Urtasun presenta su plan estrella: 146 medidas para repensar la acción pública en la cultura | Cultura

El Ministerio de Cultura ha estrenado su superproducción de la legislatura. “Una seña de identidad, creemos que un hito en Europa”, fueron definiciones de Jazmín Beirak, en la presentación hoy martes del Plan de Derechos Culturales, tras un año de elaboración. Un proyecto inédito en la administración, igual que su propio cargo, creado para esta misión: Directora General de Derechos Culturales. A través de una dotación de 79 millones (46 de nueva inversión), 146 medidas y un horizonte a dos velocidades ―100 de corto plazo, para 2027; las demás, para 2030―, el ministerio pretende remover y repensar la acción pública en el sector, para paliar las eternas desigualdades de acceso, participación y creación, combatir censura, injerencias y precariedad o mejorar la percepción ciudadana de las artes. Que se cumpla de verdad, en definitiva, el artículo 44 de la Constitución: “Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho”. La ambición resulta incuestionable. Las dudas rodean la continuidad del propio Gobierno, el impacto concreto en la vida de la ciudadanía o la colaboración de las Comunidades Autónomas. Más informaciónHace ocho décadas, en realidad, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos incluyó los culturales. Pocas veces, sin embargo, esas palabras han trascendido aquellos viejos papeles. En la teoría, se trata de que todas las actuaciones de la Administración promuevan derechos como el de autor, acceso, creación, libertad de expresión, participación en las actividades y en las políticas para constituirlas, culturas tradicionales y populares, memoria histórica o a la propia identidad cultural de cada uno. La práctica del plan presentado hoy, de momento, plantea ampliar los descuentos para el acceso a museos o teatros estatales a colectivos como familias monoparentales, destina más ayudas a proyectos en colegios o en el entorno rural y ratifica los criterios de género en las subvenciones. Se prometen, además, cambios de calado como una nueva Ley de Derechos Culturales, que ya tiene por ejemplo Navarra y que estaba en el pacto de Gobierno entre PSOE y Sumar, aunque no se ha sacado adelante; modificaciones en otras normativas, como el Código Penal o la Ley de Contratos del Sector Público (para 2026), o mayores vínculos entre cultura y educación, salud mental, sostenibilidad o diversidad. “Es un proyecto de Estado, de ministerio, no de un partido. Ya se ha tardado en poner en marcha, debería continuarse”, afirmó Beirak. Decenas de visitantes hacen cola en el Museo del Prado el pasado mes de marzo.FERNANDO VILLAR (EFE)“Es muy importante que España reconozca nuestros derechos respecto al marco cultural”, proclamó Alexandra Xanthaki, relatora especial de la ONU para este ámbito, en un vídeo emitido en el acto, en el Museo Reina Sofía de Madrid, ante decenas de representantes del sector artístico y de otros ministerios. Su presencia avalaba el plan y, a la vez, recordaba que también es suyo. Más bien, de todos, en las intenciones de Cultura. Beirak estimó que un 80% de las medidas procede de contribuciones del sector, que participó en los trabajos previos con más de 300 expertos, entidades, grupos de trabajo reunidos en torno a 13 ejes, entrevistas o unas 1.000 propuestas de la ciudadanía. “No estamos solos en esto”, dijo la directora general, subrayando la implicación del resto del Ejecutivo, así como de algunas Comunidades Autónomas. Hasta la fecha, sin embargo, solo seis (Canarias, Murcia, Asturias, Aragón, Cataluña y País Vasco) han enviado aportaciones o documentos. De su colaboración, y del Congreso más inmóvil y enfrentado de los últimos lustros, dependen unas cuantas medidas. Aunque la mayoría de acciones, según Beirak, es “ejecutiva”. Es decir, está en manos de Cultura. Y el “80%” del dinero previsto para este año ya está en proceso o directamente invertido. Del presupuesto, 66 millones están destinados a ayudas, como el millón para asociaciones profesionales y sindicatos del sector, o los cuatro para proyectos de especial impacto social. La directora prometió, además, seguimiento: una evaluación intermedia, en 2027, y otra final, en 2030. Su esperanza es que, entonces, no solo el plan siga, sino que se renueve, hasta volverse normalidad. “Hacía falta una actualización de las políticas culturales en España. Y una de las cosas que más me enorgullece de este plan es su visión a largo plazo. El día a día se te come en la gestión de un ministerio, las necesidades son inmensas, y corres el riesgo de que no seas capaz de pensar de forma estratégica a 20 años vista”, celebró el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. El futuro dirá. Lo cierto, por ahora, es que cada día en la política española arroja sorpresas y sobresaltos y al Gobierno le cuesta sumar apoyos para casi cualquier iniciativa. A la espera de saber hacia dónde va, el plan tiene claro de dónde sale. Primero, hubo meses de diagnóstico. Y algunas de las 146 medidas prevén la realización de más informes: un Libro Blanco de Derechos Culturales, un estudio sobre la diversidad étnico-racial, otro sobre desigualdades en la participación, sobre la percepción social de la cultura… Aunque las propias estadísticas oficiales del ministerio llevan años ofreciendo pistas al respecto: la asistencia en ámbitos como cine, eventos en directo (música, artes escénicas…) o museos, galerías y exposiciones, deja fuera anualmente a la mitad de España. Género, nivel de estudios, lugar de procedencia y residencia, discapacidades, poder adquisitivo o edad se han erigido como barreras inquebrantables ante los derechos culturales. Desigualdades“Es probablemente uno de los campos con más desigualdad y donde menos se atiende”, aseguró Beirak. Los ciudadanos con educación superior o equivalente van a cines, teatros o conciertos y leen el doble de quien no pasó de los estudios más básicos. Prácticamente, todas las actividades artísticas, salvo ópera o música clásica, registran la mayor participación entre los 15 y los 24 años. A partir de ahí, el consumo va bajando, hasta la caída libre desde los 55 o 65, según el ámbito. A la vez, los beneficiarios del Bono Cultural Joven, los 400 euros que el Gobierno regala para gasto en artes a quien cumpla 18 años, se reducen abruptamente en la población extranjera y rural. La inversión individual en cultura muestra sesgos prácticamente idénticos. Y las mismas trabas que lastran la participación condicionan la creación: Andalucía, Cataluña y Madrid suponen el 48,57% de la población española, pero acogen el 62,5% de los conciertos de música popular, más de la mitad de las salas, compañías, representaciones, público y recaudación de teatro, así como de los cines, entre otros ejemplos. Al revés, hay regiones ―o más simplemente periferias― donde cuesta hallar oferta, o incluso cartelera. Y las quejas de que solo los hijos de la élite pueden dedicarse de verdad a las artes, especialmente al cine, suenan cada vez más recurrentes. Lo que se refleja en las historias que la cultura cuenta. Y que refuerzan las mismas exclusiones. “Las personas negras no vamos a ver monólogos porque llega un momento en que se enciende la luz y tú te conviertes en el chiste”, resumió la humorista Asaari Bibang Ngui, presentadora del acto. Cine Club de verano del festival de Huelva.FESTIVAL DE CINE DE HUELVA IBERO (FESTIVAL DE CINE DE HUELVA IBERO)Todo ello aspira a resolver el Plan de Derechos Culturales. Con un curso de formación en cultura para el profesorado; la actualización de los Museos de América y Antropología; el reconocimiento del caló y el romaní con su inclusión en la Carta Europea; un proyecto para llevar el cine a municipios rurales; un código de buenas prácticas dentro del propio ministerio; la Unidad de Atención y Prevención de las Violencias Machistas y más propuestas. “Es un gran plan que establece un marco, pero con muchas acciones concretas después de identificar las barreras que impiden que la cultura pueda ser considerada un derecho fundamental de la ciudadanía. Para combatir las brechas de género y la desigualdad. Para defender con uñas y dientes nuestra diversidad”, agregó Urtasun. Entre muchos obstáculos específicos, la iniciativa deberá sortear otro más general. Quiere incluir a una ciudadanía que, según reconoce el propio documento, suele darle la espalda. “En el conjunto de preocupaciones de la sociedad, los asuntos de la cultura no se perciben como relevantes o urgentes”, se lee en el texto. “Es uno de los grandes problemas”, admitió Bairak. Aunque considera que las propias políticas culturales han contribuido a alejar a la población y que las mejoras del plan también pueden reflejarse en ese aspecto. Al fin y al cabo, el proyecto necesita lo mismo que cualquier creación cultural: un público interesado.