En la casa de doña Ligia Benavides, a cien metros de la base Marco Fidel Suárez de la Fuerza Aérea, en Cali, el reloj de la sala se quedó parado a las 2 y 50 de la tarde del pasado jueves. A la misma hora, a 60 metros de la base, 260 jóvenes del Instituto Técnico Cipet escucharon una tremenda explosión mientras las paredes temblaban. Martha Betancourt, que es literalmente vecina de la instalación militar, se salvó de milagro: había estado sentada en el antejardín cuidando a su hija recién operada, pero dos minutos antes entraron a la vivienda. Justo en ese lugar cayó uno de los cilindros cargados de explosivos con los que las disidencias de ‘Iván Mordisco’ volvieron a llevar la pesadilla del narcoterrorismo indiscriminado a Cali. Seis muertos –todos transeúntes, entre ellos una mujer embarazada y un joven de apenas 16 años– y más de 70 heridos figuran en el saldo del mayor atentado terrorista contra una capital colombiana de los últimos seis años.A las 9 y 30 de la noche de ese mismo día el presidente Gustavo Petro aterrizó en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón para ponerse al frente de lo que él mismo llamó “un día de muerte” para el país, registrado a menos de un año de expirar su mandato y a pocos meses de las elecciones presidenciales y de Congreso del 2026. El suboficial Juan Camilo Reyes no había terminado de reportar, por un teléfono satelital, los muertos que dejó un ataque con drones a un helicóptero Black Hawk de la Policía en Amalfi (Antioquia), cuando 600 kilómetros al sur estallaba uno de los dos camiones bomba que ‘Mordisco’ pretendía llevar hasta la Marco Fidel Suárez, en el centro-norte de Cali. Allí no solo funciona la escuela de pilotos de guerra del país, sino el Comando Aéreo de Combate (Cacom) 7, desde donde salen los aviones y helicópteros militares que están librando la guerra por el estratégico cañón del Micay, el gran enclave cocalero que las disidencias de las Farc siguen defendiendo a muerte.El golpe a la Policía en Amalfi –el más grave contra la Fuerza Pública en este gobierno–, los camiones bomba contra la tercera capital colombiana y el magnicidio de Miguel Uribe Turbay en Bogotá tienen un elemento en común: los señalados autores (‘Mordisco’, disidencias de ‘Calarcá’ y ‘Segunda Marquetalia’ de alias Iván Márquez) son estructuras armadas ilegales que al arranque del mandato del presidente Gustavo Petro fueron favorecidas con ceses del fuego, salvoconductos para sus cabecillas e incluso títulos de ‘gestores de paz’ con los que han podido frenar extradiciones. ‘Mordisco’, sobre cuya cabeza pesa hoy una recompensa de 4.500 millones de pesos, capitalizó en departamentos como Caquetá, Cauca y Valle la estrategia de arranque del gobierno Petro en la ‘paz total’: tratar de unir a las disidencias de las antiguas Farc en una sola estructura, que el Ejecutivo llamó ‘Estado Mayor Central’, para facilitar una negociación. Los diálogos se rompieron hace más de un año, pero el poder criminal acumulado a la sombra de los ceses del fuego consolidaron al antiguo mando medio de las Farc como el enemigo público número uno del país.Ataque en Cali. Foto:Archivo El Tiempo“La negociación creó el monstruo (…) Ha contribuido a la unificación y coordinación de los comandantes regionales, quienes en la mayoría de los casos ni siquiera se conocían. Eran parte de decenas y decenas de disidencias locales que la negociación está consolidando”, advirtió en su momento el excomisionado de Paz Sergio Jaramillo, uno de los artífices del Acuerdo de Paz del 2016.Los golpes de ‘Mordisco’ han venido incrementándose en número y víctimas en el último año. Lo que desconcierta a algunos sectores es que el derribamiento del Black Hawk se le atribuye al ‘frente 36’, una de las disidencias de alias Calarcá, quien, en el papel, sigue sentado a la mesa de la ‘paz total’ con el gobierno Petro.El mismo jueves, el Presidente aseguró que esas estructuras, al igual que la ‘Segunda Marquetalia’ y el ‘clan del Golfo’ (con el que inició diálogos exploratorios en Catar) serán consideradas por su administración como grupos terroristas, en una declaración cuyos efectos reales sobre las operaciones en terreno y en la estrategia de diálogos no han sido aclarados. “He tomado una decisión: nuestras investigaciones muestran que el mal llamado clan del Golfo, la Segunda Marquetalia y las disidencias de alias Iván Mordisco (conocidas como EMC) son la junta del narcotráfico y deben ser consideradas organizaciones terroristas, perseguibles en cualquier lugar del planeta, incluida Bogotá”, señaló. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, es uno de los escépticos. Recordó que por orden del gobierno Petro y en coordinación con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, se le dejó en libertad a ‘Calarcá’ cuando fue detenido en un retén por el Ejército. Un año después, el mismo jefe criminal es responsabilizado por el derribamiento del helicóptero que apoyaba operaciones antinarcóticos en Antioquia y fueron sus hombres los que asesinaron a siete militares en mayo pasado en el Guaviare, cuando aún estaba vigente el cese del fuego. Su máquina de extorsión azota desde Antioquia hasta el Meta y se proyecta hacia la frontera con Venezuela, en el Catatumbo. Y en todo este tiempo sus estructuras criminales no han sido golpeadas con intensidad por la Fuerza Pública.Alias Iván Mordisco. Foto:EFEPero lo que resulta para algunos aún más exótico es que el comisionado de Paz, Otty Patiño, esté asegurando que no cree que ‘Calarcá’ sea el responsable de esa acción criminal, contradiciendo a su jefe, el presidente Petro, y al ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Según dijo Patiño, la zona de influencia de ‘Calarcá’ es Meta y Caquetá: “Debe haber una equivocación geográfica”. Ya Patiño había puesto en entredicho una de las hipótesis del gobierno Petro sobre el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe, al señalar que no cree que detrás del crimen estén las disidencias de la ‘Segunda Marquetalia’. Cuatro días después del asesinato de los 12 policías, no existe pronunciamiento del Gobierno sobre el futuro del proceso con esas disidencias, que en todo caso llevan meses en un punto muerto por la falta de avances y la salida de Camilo González Posso como jefe negociador del Gobierno.Aunque advierte que en este momento no está ya vigente el cese de fuegos con ‘Calarcá’, el profesor e investigador de la Universidad del Norte Luis Fernando Trejos señala que “innegablemente es un golpe muy fuerte en contra de la ‘paz total’, ya que la percepción generalizada de la ciudadanía es que el Estado está cediendo mucho y está exigiendo muy poco a cambio en esos espacios de negociación”.Innegablemente es un golpe muy fuerte en contra de la ‘paz total’.luis fernando trejosProfesor universitarioEn cuanto a la eventual negociación con el ‘clan del Golfo’, la situación sigue siendo igual de confusa. Mientras se planifica la logística para dialogar con la estructura criminal más grande del país —cuyo portafolio incluye narcotráfico, minería ilegal de oro, extorsión, lavado de activos y control de los flujos migratorios por el Darién—, el ministro del Interior, Armando Benedetti, parece inclinarse a cerrar cualquier posibilidad de acercamiento. “Ese es uno de los temas que, cuando usted declara un grupo terrorista, pues echa para atrás; es una de las implicaciones. Eso se habló también con Estados Unidos, que es una decisión del Gobierno Nacional que acompaña Estados Unidos”, dijo este viernes.Reunión entre el Gobierno y ‘Calarcá’. Foto:Archivo particularEn definitiva, tras estos atentados y los mensajes contradictorios del Gobierno, queda un panorama de incertidumbre que evidencia nuevamente los vacíos de la política de ‘paz total’, la cual, a un año de concluir este Gobierno, tiene muy poco que mostrar más allá de los acuerdos alcanzados con el frente Comuneros del Sur —entrega de material de guerra y preagrupamiento de tropas—. Aunque el presidente no lo incluyó en el grupo de organizaciones terroristas, el Eln sigue más empeñado en recuperar su control sobre las rentas criminales en el Catatumbo que en revivir una negociación que en este momento, además, tiene a su principal mentor, el dictador venezolano Nicolás Maduro, enfrentando el momento de mayor presión por cuenta del gobierno de Donald Trump.La debilidad del EstadoEl momento de mayor expansión de los grupos criminales en la última década –son al menos 22.000 delincuentes en armas, según informes de inteligencia militar revelados por este diario– coincide con lo que algunos analistas consideran como la suma de las crisis acumuladas por la Fuerza Pública en los últimos años, especialmente en los del llamado ‘gobierno del cambio’.Entre enero y julio de este 2025, en Colombia hubo 728 acciones de terrorismo. Son 76 más que en el mismo lapso del año pasado y casi dos veces el total de los ataques que se registraron en 2015. Con la proyección del primer semestre, el 2025 va a romper el registro de terrorismo del 2024, que ya fue el más violento al menos en nueve años. Las mismas cifras del Ministerio de Defensa muestran que en los primeros siete meses de 2025 ya van más policías y militares asesinados que en todo el año pasado (107, frente a 101). Y se reportaron 453 heridos, 200 más que en el mismo periodo del año pasado.Helicóptero derribado en Amalfi. Foto:Archivo particularDesde diversos sectores se advierte que el debilitamiento de la Fuerza Pública en materia de recursos y nivel táctico está quedando en evidencia y que si antes se medía en aviones y helicópteros en tierra, ahora se evidencia en muertes de civiles y uniformados.Aún ninguna autoridad ha salido a explicar cómo los explosivos usados para el atentado en Cali se movieron por al menos cinco municipios sin ser detectados. Además, los disidentes movieron terroristas desde Cauca y Huila hacia la capital del Valle.El Centro Democrático ya anunció una citación de moción de censura en la Cámara de Representantes contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, para que le explique al país por qué se demoró por varias horas el apoyo para rescatar a los policías que quedaron heridos tras la caída del Black Hawk en Amalfi. Familiares de una de las víctimas, el capitán Francisco Javier Merchán Granados, denuncian que esa tardanza le costó la vida.El gobernador Rendón asegura que en su departamento y en todo el país los recursos para la operación de la Fuerza Pública están al mínimo y que esta es una de las explicaciones del envalentonamiento de los criminales en el terreno.“Me resisto a creer que 30 criminales de disidencias de las Farc, sobre cuya presencia ya habíamos advertido al Ministerio de Defensa, hubieran puesto en jaque durante casi un día a toda la Fuerza Pública en su conjunto. No es un señalamiento contra soldado o policía, sino a la ineficiente capacidad de respuesta del Gobierno Nacional, al abandono en el que tiene a nuestros soldados y policías, a esa falta de liderazgo y determinación, así como a esa negligencia tan abrumadora que vivimos”, cuestionó.Finalizó el consejo de seguridad en Cali. Foto:: @juanfotosadnRendón plantea que el país está en mora de reabrir el debate sobre la fumigación aérea de la coca, una herramienta que se abandonó desde hace una década por el acuerdo de paz con las Farc. Es la misma década en la que los cultivos pasaron de su mínimo histórico (48 mil hectáreas) a las 253 mil reportadas por la ONU en 2023 y que tienen al país en riesgo de una descertificación antinarcóticos de los Estados Unidos.Las cifrasLos datos sobre el flujo de caja para las Fuerzas Armadas son contundentes. Cifras en manos de congresistas, incluso de la coalición de Gobierno, señalan que el Ejército había solicitado 22 billones de pesos de presupuesto, en 2025, y recibió 12 billones. La Policía solicitó 23 billones de pesos y le designaron 14: la Armada necesitaba 4,6 billones y le entregaron apenas 3 billones de pesos. Oficiales de inteligencia del Ejército, que pidieron omitir sus nombres y grados, le señalaron a EL TIEMPO que los dispositivos de inteligencia en terreno han disminuido en cerca de un 70 por ciento y pasaron de tener entre 35 y 40 hombres a menos de una docena: “El debilitamiento de la estructura de inteligencia también se evidencia en que ahora está en manos de coroneles tras la salida masiva de generales de todas las fuerzas”. Y en ese tablero aparece el rol de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) que, en teoría, es la coordinadora de las inteligencias de todas las fuerzas y tiene, además, célula propia. En el gobierno Petro las cabezas de ese organismo han sido tres exmiembros de la guerrilla del M-19, la misma en la que él militó. El primero, Manuel Casanova, salió de la entidad abruptamente tras un episodio opaco con el entonces canciller Álvaro Leyva. A Casanova lo reemplazó Carlos Ramón González, hoy fugitivo de la justicia y escondido en Nicaragua por el saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD). Camión que detonó en Cali. Foto:Archivo particularSobre el atentado en Cali, el actual director, Jorge Lemus, le dijo a este diario que es importante tener en cuenta que “es deber de las diferentes fuerzas hacer inteligencia de seguridad en sus bases militares, no de la DNI”. No obstante, en la Policía recordaron que los ascensos, llamamientos a calificar servicios y hasta comisiones al exterior ahora ya no dependen de los generales de esa institución o del Ejército, sino del equipo de contrainteligencia de la DNI, que incluso enganchó a exoficiales retirados tras no pasar el polígrafo. Cali, bajo ataqueLa escalada terrorista contra Cali, que empezó hace dos años, se ha apoyado en la incapacidad del Estado para asegurar el área rural de Jamundí, el cercano municipio que el frente ‘Jaime Martínez’ mantiene bajo permanente amenaza.“Este atentado y los otros que han golpeado la ciudad no serían posibles sin la retaguardia estratégica que esas disidencias tienen en el área rural de Jamundí”, dice el exconsejero de Paz del Valle y analista Diego Arias.A media hora de Cali, esos grupos tienen control sobre al menos dos veredas en las que incluso hay cultivos de coca y que se proyectan a través de un corredor estratégico hacia el norte del Cauca. EL TIEMPO conoció, a partir de fuentes de inteligencia, que los dos camiones tipo furgón, con carrocería de aluminio, habrían partido desde Corinto, en el norte del Cauca. Desde allí atravesaron Miranda, siguieron por Tamborales y descendieron hasta el Valle.Atentado en Cali. Foto:Archivo El TiempoEn su camino usaron corredores estratégicos en Candelaria y Juanchito hasta llegar a la capital vallecaucana. El primero de los vehículos fue acondicionado con un sistema de mecha lenta. El segundo, equipado con detonación por control remoto, no logró estallar por una falla técnica. Ambos transportaban 14 cilindros cargados de amonal, dispuestos en rampas de lanzamiento artesanal que podían disparar proyectiles de manera parabólica. La carga, según expertos militares, tenía la potencia suficiente para borrar varias manzanas del mapa.Aunque en el Gobierno se atribuye el ataque a una retaliación por los últimos golpes asestados a las disidencias en el Micay, los investigadores señalan que se trató de una acción terrorista planeada por meses.La pregunta que ahora deben responder el presidente Gustavo Petro y su gobierno al reto que le plantean organizaciones criminales que tienen miles de hombres y que, a diferencia del pasado, no buscan el poder –al menos no el nacional– ni cambios en el modelo social o económico, sino simplemente seguir en el negocio de la coca y la minería ilegal y blindarse de la acción de la justicia. En la defensa de sus intereses, esos grupos no tienen miramientos a la hora de volar un carrobomba en una avenida de una ciudad capital a las 3 de la tarde o en matar a un precandidato presidencial. Y todo esto en medio de la campaña electoral del 2026.El presidente Petro lo ha dicho en varios escenarios, en los que ha llamado “traquetos” a los jefes del Eln y a las disidencias. “Viejos guerrilleros curtidos en la lucha armada insurgente hoy se transforman en ‘traquetos’; ‘traquetos’ se transforman en intentos insurgentes”, dijo en uno de sus discursos en referencia a las dificultades de la ‘paz total’.Los hechos, entrado ya el año final de su mandato, le siguen demostrando a Petro que la política de la zanahoria no funciona con los nuevos señores del narcotráfico y sus bandas. ¿Es posible un giro en los últimos once meses de su gobierno?“Retomar el control territorial es urgente, pero hoy las capacidades estatales son limitadas y frágiles”, señala Diego Arias. Jairo Libreros, profesor de seguridad y defensa del Externado, advierte que el país está “frente a una crisis de seguridad y defensa nacional”: “Se priorizó la paz total como única estrategia, sin diseñar una política realista de seguridad. Se debilitó la inteligencia con retiros discrecionales de oficiales, se recortaron recursos operativos y se publicó un manual vacío que no respondía a los diagnósticos territoriales. Hoy tenemos una Fuerza Pública con menos músculo enfrentando organizaciones con entrenamiento y recursos internacionales”.Atentado en Cali, 21 de agosto Foto:@juanfotosadn“La ‘paz total’ se lanzó sin un marco jurídico sólido ni condiciones mínimas de cese de hostilidades. Se dieron beneficios sin exigir responsabilidades, se levantaron órdenes de captura y se liberaron presos sin garantías. Lo que se necesita es fortalecer la Fuerza Pública, no debilitarla frente a mafias internacionales que se disfrazan de actores políticos”, dice por su lado el exprocurador Jaime Bernal Cuéllar, quien en el pasado estuvo en las comisiones de diálogos con el Eln.Ahora en Catar, y mientras trata de que el Congreso apruebe la polémica ley de sometimiento de las bandas, el gobierno Petro buscará mover una negociación con narcos purasangre, ‘el clan del Golfo’, que son considerados como uno de los grandes carteles de la cocaína por Estados Unidos. Con la ‘paz total’ haciendo agua por todos los frentes, algunos analistas no descartan que el presidente se juegue por esa carta para tratar de mostrar al menos algún resultado de su polémica bandera de campaña.El analista Juan Esteban Ugarriza asegura que, de nuevo, el escenario previsible sería malo para el país. Según Ugarriza, la ausencia de presión militar y policial reduce drásticamente los incentivos de los grupos ilegales: “Si no sienten presión en el terreno, no tienen ningún motivo real para negociar de buena fe y mucho menos para desmovilizarse”, advirtió.Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) asegura que el momento actual obliga a una colaboración real de los colombianos con las autoridades, más allá de las solas expresiones de rechazo a la violencia. Y añade que en uno de los frentes claves para combatir a las nuevas mafias que desafían al país, el de la lucha contra sus finanzas, Colombia sigue sin normalizar los canales de cooperación de inteligencia internacional por culpa de la sanción que impuso el Grupo Egmont tras la filtración que hizo el propio presidente Petro de un documento de inteligencia que debía mantenerse en reserva.Unidad Investigativa y redacciones Justicia y Política – EL TIEMPO