Tenía 19 años cuando aceptó una propuesta que, en apariencia, ofrecía una salida económica. La invitación llegó a través de la hermana de una conocida, quien le habló de un viaje desde Venezuela hasta Cúcuta para trabajar como empleada doméstica. “Mi situación económica era muy difícil, así que acepté”, contó. No pagó pasajes ni traslados. En la capital de Norte de Santander, la alojaron en un hotel junto a otras mujeres y la presentaron a una supuesta empleadora. El trayecto siguió hacia El Tarra. En ese punto, la promesa se deshizo.Al llegar, les pusieron brazaletes para identificarlas y les prohibieron hablar entre ellas. “Fue en ese momento cuando empecé a sentir miedo”, relató. Permaneció cerca de una semana bajo custodia de hombres armados que la obligaban a sostener relaciones sexuales. No recibió dinero. A escondidas, logró guardar algo para huir. “Yo no sabía que iba a ser obligada a acostarme con hombres armados, lejos de mi familia, sin poder escapar. Me sentí completamente vulnerada”.
Este es uno de los casos sobre el reclutamiento de mujeres engañadas que se inscribe en el contexto de la guerra que se libra en la región del Catatumbo, donde la confrontación armada ha impuesto controles sobre la población civil y ha reducido las posibilidades de denuncia.Una de las zonas de Catatumbo. Foto:CortesíaEntre el 1.º de enero y el 10 de noviembre de 2025, el Instituto Nacional de Salud registró cuatro denuncias por explotación sexual en Norte de Santander. La cifra contrasta con la magnitud de la emergencia humanitaria asociada a la escalada de enfrentamientos entre el Eln y el frente 33, de las disidencias de ‘Calarcá’, una dinámica que ha operado como barrera para que las víctimas denuncien.Un seguimiento de la Defensoría del Pueblo sobre violaciones a los DD. HH. evidenció que, a un año de iniciado un conflicto que se ha repetido de forma cíclica y que volvió a intensificarse, cientos de casos de explotación sexual quedaron fuera de las estadísticas.El temor a represalias fue determinante. “Si denuncias, te mato”, fue la advertencia reiterada documentada por la entidad.
El informe detalla que los grupos armados han incorporado la explotación sexual y la trata de personas como mecanismos de control territorial.Aunque no obtienen ganancias directas, sí cobran el llamado “impuesto” a cantinas y bares que funcionan en zonas bajo su dominio. Según el documento, los comandantes llevan registros de los administradores de estos establecimientos y del número de mujeres que trabajan allí para exigir un porcentaje por cada una. En otros casos, la exigencia se impone con el cuerpo de las víctimas.Zona comercia de El Tarra, Catatumbo. Foto:Andrés Carvajal.La Defensoría documentó la forma en que integrantes armados llegan a los bares y ordenan a los administradores seleccionar mujeres para llevarlas a los campamentos. “Los dueños escogen cinco, seis o la cantidad que los ilegales soliciten, y son internadas a la fuerza entre tres y cinco meses para ‘satisfacer las necesidades’ de la guerrilla”, dice el informe. En los registros aparece el caso de una mujer que huyó de un campamento, fue localizada de nuevo y decapitada. “La pusieron ahí visible para que cogiéramos escarmiento”, relataron testigos. La exposición pública del crimen operó como advertencia para otras mujeres. Comisión delegada en el Catatumbo, encabezada por la defensora Iris Marín Foto:Iris MarínOtra modalidad identificada consistió en el secuestro de mujeres con formación universitaria y perfiles educativos altos, llevadas a los campamentos para ser abusadas. Una de ellas pertenecía al sector salud. “Según su relato, cuando fue llevada a la fuerza al campamento, descubrió que tenían una lista con fotos de las mujeres que correrían con su misma suerte. Algunas ya estaban tachadas, incluida su fotografía”, consigna el informe. En los registros oficiales, durante 2025 se reportaron siete casos de trata de personas, entre ellos el de una mujer gestante, mientras que en 2024 se documentaron dos.
Alejandra Vera, abogada y directora de la Corporación Mujer Denuncia y Muévete, afirmó que estas violencias afectan de manera diferenciada a mujeres migrantes, desplazadas internas, niñas, campesinas, indígenas, afrodescendientes y mujeres con discapacidad, quienes enfrentan obstáculos para acceder a protección y justicia.“Estas prácticas no son actividades económicas ni estrategias de supervivencia, sino formas de violencia sexual y delitos de crimen organizado. Las mujeres y niñas son sometidas a amenazas, coerción, violaciones reiteradas, desplazamiento forzado y silenciamiento, sin garantías reales de protección ni rutas efectivas de denuncia”, afirmó.Ejército desplegó tropas en Catatumbo. Foto:Ejército.El inicio de la guerra El escenario actual tiene su origen en los primeros meses de 2025, cuando el Catatumbo entró en una fase de confrontación sostenida que alteró el control social en veredas y corregimientos.
Información de inteligencia conocida por EL TIEMPO indica que el repunte de la violencia estuvo asociado al fortalecimiento del Eln en municipios con influencia prolongada, como Ocaña, El Tarra y Tibú.El refuerzo incluyó mandos y combatientes con experiencia armada para contener la expansión del frente 33 y asegurar corredores estratégicos. Al mismo tiempo, estructuras del Eln que delinquían en la frontera con Venezuela se concentraron en el Catatumbo para sostener la confrontación.
El epicentro de los enfrentamientos se ubicó en el sector conocido como Filo El Gringo y en límites rurales de Tibú y El Tarra. En ese punto se concentra parte del personal armado del frente 33, integrado por estructuras provenientes del sur de Bolívar y del Caquetá. Allí se desarrolla una guerra de posiciones, con ataques mediante drones, vigilancia aérea constante y respuestas casi inmediatas.Estimaciones de inteligencia señalan que el Eln mantiene alrededor de 2.000 integrantes en la región, entre combatientes, milicianos y mandos. En el área de confrontación activa delinquen entre 300 y 400 hombres con experiencia militar, mientras que los principales cabecillas permanecen en municipios como El Carmen y Convención.El frente 33 cuenta con una fuerza estimada entre 500 y 600 hombres, con presencia principal en Tibú.
Aunque el Eln conserva una superioridad numérica, reportes de terreno indican avances del frente 33, asociados al conocimiento del territorio.La rotación de combatientes del Eln provenientes de otras regiones ha reducido su capacidad de orientación en zonas rurales. En contraste, el frente 33 despliega comisiones con personal local y apoya sus movimientos en análisis previos realizados con drones.
Las autoridades coinciden en que la disputa no se limita a economías ilegales. El control de la población civil se convirtió en un eje central. Fuentes de inteligencia señalan que el frente 33 impulsó una estrategia de acercamiento comunitario mediante obras básicas, apoyo a centros de salud, entrega de útiles escolares y trabajos comunitarios. El Eln mantiene un esquema de control basado en cobros, restricciones de movilidad, normas de convivencia y toques de queda. En este contexto, el control de los cultivos de coca permanece en manos del Eln, mientras el frente 33 prioriza el fortalecimiento militar. La respuesta institucional incluyó la declaratoria de un estado de excepción, limitada posteriormente por la Corte Constitucional, y operaciones militares orientadas a contener la confrontación. Organizaciones humanitarias internacionales han advertido que el control social persiste en zonas rurales. El Consejo Noruego para Refugiados alertó sobre la continuidad del reclutamiento forzado, el uso de explosivos, los homicidios selectivos y las amenazas, en un escenario donde la población enfrenta una pérdida sostenida de condiciones de vida.Redacción Justicia y Nación