Desde las instalaciones de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos en Bogotá, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su más reciente informe sobre los sobre los impactos de la violencia en Colombia.Con la vocería del presidente de la CIDH, José Luis Caballero Ochoa, el órgano de la justicia interamericana presentó su balance sobre la persistencia del conflicto armado, la expansión de las economías ilícitas, las barreras de acceso a la justicia, la crisis del sistema penitenciario y, en un acápite particular, las agresiones al periodismo por parte del presidente Gustavo Petro y los funcionarios de su gobierno.De acuerdo con Caballero, en seis décadas, el conflicto armado ha perdurado y moldeado la vida de generaciones que crecieron en medio de la violencia con sus diversas y profundas afectaciones. “La respuesta del Estado colombiano ha priorizado la persecución militar y judicial de los grupos armados sin fortalecer al mismo tiempo y en el mismo paso su presencia integral en todo el territorio, de modo tal que sus instituciones pueden garantizar su orden social también en estos espacios”.Asimismo, el presidente de la CIDH aseguró que “la ausencia del Estado en diversas regiones del país, permitió la consolidación de economías ilícitas y estructuras criminales que ejercen control sobre la cotidianidad de las comunidades. Grupos armados no estatales y organizaciones criminales han construido su gestión de diversas, en su gestión de diversas economías ilícitas, todo un orden social, político y económico propio, sostenido en la violencia como eje central de control y coordinación. Estas economías no sólo mantienen el conflicto por su rentabilidad económica, sino que también organizan el poder político y social en los territorios desde donde el Estado ha tenido una presencia limitada”. En su intervención, el presidente de la CIDH explicó que las políticas de seguridad del Estado impulsadas por el ‘Plan Colombia’ se concentraron en la represión militar y las aspersiones con glifosato. “Esta estrategia derivó en la relación de la fuerza pública con grupos paramilitares, masacres, los falsos positivos, entre otras acciones que impactaron de manera desproporcionada a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, agravando la pobreza y los desplazamientos forzados. De este modo se perpetuó un patrón de violencia institucional que reforzó desde luego las desigualdades y la desconfianza en las instituciones del Estado”.La CIDH invita, a través de este informe, a que las autoridades nacionales implementen de forma integral las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, sobre todo aquellas relacionadas con el fortalecimiento institucional, la reparación integral y la centralidad de las víctimas en los procesos.“La paz solo será posible si se erradican las causas estructurales que sostienen la violencia. Esto implica desmantelar las economías ilícitas, el tráfico de armas, así como las redes de corrupción y lavado de activos que alimentan el poder de las organizaciones criminales”, se lee en el informe.Funcionarios de la Comisión Interaméricana. Foto:EFELos datos publicados para ColombiaEn el informe, de 369 páginas, la CIDH pide respeto y eleva las alertas sobre la estigmatización de la que ha venido siendo víctima la prensa, por parte de funcionarios públicos, como el presidente Gustavo Petro.”Los discursos estigmatizantes de funcionarios públicos hacia periodistas y personas defensoras de derechos humanos continúan siendo un desafío crítico en el país”, dice el informe. Además, se advierte que las estigmatizaciones por parte de funcionarios públicos representaron, aproximadamente, el 14% de las agresiones contra la prensa en Colombia.La CIDH pone de presente episodios como el de ‘las muñecas de la mafia’, afirmación en contra de las mujeres periodistas que el Consejo de Estado consideró injuriosas y calumniosas y por las que el presidente Petro fue obligado a rectificar. El organismo explica que, además, a los periodistas en Colombia se les pone etiquetas como “opositores”, “neonazis”, y “periodistas Mossad”.Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto:PresidenciaEn su informe, por otro lado, la CIDH también alertó que la prolongada ausencia del Estado permitió la consolidación de economías ilícitas y estructuras criminales, agravando los impactos de la violencia. Y que el carácter dialógico de la denominada “paz total” no puede traducirse en amnistías o impunidad.La CIDH agregó que “la trata de personas, el secuestro y la extorsión han servido para diversificar la financiación de grupos armados no estatales y organizaciones criminales”, actividades que no solo generan recursos económicos, sino que también “han definido una dinámica de demostración de poder y control sobre las comunidades locales”.Se señala que la extorsión ha tenido efectos directos sobre la vida cotidiana, al incrementar los costos de productos básicos, como en Buenaventura, y, en algunos casos, al forzar a empresas a colaborar con estructuras criminales. Pese a que estos fenómenos han sido incorporados en las mesas de diálogo de la “paz total”, la CIDH concluye que “no se observan disminuciones significativas en el registro de estos delitos”.Líderes del Eln, quienes negociaron en su momento la paz. Foto:Archivo particularAun así, la Comisión reitera su respaldo a la “paz total”, pues el fin del conflicto armado es un requisito indispensable para el ejercicio pleno de los derechos humanos. En ese marco, subraya la necesidad de garantizar instancias de participación efectiva que permitan desarrollar enfoques territoriales, de género y étnico-raciales, e incorporar las miradas de las víctimas.Otras recomendacionesLa CIDH le solicita al Estado que adopte una reforma administrativa que fortalezca la presencia territorial y las capacidades institucionales del Estado. Además, realizar acciones destinadas a garantizar la transparencia de la información pública, y el diseño de un plan de seguridad humana para proteger la vida e integridad de las personas en todo el territorio nacional.“Fortalecer las instituciones encargadas de investigar delitos financieros, en especial el lavado de activos, la evasión fiscal, la lucha contra la corrupción. Para esto es fundamental promover marcos normativos eficaces, con garantías procesales, que incluyan el fortalecimiento de los sistemas de control, investigación y sanción de los responsables materiales e intelectuales”, recomienda la CIDH.Asimismo, el órgano de la justicia interamericana exige que se investigue, juzgue y sancione a los autores materiales e intelectuales responsables de graves violaciones de derechos humanos. Y, por supuesto, implementar un plan de acción para reducir la impunidad, en un país marcado hace décadas por la violencia. Jhoan Sebastian Cote Lozanojhocot@eltiempo.com@SebasCote95 en XMÁS INFORMACIÓN EN SECCIÓN JUSTICIA