La falta de avances en la reforma del profesorado amenaza con desatar una tormenta educativa en el inicio de curso | Educación

El Ministerio de Educación situó, al inicio del curso pasado, la reforma a fondo del profesorado como su gran prioridad con un mensaje ambicioso. A principios de 2025 comenzó la negociación con los sindicatos, y se constituyeron grupos que abarcan casi todas las áreas relacionadas con la profesión: desde lo que aprenden los futuros docentes en la universidad al formato de las oposiciones, pasando por la ratio de estudiantes por aula y la carrera profesional. Pasados los meses, sin embargo, los avances han sido muy pequeños, advierten los sindicatos más implicados en la negociación, y el Gobierno todavía no les ha presentado ninguna propuesta concreta al margen de un documento de carácter técnico sobre el marco de competencias docentes. Azuzados por lo que muchas voces en el mundo de la enseñanza describen como un malestar creciente en los centros educativos, los sindicatos avisan de que el clima educativo puede empeorar bruscamente si el Ejecutivo no da pasos claros tras la vuelta de vacaciones o si estos resultan insuficientes. “Nos están poniendo en una situación muy complicada. Si la cosa sigue así, saldremos a la calle”, señala una fuente sindical. Dicho malestar escolar se basa en buena medida en el aumento de la complejidad de las aulas ―con un alumnado más diverso― y la mayor dificultad de la tarea que se exige a sus profesionales ―una enseñanza más competencial y una atención más personalizada― sin que se haya producido un incremento paralelo en los recursos, coinciden las fuentes.Reunión del profesorado del instituto escuela Arts de Sants, en septiembre de 2023. Gianluca BattistaEl último año del Gobierno ha sido complejo: sigue sin presupuestos, no goza de una mayoría segura en el Congreso, y ha recibido una gran presión por parte de Estados Unidos y la OTAN para aumentar el gasto en defensa, por citar tres elementos que complican una reforma que, en su mejor versión, requiere muchos fondos y un cambio en la legislación educativa. Las centrales sindicales, con todo, esperan que a la vuelta del verano haya, al menos, un primer avance en el capítulo de la ratio de alumnos por aula ―cuyo máximo está ahora fijado en 25 en infantil y primaria, 30 en la ESO, y 35 en Bachillerato, con posibilidad incluso de superar ligeramente dichas cifras en situaciones extraordinarias― y en las horas de clase del profesorado ―de modo que quede, al menos, en 18 en secundaria y 23 en infantil y primaria, algo que ya sucede en la mayor parte de las comunidades autónomas, pero no en todas, y que los sindicatos quieren blindar por ley―, según lo que les ha trasladado el ministerio. Este, por su parte, mantiene desde el inicio del proceso la máxima de no hacer declaraciones públicas mientras negocia.Simplificando, los cinco principales sindicatos docentes que participan en las conversaciones con el ministerio pueden dividirse entre los que han mantenido una postura constructiva, aceptando la idea de alcanzar acuerdos concretos que vayan mejorando las condiciones del profesorado y la calidad del sistema, entre los que figuraran CC OO, ANPE, y UGT. Y aquellos que, por motivos y posiciones ideológicas muy distantes, han transmitido casi desde el principio desconfianza hacia la utilidad del proceso y en que vaya a desembocar en mejorar significativas, CSIF y STES. Protestas y cambiosSi la negociación acaba quedando en nada ―o en casi nada, porque la mejora que les plantee el Gobierno sea muy exigua―, los tres sindicatos que han mantenido una actitud constructiva quedarían en peor posición que los que han venido desconfiando del proceso. Pero, además, podrían verse superados por el fenómeno relativamente nuevo que ya se observó en la reciente crisis educativa de Asturias, en el que las protestas surgieron con una fuerza inesperada de los propios centros educativos. Como casi todo, el mundo docente también está cambiando. Sindicalistas con décadas de experiencia aseguran que la revuelta asturiana ―que forzó la dimisión de la consejera de Educación Lydia Espina y solo se cerró tras la firma de un acuerdo que incluyó numerosas mejoras― tuvo elementos que nunca habían visto. Como la organización de protestas muy eficaces al margen de los cauces sindicales, la utilización para ello de las redes sociales, especialmente de canales de Telegram, y la infiltración de mensajes de carácter antisindical, de un maximalismo que parecía calculado para que las peticiones no pudieran ser aceptadas por la administración, y, en algunos casos, abiertamente de ultraderecha, algo tradicionalmente ajeno a esta clase de protestas.Los sindicatos que se han mantenido abiertos a pactar la reforma del profesorado coinciden en que si el tiempo sigue pasando sin concreciones, no solo se sumarán a las eventuales protestas, sino que las encabezarán. “Si no hay propuestas firmes, lo preguntaremos, lo debatiremos, haremos asambleas y escucharemos a lo que diga el personal docente, pero plantearemos que tiene que haber una movilización”, afirma Teresa Esperabé, secretaria de la Federación de Enseñanza de CC OO. “Si el escenario que vamos a seguir padeciendo es el mismo que hemos experimentado el curso pasado, no descartamos ninguna medida. Tenemos muy claro que esto es insostenible”, añade el presidente de ANPE, Francisco Venzalá. Un mensaje parecido transmite la responsable de Educación de UGT, Beatriz García.Cómo bajar la ratioEl número máximo de alumnos por aula en España es el mismo desde 1990, cuando se aprobó la Logse ―anteriormente era mayor―. Para cambiarlo de raíz y obligar a las comunidades a aplicar el nuevo techo, sería necesario cambiar la ley de educación, la Lomloe. El Gobierno precisaría por tanto el apoyo de sus socios. Ello no es imposible, pero como ya se vio durante la tramitación de la Lomloe, los partidos nacionalistas tienden a ser reacios a regular con carácter estatal cuestiones que afectan a ámbitos en los que, por otro lado, tienen la competencia, como la organización escolar. En este caso, además, bajar la ratio de alumnos tiene un coste económico que en principio recaería en las comunidades autónomas: implica contratar más docentes y, como puso de relieve la reducción del tamaño de los grupos en la pandemia, en ciertos centros puede requerir, además, aulas adicionales. Por otro lado, sin embargo, el descenso de la natalidad hace más fácil aplicar la medida, sobre todo en los colegios de infantil y primaria. Y, de hecho, buena parte de las comunidades autónomas ya han empezado a hacerlo, al menos en parte de sus municipios.Para evitar tener que llevar la medida al Congreso y chocar con los Ejecutivos regionales, el Ministerio de Educación dispone de otra opción, apuntan fuentes sindicales, que incluiría corresponsabilizarse de la inversión. La ratio máxima no se cambiaría en la ley, aunque podría plantearse como una recomendación a las consejerías de educación autonómicas, y, sobre todo, se crearía un programa potente, con fondos del Gobierno, para financiar la bajada de alumnos por clase, a las que las comunidades autónomas que quisieran sumarse podrían hacerlo, como ya se ha hecho con éxito en casi toda España con la creación de plazas de Infantil de 0 a 3 años y de Formación Profesional.