Andrés Calle Aguas, expresidente de la Cámara de Representantes, continuará privado de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá, donde permanece detenido desde hace tres meses por el caso UNGRD. La Corte Suprema de Justicia declaró impróspera la solicitud de control de medida de aseguramiento presentada por su defensa.La investigación contra Calle Aguas se originó el 3 de mayo de 2024, cuando el presidente de la Sala Especial de Instrucción ordenó abrir un reparto de diligencias por presuntos actos de corrupción en la UNGRD. El detonante fue la entrevista concedida por Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, exsubdirector de la entidad, quien reveló el supuesto desvío de recursos públicos para sobornar congresistas y lograr la aprobación de proyectos clave para el Gobierno Nacional, entre ellos las reformas pensional y de salud.Ivan Name y Andrés Calle Foto:Diego Caucayo / Nestor Gómez. EL TIEMPOEse mismo día, el expediente quedó en manos del magistrado ponente, que el 7 de mayo de 2024 ordenó abrir investigación previa contra el senador Iván Leonidas Name Vásquez y el representante Andrés David Calle Aguas. Como parte de las pruebas, la Corte escuchó bajo juramento a Pinilla, al exdirector de la UNGRD Olmedo López Martínez y a varios funcionarios, entre ellos Carlos Ramón González, Luis Fernando Velasco, Carlos Alberto Carrillo y Sandra Ortiz Nova.Tras varias diligencias y la recolección de pruebas, la Sala de Instrucción formalizó la investigación el 24 de octubre de 2024 y vinculó a Calle Aguas mediante indagatoria por cohecho impropio y peculado por apropiación agravado en favor de terceros. Posteriormente, el 7 de mayo de 2025, la Corte le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva intramural, decisión que fue ratificada el 10 de junio al resolver un recurso de reposición.Andrés Calle llegó a La Picota, tras la orden de la Corte Suprema. Foto:CortesíaSegún la investigación, entre septiembre de 2023 y abril de 2024 se habría fraguado un entramado de corrupción en el que altos directivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, usaron dineros públicos provenientes de un contrato irregular para la compra de carrotanques destinados a La Guajira.El relato de Pinilla, corroborado por otras pruebas, sostiene que el 14 de octubre de 2023, Calle Aguas —entonces presidente de la Cámara de Representantes— habría recibido 1.000 millones de pesos en su apartamento de Montería. Este dinero, según la investigación, sería parte de un acuerdo para garantizar su apoyo en el trámite de las reformas del Gobierno y, además, financiar las campañas políticas de su hermano a la Gobernación de Córdoba y de su padre a la Alcaldía de Montelíbano.Corte Suprema niega libertad a Andrés Calle capturado por saqueo a UNGRD: Foto:Archivo ParticularLa negada petición de la defensa de CalleLa defensa de Calle Aguas pidió anular la medida de detención, alegando que la Sala de Instrucción valoró indebidamente los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla y que la Corte incurrió en “razonamiento circular” y “falso raciocinio”.El magistrado Jorge Enrique Caldas, de la Sala de Primera Instancia, dijo que los testimonios de López y Pinilla constituyen prueba directa y no simples indicios, pues provienen de personas que participaron de manera directa en los hechos. Además, señaló que estos relatos fueron corroborados con elementos periféricos, como georreferenciación, chats de WhatsApp y declaraciones de otros implicados.La Sala también destacó que la condena previa de Sneyder Pinilla por los mismos hechos refuerza la credibilidad de su versión. En ese sentido, descartó cualquier vulneración de las reglas de la sana crítica y confirmó que la medida de aseguramiento se soporta en un conjunto sólido de pruebas.Otro de los argumentos de la defensa fue que Calle Aguas ya no es presidente de la Cámara, por lo que no existiría riesgo de reiterar la conducta. La Corte lo desestimó, señalando que su condición de congresista le permite seguir incidiendo en la agenda legislativa hasta el final de su periodo.En su decisión, la Sala aclaró que la detención preventiva no se sustenta en un “derecho penal de autor” basado en su cargo, sino en un “derecho penal de acto”, es decir, en la gravedad de los hechos cometidos y el riesgo de que el congresista continúe afectando la función pública.Juan Diego TorresDielas@eltiempo.com