Durante el trayecto de Valledupar a Cali, el gabinete presidencial afinaba los detalles de la declaratoria del estado de conmoción interior para el Valle del Cauca, tras el peor atentado de los últimos años, que dejó siete muertos y más de 70 heridos. Sin embargo, después del Consejo de Seguridad, al filo de la medianoche, el presidente Gustavo Petro anunció que se descartaba esta medida.EL TIEMPO conoció por fuentes del alto Gobierno que la reversada se dio durante el Consejo de Seguridad, en el aeropuerto Alfonso Bonilla, y en el que estuvieron presentes el alcalde de Cali, Alejandro Eder, la gobernadora encargada María Cristina Lesmes y la cúpula militar y de Policía.Así quedó la zona tras el atentado del día de ayer en Cali. Foto:@juanfotosadnDurante la reunión se entregaron los primeros detalles de las pesquisas sobre el atentado. Se informó que dos personas desarmadas instalaron dos camiones bomba, de los cuales solo uno detonó. Tras el ataque huyeron, pero fueron capturadas y actualmente están siendo procesadas por la Fiscalía.Así mismo, se indicó que esta ofensiva responde a uno de los golpes más importantes de la Fuerza Pública en los últimos meses, una de las mayores incautaciones de municiones contra la estructura ‘Carlos Patiño’ en el Cauca.“El Ejército se toma Honduras, después del Plateado, en el cañón del Micay, y logra más de 250.000 municiones incautadas, más de 200 partes de fusil y cinco inmuebles llenos de toneladas de explosivos (…). Con esta operación se logra la afectación del bastión logístico de la estructura Carlos Patiño”, informó el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X.Según fuentes del alto gobierno presentes en la reunión, el carácter de represalia de esta acción criminal fue uno de los argumentos con los que la cúpula militar pidió al Presidente no declarar el estado de excepción, una medida reservada para emergencias imprevisibles que desbordan la capacidad del Estado para atenderlas.Cali se encuentra militarizada tras el atentado terrorista. Foto:@juanfotosadnAsí mismo, plantearon que esta medida, lejos de conjurar la grave situación de orden público, podría proyectar una imagen de debilidad institucional en territorios donde el Estado busca retomar el control, como el suroccidente y la región del cañón del Micay, donde desde hace más de un año se desplegó la operación militar Perseo.Otra de las voces que se opusieron a la iniciativa del gabinete fueron las autoridades locales. Tanto el alcalde Eder como la gobernadora encargada propusieron una medida intermedia que fortaleciera la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública y de las entidades del nivel central y territorial, aprovechando las herramientas ordinarias.Voces cercanas al Presidente le confirmaron a EL TIEMPO que el mandatario tampoco estuvo del todo convencido de jugarse esta carta por factores como el ruido que podría generar en la precampaña electoral y el antecedente de la conmoción interior en el Catatumbo, que a nivel normativo no prosperó.La Corte Constitucional salvó parcialmente el decreto madre para atender las causas súbitas de la emergencia, pero lo tumbó en lo relacionado con medidas que buscaban enfrentar problemas estructurales. Además, anuló la mayoría de decretos reglamentarios por vicios de forma, como firmas irregulares.Con estos argumentos en contra, y sin que existiera la claridad de un hecho fortuito que la Constitución exige como requisito imprescindible para decretar una medida de excepción, el Presidente terminó descartando este camino y se optó por instaurar de forma permanente el Puesto de Mando Unificado. La decisión busca fortalecer la articulación institucional con el Gobierno central y potenciar las capacidades tácticas y operativas de las Fuerzas Militares desplegadas en la zona.#ColombiaEn5Minutos Foto:Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia