Si algo ha quedado claro con el intento de asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay es el boom de las oficinas de sicarios que, fortalecidas por el narcotráfico y el microtráfico desbordados, negocian a diario con la vida de cualquier persona en el país.En los cinco primeros meses de este 2025, según las cuentas del Ministerio de Defensa, hubo 5.468 homicidios. Son 112 más que en el mismo lapso de 2024 (un aumento del 2%) y, si todo sigue como va, este año el país volverá a echar para atrás en el empeño de reducir la violencia letal.Las investigaciones de la Fiscalía y la Policía por el atentado van marcando una ruta que demuestra los vasos comunicantes entre el imperio criminal que azota las regiones más golpeadas por la violencia y la delincuencia organizada que azota las ciudades. En esos municipios en los que el poder del Estado muchas veces no es más que una afirmación, disidencias, clanes y Eln utilizan a los sicarios de sus propias filas contra cualquiera que les resulte incómodo. Pero cuando sus blancos, o los que les señalan quienes les pagan por sus servicios criminales, están en las capitales, incluida Bogotá, lo que hacen es recurrir a ‘oficinas de cobro’ que venden sus servicios al mejor postor y que, como se está viendo en el caso del senador, ya no se paran a medir consecuencias.En el caso Uribe Turbay, además de las capturas de los gatilleros, ya hay pistas sólidas que apuntan hacia las disidencias de ‘Iván Márquez’. Lo que no significa necesariamente que en ese entorno narco cuya cúpula se refugia bajo el ala del régimen venezolano esté necesariamente el cerebro del atentado.Pero frente a los ya más de 6.000 homicidios de este año –muchos de ellos, si no la mayoría, a manos de sicarios profesionales– la justicia está lejos de funcionar con la celeridad que hemos visto en este caso. Una tasa de 25,6 asesinatos por cada 100.000 habitantes como la que tiene el país no puede normalizarse (la mundial está por debajo de los 10 casos), aunque sea tres veces menor que la de hace dos décadas.Colombia está perdiendo la batalla frente al asesinato instrumental, que es controlado por las mismas estructuras que manejan el microtráfico en ciudades y pueblos, y cuyos capos pueden incluso estar presos, pero siguen mandando (cuando no asistiendo a ‘tarimazos’ presidenciales). El desmonte de máquinas de matar por encargo, como la que tenía alias el Costeño, debió ocurrir hace mucho rato, no solo cuando se decidió aceptar el millonario trabajo que finalmente lo pondrá a responder por sus crímenes, que son muchos y frente a los que la Fiscalía y la Policía colombiana no hicieron, en el pasado, lo que había que hacer para sacarlo de las calles.JHON TORRESEditor de EL TIEMPOEn X: @JhonTorresET