El Proyecto de Ley del Procedimiento Especial de Interdicción Marítima (PEIMAR), radicado en el Congreso por el Ministerio de Defensa con apoyo de Justicia e Interior, ha generado un intenso debate porque otorga al cuerpo de guardacostas de la Armada Nacional facultades especiales de Policía Judicial para capturar en altamar, incautar bienes y asegurar pruebas en operaciones de interdicción, incluso en aguas internacionales.Este es el proyecto radicado ante el Congreso donde explican las facultades que tendría la Armada. Foto:MindefensaSegún el texto oficial, esas funciones serían “especiales y restringidas” y se articularían con la Fiscalía y la Rama Judicial para garantizar los derechos de los capturados, quienes permanecerían en las unidades de superficie hasta que sean puestos a disposición de un juez mediante medios tecnológicos. Pero el alcance de esas atribuciones divide opiniones. LEA TAMBIÉN Militarizar la justicia en altamarCamilo Rojas, exviceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia, lanza una advertencia contundente: “Los riesgos del PEIMAR son evidentes. Otorgar funciones de policía judicial a una fuerza militar rompe con un principio medular de nuestra Constitución, consistente en la separación de competencias entre defensa y justicia”, señaló.Para Rojas, trasladar competencias de investigación penal a la Armada no solo erosiona la legitimidad de la Fiscalía, sino que abre la puerta a arbitrariedades. “La recolección de pruebas y la determinación de la flagrancia son actos que definen la suerte procesal de los implicados. Dejar esas decisiones en manos de militares, sin control inmediato de un juez, expone a la ciudadanía a riesgos de abuso”, explicó.El microfóno, el almirante Juan Ricardo Rozo Obregón, comandante de la Armada Nacional. Foto:Jesús BlanquicetEl exfuncionario recordó que la Corte Constitucional, en la Sentencia C-239 de 2012, estableció que las capturas en altamar deben respetar estrictamente el debido proceso y someterse a control judicial en un plazo máximo de 36 horas desde el arribo a puerto. “El PEIMAR, tal como está, desborda ese marco”, enfatizó. LEA TAMBIÉN Otros expertos ven en el proyecto una respuesta necesaria a un problema real. El profesor Luis Fernando Trejos, investigador de la Universidad del Norte, considera que el objetivo del PEIMAR es llenar un vacío operativo que hoy debilita la lucha contra el crimen transnacional en el mar.“En términos generales, lo que busca el proyecto es regular de forma más minuciosa todo el proceso de interdicción marítima e introducir una mayor articulación interinstitucional”, afirmó.Operativos se intensifican en parte del país. Foto:Fuerzas MilitaresTrejos explicó que la Armada logra interceptaciones importantes, pero la falta de competencias judiciales afecta la efectividad de los procesos. “Se necesitan ciertas capacidades y competencias en el manejo de evidencia para lograr que las judicializaciones sean mucho más efectivas”, señaló. LEA TAMBIÉN El académico recordó que este debate surge en un contexto de aumento en las incautaciones de cocaína y en las operaciones contra redes criminales en aguas colombianas. “Esto demandaría producir mayor efectividad en la Armada, teniendo estos procedimientos y todo el contexto judicial que se espera continúe una vez la Armada haya logrado los objetivos en cuanto a la interdicción”, agregó.Los riesgos constitucionales que implicaríaDesde otra perspectiva, Jairo Libreros, profesor de Seguridad y Defensa de la Universidad Externado, reconoce la importancia de regular las operaciones en altamar, pero advierte sobre un riesgo mayor si no hay límites claros.Los artículos que explican los alcances del proyecto radicado ante el Congreso. Foto:Mindefensa“Establecer un procedimiento de intervención marítima es necesario para fortalecer la lucha contra el crimen organizado. De manera particular, en las modalidades delictivas relacionadas con el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de migrantes y el tráfico de armas”, afirmó.El problema, según Libreros, radica en la forma en que se otorgan las competencias judiciales: “Tal como están estipuladas las normas de Policía Judicial, en cabeza del cuerpo de guardacostas de la Armada Nacional, vulneran el principio de exclusividad de la Policía Nacional y de la Fiscalía General de la Nación relacionadas con el recaudo de evidencias”, sostuvo. LEA TAMBIÉN Para el experto, la propuesta del PEIMAR solo sería viable si se asegura una coordinación estricta con la Fiscalía y la Policía. “La atribución de funciones judiciales al cuerpo de guardacostas demanda un trabajo de armonización para garantizar que las evidencias sean judicializadas de manera adecuada en términos constitucionales y legales”, advirtió.El experto concluye que si el proyecto no incluye mecanismos claros de articulación interinstitucional, lo que se ganaría en eficacia operativa se perdería en legitimidad y seguridad jurídica.También le puede interesar…Mindefensa sobre la relación bilateral con #Venezuela. Foto: