En un contexto en el que el gobierno del presidente Gustavo Petro habla de una Asamblea Constituyente y de una “octava papeleta” que sería anexada a los tarjetones en las próximas elecciones -una propuesta señalada, como el ‘decretazo’ como inconstitucional-, el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, salió en defensa de la Carta del 91 y aseguró que “está más viva que nunca”.Durante la celebración del Día de la Constitución, este 4 de julio, el discurso del magistrado Ibáñez fue una defensa acérrima a la Carta Política, y pidió que tanto nacionales, extranjeros, como las autoridades deben respetarla y acatar sus leyes. Corte Constitucional Foto:Cortesía”Hoy celebramos las instituciones, los mecanismos, los principios democráticos y normativos que nos permitieron construir y proclamar la Constitución Política de 1991″, dijo el presidente de la Corte.Y agregó: “definitivamente, sin la base de esos principios de respeto por el orden jurídico y legitimidad, pluralidad, deliberación y consenso, Colombia no habría podido llevar a cabo la increíble empresa que fue diseñar, proclamar y promulgar la Constitución Política de 1991. Así, hoy -más que nunca- debemos honrar, precisamente eso: la capacidad que tuvimos como ciudadanos para movilizarnos dentro de la institucionalidad, dentro de la Constitución y Ley, y sobre todo con el respeto de los controles y decisiones judiciales, con el fin de construir un gran pacto nacional”.En la conmemoración también hizo un recuento del proceso constituyente, las realidades que llevaron a que se convocara la Asamblea, la séptima papeleta y la solidez normativa que ofreció en su momento y continúa aportando este texto. Presidente de la Corte defiende Constitución del 91 Foto:Archivo”Al proceso de creación de la Constitución de 1991 le anteceden una serie de hitos constitucionales que marcaron la hoja de ruta para que la gran transformación del ordenamiento constitucional se perfeccionara. Por ello, es imperativo recordar el Acto Legislativo 03 de 1910, con el cual se consagró la supremacía constitucional, se atribuyó a la Corte Suprema de Justicia la guarda de la integridad y de la supremacía de la Constitución y se elevó a rango constitucional la acción pública y ciudadana de inconstitucionalidad que desde 1904 había consagrado la ley”, señaló el magistrado Ibáñez. Habló sobre la violencia incesante de las últimas décadas del siglo pasado que “puso a prueba la estabilidad y fortaleza de las instituciones para mantener la convivencia pacífica y la seguridad del Estado”. Enumeró en esta seguidilla de hechos el asesinato del entonces ministro de Justicia, Rodrigo Lara, la toma “demencial” del Palacio de Justicia por la guerrilla del M-19, y luego su retoma por la Fuerza Pública, en la cual “ofrendaron su vida la mitad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y otras 83 personas”. Además, habló sobre el asesinato de periodistas, jueces, miembros de la Fuerza Pública y cuatro candidatos presidenciales, una realidad que parece reflejarse en el espejo de los últimos hechos en el país. Este es el documento con el que la Corte Constitucional arranca el estudio del ‘decretazo’. Foto:ArchivoEstos crímenes “desataron un clima de desaliento y profundo terror entre los colombianos. Ello, a su turno, motivó la necesidad de emprender una transformación profunda del Estado y de la Constitución”, justificó el magistrado.Luego se refirió a la séptima papeleta y al proceso constituyente, resaltando que fue “absolutamente respetuoso de las normas vigentes, de los procedimientos legales y de las instituciones; que utilizó las herramientas del ordenamiento jurídico para lograr, de manera democrática, una propuesta que permitiera una transición de la guerra y la inestabilidad a la paz. A su vez, el proceso constituyente no propuso una única forma de concebir la organización del Estado”.Esa calificación contrasta con la que recibió en su momento el ‘decretazo’ de la consulta popular convocada por el presidente Gustavo Petro, que se saltó el concepto negativo del Senado. Superada la controversia política y jurídica, esa figura quedó como un comodín en caso de que sus reformas sociales fueran derrotadas.Una motobomba explotó en el casco urbano Calamar Foto:Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia