivo central de iniciar el procedimiento de expropiación el pasado mes de febrero, ha cambiado la inercia, abriendo una nueva vía para poner fin a esa aberración urbanística. Un procedimiento que supone, además, una alternativa a la de la revisión de la licencia de obras, que el consistorio carbonero se ha avenido a ejecutar este mismo verano, después de una década desoyendo las advertencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía parea que lo llevara a cabo y que es la opción que defiende la Junta de Andalucía.Azata presentó a principios de agosto un recurso de alzada contra la resolución que el pasado 24 de junio adoptó la Delegación del Gobierno en Andalucía por la que se acordaba la declaración de necesidad de ocupación para la expropiación, con la intención de frenar el plan del Gobierno para derribar la edificación a lo largo de 2025. El Miteco, tal y como avanzó su titular y vicepresidenta tercera del Ejecutivo, Sara Aagesen, ha acelerado la resolución ―evitando dejar pasar los tres meses de plazo— y ha desestimado todos los argumentos presentados por la constructora.La Administración central sostiene, de acuerdo con las fuentes conocedoras de este procedimiento consultadas por este diario, que no existe una vulneración de la normativa que regula la expropiación forzosa, ni tampoco se produce la indefensión de Azata, al entender que tiene pleno conocimiento de los bienes objeto de la expropiación, descritos en la declaración de necesidad de ocupación, según indican a este diario fuentes conocedoras del procedimiento administrativo. También se argumenta que existe una vinculación directa entre la necesidad de salvaguardar el uso del dominio marítimo terrestre, que es la causa expropiatoria, con la determinación de los bienes a expropiar y que la resolución está perfectamente motivada en la declaración de utilidad pública aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 11 de febrero, adoptada con la finalidad de devolver a la legalidad los terrenos y parte de la edificación que invade la zona de servidumbre de protección del dominio público-terrestre.La resolución del Miteco pone fin a la vía administrativa y acelera el procedimiento para la ocupación de los terrenos de la playa del término municipal de Carboneras que se encuentran en el dominio público perteneciente al Estado. “Azata podría recurrir la necesidad de ocupación ante los tribunales, pero es muy complicado que un juez determine la suspensión del procedimiento de ocupación”, indica Roberto Galán, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Sevilla. Este diario se ha puesto en contacto con la promotora para conocer cuáles van a ser sus siguientes pasos, pero la empresa ha declinado hacer valoraciones. Con todo, la demolición no va a ser inminente, porque ahora —y siempre que el juez no acordara la suspensión, en el caso de que la pidiera Azata― se abre el procedimiento para negociar el justiprecio del inmueble, que pasaría a manos del Estado por su “interés social”. Aagesen habló de una “ocupación urgente” cuando se aprobó el inicio de la expropiación, lo que para Galán implicaría que no tendrían que agotarse los plazos para que la promotora y la administración central tuvieran que pactar el valor por los terrenos. “La ocupación precede a la determinación del justiprecio”, señala, y explica que bastaría con que el Gobierno determinara una cantidad fiscal que debería consignar Azata. Sin embargo, las fuentes conocedoras del procedimiento, señalan que la expropiación no se ha tramitado de urgencia, con lo que sí entrarían en juego los tiempos que marca la ley: 15 días para llegar a un acuerdo entre el Miteco y la empresa, que si no se cierra, permitiría a la promotora disponer de otros 20 para presentar su oferta, que debería ser aceptada o rechazada por la Administración central en otros 20 días. De no aprobarse, el expediente se elevaría a un Jurado Provincial, que puede dilatar su resolución otros tres meses, apunta José Ignacio Domínguez, abogado de Greenpeace y que ha estado presente en todos los procedimientos judiciales relacionados con el derribo del hotel.“La pelota está en el tejado de la Junta de Andalucía”Con esta decisión se agilizan los plazos, y el Ejecutivo estaría más cerca de cumplir con el compromiso anunciado por la vicepresidenta primera y secretaria general del PSOE de Andalucía a principios de febrero de que la parte del hotel ―un 40%― que se levanta sobre los 100 primeros metros de la línea de costa podría estar demolida antes de finalizar el año, gracias a la vía de la expropiación. Se trataría, no obstante, de un derribo parcial, porque el resto del suelo sobre el que se asienta esta construcción corresponde a la Junta de Andalucía, que se ha mostrado contraria a la vía expropiatoria y que, desde que Juan Manuel Moreno está al frente del Gobierno autónomo, ha defendido la vía de la revisión de oficio de la licencia por parte del Ayuntamiento de Carboneras como la más “sólida y eficaz”, si bien este verano también decidió personarse en el procedimiento de expropiación para “conocer los pasos previstos y valorar su alcance”.“Ahora la pelota está en el tejado de la Junta de Andalucía, que debe hacer su parte y expropiar la parte del inmueble que ocupa ilegalmente el parque natural”, ha recalcado Greenpeace este martes en un comunicado en el que saluda la decisión del Gobierno central de rechazar el recurso de Azata. “Afortunadamente, el ministerio está dando pasos pasa su demolición, sería absurdo que solo se derribe una parte. La Junta tiene que actuar en la suya”, ha indicado María José Caballero, responsable del Área de campañas de la ONG. Desde el Gobierno de Moreno, sin embargo, no se pronuncian todavía sobre esa posibilidad hasta no conocer el contenido concreto de la resolución del Miteco, indican a este periódico fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, que siguen mostrándose escépticas sobre la vía expropiatoria, por entender que Azata pedirá la suspensión de la necesidad de la ocupación en los tribunales.“La vía expropiatoria es sin duda la más rápida”, defiende Domínguez, que compara sus tiempos con los del procedimiento de la revisión de la licencia y que tiene muy en cuenta también la desidia del Ayuntamiento de Carboneras a lo largo de estos 20 años a la hora de cumplir con las sentencias judiciales que le han ordenado tanto la revisión de oficio, como la calificar en su PGOU el suelo del Algarrobico como no urbanizable. Esta otra vía, sin embargo, también se ha puesto en marcha este mismo verano. El pasado julio, impelido por el enésimo ultimátum del TSJA para que iniciara de oficio la revisión de la licencia y diera cumplimiento a la sentencia que dictó en 2021, el pleno municipal decidió dar inicio a ese trámite. Sin esa revisión previa, el alto tribunal andaluz advertía en ese fallo que no se podría demoler el edificio. “Esa decisión debe ser publicada en el boletín oficial de la provincia y en el de la Junta de Andalucía y tiene que contar con la aprobación del TSJA”, advierte Domínguez, que recuerda también que este tipo de expedientes tienen un plazo máximo de duración de seis meses. “Conociendo al Ayuntamiento seguro que lo dejan morir”, sostiene el letrado. Fuentes del consistorio carbonero indican a EL PAÍS que el trámite para la revisión sigue su curso y sobre el rechazo al recurso de Azata por parte del Gobierno reiteran “la necesidad de alcanzar una solución que ponga fin a la problemática existente y que no resulte dolosa para el municipio”. “Tras 20 años de batallas judiciales, nos acerca un poco más a su final, aunque todavía quedan meses para concluir el proceso”, indican desde Greenpeace. En la ONG, como sostiene Domínguez, prefieren ser cautos porque saben que la promotora exprimirá todos los recursos posibles para obstruir el derribo del hotel del Algarrobico, dilatando así el sueño de su dinosaurio particular.